La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazar la solicitud de sometimiento de los exfuncionarios de la Fiscalía General, Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Martínez Lugo, procesados por interceptación ilícita de comunicaciones, por considerar que las conductas no fueron cometidas con ocasión del conflicto armado y tampoco tienen relación directa o indirecta con el mismo.
La petición de la Procuraduría también argumenta que los hechos por los que son investigados los dos ex funcionarios fueron ejecutados con posterioridad al primero de diciembre de 2016, lo que hace que las conductas cometidas no caigan dentro de la órbita de la competencia de la JEP.
“Lo que influyó en los señores Gómez Góngora y Martínez Lugo para realizar la conducta fueron motivaciones personales y no que la existencia del conflicto armado haya determinado su comisión”, afirma el Ministerio Público.
Según lo acusados su petición de ser juzgados por la JEP se argumenta en que también interceptaron a miembros del Gobierno que participaban en los diálogos del proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC.
Gómez era el coordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía General, fue acusado de aprovechar su cargo para realizar interceptaciones de manera ilegal a los miembros del sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac).
En diciembre de 2018, Gómez Góngora fue condenado a ocho años y cuatro meses de prisión, luego de que este aceptara los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad en documento público. Además, se comprobó que sus acciones permitieron que fuera interceptado de manera irregular el capitán Julián Pinzón, director de Seguridad y Asuntos Técnicos de Acdac.
Gómez decidió no colaborar con la Fiscalía aduciendo que su vida corría peligro si empezaba a delatar a los miembros de esa red que cruzó ilegalmente al interior de la Fiscalía.
- Le puede interesar: Centro Democrático pedirá Ingreso Solidario permanente
Por su parte, Martínez Lugo está vinculado a un proceso penal en calidad de acusado por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, fraude procesal, prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones.
Su caso ha tenido una especial importancia, no solamente porque involucra a personalidades como Julián Pinzón, piloto de Avianca y director del sindicato de ACDAC, al exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, a la empresa JHS Consultores y demás, sino también porque su familia afirma que se trata de un montaje orquestado por la Fiscalía General de la Nación.
Según los escritos de acusación de la Fiscalía General de la Nación, la modalidad de su accionar se basaba en solicitar a un juez la interceptación de los celulares de los miembros de una organización criminal que no existía. Para así lograr que el juzgado aprobara, mediante orden judicial, la interceptación de los teléfonos de sus reales víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz no se ha pronunciado sobre la petición de la Fiscalía. Por lo que se espera un pronunciamiento en los próximos días.
