La Corte Suprema de Justicia confirmó que Iván Moreno Rojas, condenado por su responsabilidad en el caso del 'carrusel de la contratación', deberá seguir preso a pesar de que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá le concedió hace algunos días el beneficio de casa por cárcel.
Según dijo el alto tribunal, el exsenador debe permanecer recluido porque solo así puede garantizarse que la detención preventiva impuesta en su contra -por el 'carrusel de las ambulancias'- cumpla con la finalidad de protección de la comunidad, "evitando la posible continuación de la actividad delictiva y el incumplimiento de una eventual sentencia condenatoria, dado el riesgo de fuga que entraña su traslado al lugar de domicilio".
En contra de Iván Moreno Rojas cursa otro proceso penal por las irregularidades en el contrato de ambulancias que firmó la Secretaría de Salud de Bogotá en 2009, caso por el cual se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras se resuelve su situación.
Al parecer, el exsenador ayudó a desviar el proceso de licitación convocado por la Secretaria de Salud, para adjudicarle el contrato a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá, a cambio del cobro de una comisión del 10 % del valor total del contrato.
Moreno Rojas pasa sus días en la cárcel La Picota tras ser trasladado en octubre de 2019 desde la cárcel de San Gil por el hallazgo de artículos de lujo que tenía sin autorización en su celda y otros beneficios que le habrían otorgado.
La condena contra Iván Moreno Rojas por corrupción
En octubre de 2014, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 14 años de prisión al exsenador Iván Moreno Rojas por los delitos de concusión, celebración indebida de contratos y tráfico de influencias.
El alto tribunal lo halló responsable de influir para que a los miembros del grupo Nule se les entregaran los contratos de diferentes obras públicas en la ciudad de Bogotá.
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Uno de los testigos claves contra Iván Moreno, hermano del exalcalde Samuel Moreno Rojas, implicado también en este proceso, fue el contratista Emilio Tapia, quien dio a conocer que los porcentajes que pedían para otorgar los contratos eran en algunos casos del seis por ciento.
