El Colegio de Abogados Penalistas le solicitó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura decretar, a partir del próximo 27 de abril, la vacancia judicial en todo el país por las diferentes complicaciones que se han generado en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Según el cuerpo colegiado, esta medida es necesaria debido a que el Gobierno Nacional extendió hasta el próximo 11 de mayo el aislamiento preventivo obligatorio, de manera que, si se adelanta la vacancia, los despachos judiciales podrán “laborar de manera continua entre los años 2020 y 2021”.
En caso de no acceder a esta solicitud, el Colegio indicó que otros protocolos que se podrían implementar son la ampliación de audiencias que puedan tramitarse de manera virtual y el permiso para utilizar plataformas alternativas para la realización de las diligencias.
Al respecto hay opiniones a favor y en contra. Por ejemplo, el abogado Felipe Caballero le dijo a KienyKe.com que la solicitud le parece apropiada porque el sector está actuando “peor que a media marcha”, afectando a los juzgados y a los ciudadanos que necesitan obtener justicia.
“Se debería adelantar la vacancia porque la situación ha sido muy difícil. Están limitadas las tutelas, las audiencias y hay jurisdicciones paradas como la civil”, señaló.
El abogado Miguel González, por el contrario, manifestó que no está de acuerdo porque, a su parecer, la vacancia en este momento “les imposibilita a los funcionarios de los juzgados un real acceso a las vacaciones que merecen”.
“Creo firmemente que ellos trabajan de manera ardua. La clave es priorizar la tecnología, esta situación tiene que ser el paso que permita avanzar. Entrar en vacancia sería resignarnos y dejar el mensaje de que no pudimos introducir la tecnología en la Rama Judicial”, afirmó.
González aseguró que lo que se debe hacer es unificar la utilización de una plataforma y comenzar a mover todas las audiencias de manera virtual.
Audiencias virtuales: todo un reto para el sector
El abogado Felipe Caballero explicó que, en los procesos penales, las únicas audiencias que se han realizado son las de captura, solicitudes de libertad, medidas de aseguramiento y revocatorias, las cuales se han realizado de manera virtual para evitar la propagación del virus.
Indicó que, por ejemplo, los juicios orales son imposibles de desarrollar a través de medios digitales, pues se necesita una gran inmediación en la práctica del interrogatorio, contrainterrogatorio y proposición de objeciones.
“Además, en los juicios orales hay una valoración de la actitud del testigo. Esas cosas no se pueden analizar a través de medios virtuales. Tampoco se han podido hacer audiencias preparatorias o de acusación. Como defensores no hemos podido hacer actos de investigación al estar confinados”, señaló.
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Caballero mencionó que desarrollar las audiencias virtuales ha sido todo un reto para seguir con los procesos pues, a su juicio, hay una resistencia dentro de la Rama Judicial por el uso de los medios tecnológicos y se ha colapsado el sistema.
“Nos ha tocado sobre la marcha acudir a herramientas aprobadas. Incluso un juez de Soacha hizo una audiencia a través de un grupo de WhatsApp y audios. A veces no se ha podido continuar con las diligencias. Por ejemplo, hubo una en la que el fiscal se escuchaba entrecortado y no se pudo avanzar”, contó.
A su turno, el abogado Miguel González señaló que le parece normal que se presenten este tipo de inconvenientes cuando se genera un cambio. Es por eso que indicó que en la justicia se deben implementar más plataformas y hacer una digitalización de los procesos para que las dificultades se superen.
“En las cárceles, por ejemplo, se debe tener un sistema de telefonía adecuado y con buenos sistemas de red, que los reclusos puedan verse en video llamada con los abogados y así preparar conjuntamente la defensa. Todo se puede, se tiene es que invertir en tecnología”, finalizó.
Nota escrita por: Gabriela García Aguilar.
