En 2020 fue el turno para Argentina, tras una larga batalla por el reconocimiento de sus derechos “las pibas”, como se hicieron llamar, lograron que fuera una realidad la despenalización del aborto luego de una extensa discusión en el Congreso.
El movimiento feminista en Argentina fue tan sólido que logró contagiar a gran parte de Latinoamérica, y Colombia no fue la excepción. Prueba de ello fue la adopción de los pañuelos verdes como símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres, una idea que nació en el sur del continente.
Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, organización parte de Causa Justa, la cual presentó la demanda que aceptó la Corte Constitucional para decidir sobre la despenalización, le contó a KienyKe.com la batalla de las mujeres en Colombia por el reconocimiento de sus derechos.
“Las mujeres en Colombia llevamos muchísimos años tratando de avanzar en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres en el país, ese reconocimiento no pasa solo por acceder a servicios de aborto, sino también por tener una política pública integral de salud sexual y reproductiva que permita que todas las mujeres tengamos acceso a educación sexual integral, información, anticoncepción y que se nos reconozca la capacidad y la autonomía para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos”, afirma Catalina Martínez.
Producto de esa lucha, se concretó la despenalización parcial del aborto en el año 2006 por tres causales: cuando la vida de la mujer se encuentre en riesgo, por motivo de violación, y por malformación del feto fuera del útero.
Desde ese momento el movimiento feminista se echó al hombro la tarea de acompañar y vigilar el proceso de implementación, pero rápidamente observaron que la decisión de la Corte no estaba siendo cumplida a cabalidad. Esto debido a que el aborto seguía siendo visto como un delito, la estigmatización continuaba y las barreras para acceder eran muy grandes. Incluso la desigualdad socioeconómica del país se hizo evidente, las mujeres rurales quedaron a la deriva y no pudieron acceder de manera segura al aborto a pesar de cumplir con alguna de las tres causales.
“El DANE recientemente publicó un informe en donde dice que en el año 2020 más de 4000 niñas, entre 10 y 14 años, dieron a luz en el país y esta cifra nos dice algo sobre cómo se está accediendo al aborto en el país, porque estas niñas menores de 14 años, se presume que el embarazo es el resultado de una violación sexual, es decir que ellas habrían podido acceder al aborto a través de la causal violación sexual y no lo hicieron”.
Por esa razón, el movimiento feminista organizado decide emprender una nueva conquista aún más grande: despenalización total aborto. No sería fácil, no solo debían enfrentar la burocracia estatal, sino también los ataques de quienes se declararon en contra de la despenalización e incluso han llegado a acusarlas de “asesinas”.
A partir de ese momento nace Causa Justa, un movimiento de más de 100 organizaciones y más de 150 activistas. Cinco de esas organizaciones aliadas presentaron en el mes de septiembre de 2020, en el medio de la pandemia, una demanda ante la Corte Constitucional con el objetivo de lograr la despenalización total del aborto y crear un marco regulatorio para acceder a los servicios de salud en estos casos. La Corte demoró casi dos años en fallar, según la activista, por discutir durante mucho tiempo sobre lo procesal en vez del fondo de la demanda.
Eso es precisamente lo que hace aún más legitima la decisión del ente judicial, “porque se dio pie a todas las requerimientos procesales y se dieron el tiempo para hacerlo”, declara.
No lo hicieron en el Congreso porque se cansaron de redactar proyectos de ley que no fueron tenidos en cuenta por los legisladores en lo que va de este siglo, no se atrevieron a tocar un tema tan sensible y alarmante a la vez. De igual manera, Martínez asegura que la Corte tenía competencia plena en la decisión por su rol en resguardar la Constitución del país, por lo que una norma del código penal no podía ir en contra de los derechos conformados en el máximo estatuto.
Cifras alarmantes sobre el aborto en Colombia
Según explica la investigadora, entre el 1 y el 12% de los abortos que se realizan en el país, se hacen a través del sistema de salud, el resto de abortos se practicaban de manera clandestina y muchas veces insegura. Al año mueren alrededor de 70 mujeres por abortos inseguros, sin contar además que la mayoría de estos, casi el 53%, se realizan en zonas rurales.
Además, muchas de las mujeres que acuden al sistema de salud por complicaciones de abortos clandestinos sufren persecución por parte de los mismos médicos, lo que refleja una criminalización y revictimización sobre ellas.
Incluso los procesos penales en contra de las mujeres que buscaban interrumpir sus embarazos crecieron exponencialmente con la aprobación de las tres causales en 2006. Hoy hay más de 5 mil procesos penales abiertos en contra de mujeres en el país que estaban buscando servicios de aborto, la gran mayoría de ellas, mujeres que viven en situación de vulnerabilidad, lo cual refleja que la determinación sobre las tres causales seguía siendo insuficiente.
Sin embargo, la preocupación no radica simplemente en las mujeres encarceladas por realizarse un aborto, ya que la gran mayoría están libres, sino en lo que significa socialmente enfrentar un proceso penal: dificultades para conseguir trabajo por antecedentes penales, estigmatización, desgaste físico y emocional, o los costos para asumir la defensa.
¿Qué sigue tras la despenalización del aborto?
A partir del 21 de febrero de 2021 dichos procesos quedaron cerrados, de acuerdo al fallo de la Corte. Asimismo, se les debe garantizar el aborto a todas las mujeres del país sin ninguna traba en cuanto a documentación.
“El Estado tiene que apostarle una reglamentación integral en donde incluya cómo va a ser de ahora en adelante, no solo el acceso al aborto, sino el acceso a la educación sexual integral, a anticonceptivos, a información. Qué tipo de capacitación se les va a dar a los profesionales de la salud en todo el territorio para que conozcan esta decisión y sus nuevas obligaciones Cómo se le va a enseñar esta decisión a las mujeres, qué pedagogía se va a implementar para que las mujeres conozcan sus derechos y ya no les dé miedo acercarse al sistema de salud para que las denuncien.”, agrega.
El tiempo de 24 de meses, el cual ha sido cuestionado por varios sectores, tiene que ver con una decisión en favor de la justicia social. “Al poner ese plazo tan amplio, la Corte reconoce que Colombia es un país desigual y donde el acceso a la salud no es igual en una gran ciudad que en una vereda; que no todas las mujeres tienen plata para comprarse una prueba de embarazo y para pagar un bus que las lleve a un centro de salud; que no todas tienen la información para entender que están en un ciclo de violencia”.
La lucha de estas mujeres continua, inclusive podría durar años. De igual manera, ellas mismas son conscientes que las batallas ganadas sobre sus derechos suelen ganarse más tarde que temprano, lastimosamente.
Ellas serán las primeras en vigilar que efectivamente el Estado tenga la capacidad de implementar el fallo de la Corte; estarán al tanto de que a cada una se les reconozca sus derechos demostrando la hermandad que las representa.
Aunque también saben que se exponen a ser llamadas asesinas, promiscuas y pro muerte, sin embargo, eso nunca será más grande que sus propios derechos ganados, algo que paradojicamente parece revolucionario.
