La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia será la encargada de definir bajo qué reglas de juego seguirá el proceso por presunta manipulación de testigos que cursa en contra del expresidente Álvaro Uribe: si por la Ley 600 de 2000 o la Ley 906 de 2004, es decir, el sistema penal acusatorio.
Así lo decidió este martes 22 de septiembre la jueza 30 de control de garantías de Bogotá luego de analizar los argumentos presentados por la representación de las víctimas, el delegado de la Fiscalía, el Ministerio Público y la defensa del exmandatario respecto a cuál debe ser el régimen procesal aplicable para este caso.
La funcionaria judicial le dio la razón a la sustentación hecha por los apoderados del máximo líder del partido Centro Democrático, quien se encuentra en detención domiciliaria desde el pasado 3 de agosto. Según dijo, la norma por la cual debe continuar esta investigación es la Ley 906 de 2004 luego de que la Corte Suprema de Justicia perdiera la competencia tras la renuncia de Uribe Vélez al Senado de la República.
"Esta remisión que realizó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia del caso a la Fiscalía General no implica un simple cambio de instructor sino por el contrario demanda la adaptación del procedimiento por el cual había tenido inicio esa actuación ahora a la Ley 906 de 2004. Desde esa perspectiva, se podrá advertir que la posición jurídica de esta funcionaria judicial es que se ostenta competencia legal como juez constitucional para proceder a resolver solicitudes como la elevada por parte de la defensa respecto a la libertad de Álvaro Uribe Vélez", mencionó.
A pesar de su posición, la jueza remitió el caso a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que sea ella quien defina si el proceso debe continuar bajo la Ley 600 o si por el contrario pasará a la Ley 906.
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El abogado Oscar Sierra Fajardo explicó a KienyKe.com que este tema de la competencia en el proceso contra Álvaro Uribe deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia al tratarse de un conflicto de legislaciones y no de autoridades. Según dijo, así lo establece la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia para este tipo de casos.
"Así las cosas, resulta necesario esperar a que se fije nuevamente una fecha, ya en el escenario de la Sala Plena de la Corte Suprema, a fin de que esta decida sobre cuál es el régimen procedimental aplicable para que luego si se pueda entrar a analizar el tema de la libertad del expresidente Álvaro Uribe", indicó.
