La orden de detención contra Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia tiene que ver con una investigación que le sigue la Fiscalía por actuaciones de su administración en 2005, cuando ocupó por primera vez ese cargo y como ordenador del gasto incurrió en supuestas irregularidades en el pago de anticipos en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Díaz Soto, que lleva el caso, dijo en el escrito que ordena la medida de aseguramiento contra Gaviria hay pruebas que indican que en la contratación motivo de investigación, el gobernador desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.
Díaz Soto determinó que la ampliación hecha al contrato de la obra favoreció en $1.500 millones de pesos más al contratista. Se refiere concretamente al hecho de que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada - Caucasia), suscrito en 2005 por un valor superior $41.663 millones, se pactó inicialmente un anticipo de 25% para luego ampliarlo 29%.
La Fiscalía cuestiona esas dos adiciones que suman $29.000 millones, para obras complementarias, entre ellas la construcción de un puente para conectar esta troncal con el municipio de El Bagre.
Fiscal Barbosa contra las cuerdas
La situación del gobernador causó fuertes reacciones contra el fiscal Francisco Barbosa, quien personalmente anunció la medida adoptada por el fiscal Díaz Soto.
Para muchos resultó contradictoria la decisión de la Fiscalía de ordenar la detención de Gaviria Correa que él mismo anunció, que iba en contravía a lo dicho por el ante la prensa el jueves 4 de junio, en el sentido de que la “detención preventiva solo de aplicaría en casos que la justifiquen.”
“Con total serenidad entregaré en la Fiscalía las explicaciones que se requieran en un tema que fue promovido por mis contradictores en la pasada campaña electoral y frente al cual tengo absoluta tranquilidad. Ya la Fiscalía tiene en su poder los documentos que acreditan que no tuve ninguna participación en el contrato objeto de investigación, con lo cual espero que esta investigación termine prontamente a mi favor” dijo Gaviria cuando fue notificado de la orden de detención.
Aníbal Gaviria no es un peligro
El gobernador en la última encuesta de la firma Gallup obtuvo na favorabilidad de 74 por ciento, cifra que tiene mucha similitud con las que logró y superó en su primera gobernación
Hoy el doctor Gaviria le dijo al periodista Daniel Coronell que se trata de un show mediático lamentó el "mensaje negativo que se le envía al país. Comentó que la diligencia en la que dio su versión sobre el caso, no asistió el fiscal delegado ante la Corte que lleva el caso sino la fiscal asistente.
"Me parece que fue una indagatoria un poco exótica en medio de la parte más dura de la pandemia" dijo Gaviria y añadió que la propia fiscal le comentó que por lo inesperado de la citación debio salir sin la debida protección sanitaria, de manera casi subrepticia
Aseguró que ese tipo de detalles denotan "un afán y una intencionalidad que ahora se vino a destapar, esa rapidez y esa celeridad ahora tiene este resultado que para todos es inesperado."
Para él hay algo detrás, pero dice que no sabe de qué se trata y agregó que lo que ha pasado en el proceso no tiene una argumentación jurídica.
La medida detención preventiva contra el gobernador para muchos juristas es improcedente pues se aplica en tres casos excepcionales: cuando el procesado pueda obstruir la investigación, represente un peligro para la víctima o la comunidad, o resulte probable que no responda al proceso, esto último implica para muchos que haya peligro de fuga del país. En inguna de esas opciones clasifica Anìbal Gaviria
Mala fama que arrastra Odebrecht
A juicio del fiscal las adiciones al contrato inicial pudieron haberse hecho para favorecer al Consorcio Troncal de la Paz, adjudicatario del contrato, que además de verse envuelto en este escándalo está relacionado con los de la empresa Odebrecht en Colombia.
El vínculo con los sobornos de la firma brasilera en Colombia es por cuenta de que el mayor accionista del consorcio que ganó la licitación para ejecutar la obra es el Grupo Solarte, hoy envuelto en líos penales porque a sus socios, el ingeniero Carlos Solarte y su hija Paola Solarte les adelantan procesos judiciales por irregularidades de otra obra de construcción la Tunjuelo-Canoas que se ejecutó en alianza con Odebrecht.
El fiscal ante la Corte sostiene también que el gobernador Gaviria por ser el ordenador del gasto, tenía bajo su responsabilidad la vigilancia del proceso tanto de adjudicación como de ejecución de la citada obra, que él habría delegado en otra persona.
Por los años de la firma del contrato y sus dos adiciones, al doctor Gaviria Correa lo investigan bajo el antiguo sistema judicial, en el que es el fiscal del caso quien toma decisiones, como la que ya ejecutó de dictar medida de aseguramiento en su contra, mientras adelanta la investigación, para finalmente decidir si lo llama o no a juicio.
Desde 2011 la investigación se venía adelantando en la Contraloría de Antioquia, y desde 2012, en la Procuraduría regional.
En 2019 el proceso fue reactivado por la fiscalía y el pasado 16 de abril lo llamó a indagatoria virtual para que diera su versión sobre el contrato y las adiciones ante el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
