La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió una impugnación especial propuesta por la defensa del exfiscal anticorrupción condenado por corrupto Luis Gustavo Moreno Rivera y ratificó su sentencia de cuatro años y diez meses de prisión por su participación en el escándalo del ‘cartel de la toga’.
Moreno Rivera fue condenado por la Sala de Casación Penal el 7 de marzo de 2018 -por vía de allanamiento a cargos- tras la comisión de los delitos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada.
El exfiscal anticorrupción aceptó su responsabilidad en el entramado de corrupción que se destapó en 2017 dentro de la Corte Suprema de Justicia, donde magistrados exigían pagos millonarios de dinero a cambio de modificar decisiones judiciales en favor de investigados.
En el proceso se logró demostrar que Luis Gustavo Moreno, abusando de su condición como director de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, exigió dinero a Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, a cambio de entorpecer las actuaciones judiciales que se adelantaban en su contra por actos irregulares en su administración.
La ratificación de la condena la hizo una sala compuesta por tres magistrados de la Sala Penal del alto tribunal de justicia que no participaron en la sentencia que le fue impuesta inicialmente.
Los tres magistrados resolvieron este recurso de impugnación especial debido a que en 2019 la Corte Constitucional, frente a las sentencias proferidas por la Sala de Casación Penal contra aforados y con posterioridad a la entrada en vigencia del acto legislativo que dio paso a la doble conformidad, consideró que debía garantizarse a estas personas el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria impuesta en su contra.
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Es por eso que la defensa del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno tuvo la oportunidad de cuestionar los aspectos fácticos, probatorios y jurídicos ante un juez diferente del que le impuso la condena.
Sin embargo, tras revisar la impugnación especial, la Sala Penal del alto tribunal confirmó el fallo del 7 de marzo de 2018 por el cual esa corporación lo condenó como autor de los delitos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada.
