La cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad fue promulgada este miércoles 22 de julio y en su contra ya existen varios recursos que la ponen en riesgo de ser tumbada. Abogados penalistas y expertos en política criminal insisten en que esta medida es 'populista', que no resolverá el problema de raíz y que, en vez de ser justicia genuina, es una simple 'vendetta'.
Profesionales de diversas disciplinas que fueron convocados por el Centro de Investigaciones en Política Criminal de la Universidad Externado hicieron un llamado a la Corte Constitucional para que declare la inconstitucionalidad del Acto Legislativo 001 de 2020: “Por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable”.
En el conversatorio llamado “No a la prisión perpetua: hay mejores formas de proteger a los niños, niñas y adolescentes”, se pusieron varios puntos sobre la mesa. Entre los argumentos expuestos contra la cadena perpetua está que esta “puede abrir la puerta para revivir la pena de muerte y puede aumentar la impunidad en delitos sexuales”.
De acuerdo con el punto de vista general de los expertos, la medida no sirve para prevenir las violaciones de menores e, incluso, resulta contraproducente.
Aseguraron que tampoco ayuda a restaurar los derechos de los afectados y que el factor resocializador de la pena se pierde con la perpetuidad. “No reduce la impunidad y además rompe el principio de dignidad de las personas consagrado en nuestra carta política”, dijeron los académicos.
El doctor en educación Luis Miguel Bermúdez señaló que, desde su experiencia, ha podido observar que la tendencia en las familias en las que ocurren casos de violación de menores es “evitar la denuncia con miras a la defensa de lo que se considera un bien superior, como es la familia”.
“Las familias corresponden a un modelo patriarcal que privilegia un respeto reverencial a quien ‘pone el pan en la mesa’. De esta manera, la víctima termina sintiéndose culpable ante la posibilidad de acusar al padre proveedor”, afirmó Bermúdez en el conversatorio.
El filósofo brasilero Carstor Bartolomé, por su parte, indicó que la prisión perpetua rebaja a la justicia al nivel de “vendetta” e indicó que esta medida es un intento de borrar los vestigios de humanidad de la persona condenada y “establecer una pena que produzca un dolor proporcional al causado por el delincuente”.
“En ese sentido es pura y llanamente una venganza que migra del plano individual al institucional, como un recurso de odio y de resentimiento que poco tiene que ver con la justicia (...) se elimina de plano la función restaurativa de la justicia. Corresponde a un populismo social, a un linchamiento simbólico que ofrece una falsa sensación de seguridad en la sociedad, que no es más que una válvula de escape en la que se vende la falsa idea de que se va a alcanzar la paz”, manifestó.
La demanda que pretende tumbar la cadena perpetua
Miembros de la Comisión Colombiana de Juristas, dirigida por el abogado Gustavo Gallón, y los congresistas Ángela María Robledo, Iván Cepeda y Roy Barreras presentaron ante la Corte Constitucional una demanda contra la cadena perpetua por inconstitucionalidad.
Los accionantes consideran que la pena vulnera varias normas establecidas en la Constitución, entre ellas, las que establecen que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes” y las que dicen que Colombia tiene que cumplir los tratados y convenios internacionales ratificados, los cuales fueron destinados a abolir la pena muerte y que incluyen la prohibición de penas como la cadena perpetua.
“El aumento de las penas genera una falsa sensación de justicia que permite la continuidad de la impunidad. La cadena perpetua no da respuestas ni profundas ni integrales a las necesidades de las víctimas y de la sociedad frente al crimen y su prevención”, argumentan los demandantes.
En defensa de la cadena perpetua
A pesar de las críticas, los promotores de esta ley siguen firmes en su posición. El presidente Iván Duque, algunos sectores políticos y Yohana Jiménez, hija de Gilma Jiménez -primera persona en impulsar el proyecto-, consideran, por el contrario, que la cadena perpetua tendrá gran incidencia en la reducción de crímenes contra los niños, niñas y adolescentes, protegerá sus derechos y “sancionará de manera ejemplar a sus victimarios”.
En anterior diálogo con KienyKe.com, Yohana Jiménez aseguró el porqué esta es una medida adecuada para el país.
A su juicio, nada garantiza que un asesino o violador de menores no reincidirá en estos actos al salir de una cárcel. "Lo único que hará que estas personas no vuelvan a matarlos o a violarlos es que estén encerradas para siempre. Hoy, la justicia pone por encima los derechos de los verdugos ", afirmó.
Jiménez señaló que en Colombia la violencia contra los niños es parte del paisaje, porque las personas y las instituciones han sido permisivas con estos actos.
“Somos un país indolente e indiferente frente a esta dolorosa realidad. Violan o matan a un niño y no pasa nada. Con la cadena perpetua daremos un mensaje contundente. Los niños y niñas son sagrados, quien se meta con ellos la va a pagar muy caro. Se pudrirá en una cárcel”, manifestó.
