La Procuraduría General le hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional para que mejore la forma en la que se avanza con la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 porque, a su juicio, ha sido de manera "desarticulada".
Aunque reconoció importantes avances en el proceso, el Ministerio Público identificó una "limitada participación de la ciudadanía, enfoques diferenciales poco desarrollados y problemas de planeación, programación y destinación de recursos financieros".
Señaló que a marzo de 2020 solo se ha cumplido con el 60% de los compromisos previstos en el Plan Marco de Implementación (PMI), que tenía como plazo de ejecución un periodo entre 2017 y 2019.
Además, resaltó que "no se han diseñado todas las herramientas necesarias para hacer un seguimiento integral al proceso", pues el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) no reporta los recursos invertidos ni las acciones desarrolladas en los territorios, y el 26% de las obligaciones adquiridas no tiene metas establecidas que permitan verificar su ejecución.
"Para la Procuraduría es necesario que el Estado garantice la seguridad en los territorios para que la oferta social llegue a los municipios más afectados por el conflicto, lo que permitirá reducir las brechas económicas y sociales y lograr la transición de las economías ilícitas a lícitas", manifestó el órgano de control.
Las preocupaciones
Una de las mayores preocupaciones para la Procuraduría sobre la implementación del Acuerdo de Paz es la ejecución de la Reforma Rural Integral y el cumplimiento de las metas establecidas en materia de acceso a la tierra.
Según dijo, se encontró que solo han sido adjudicadas 8.230 hectáreas, "cifra preocupante teniendo en cuenta que el objetivo es entregar 3 millones de hectáreas en el año 2027".
Respecto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) el Ministerio Público señaló que, si bien reconoce avances en la articulación de la oferta institucional para garantizar la presencia del Estado en los territorios afectados por el conflicto, solo una de las 16 subregiones cuenta con una Hoja de Ruta Única, principal herramienta para la implementación de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR).
Otro punto es el de la participación política. La Procuraduría precisó que uno de los mayores rezagos en la implementación del acuerdo tiene que ver con el desarrollo de esta garantía, debido al estancamiento del debate legislativo de proyectos de ley relacionados con la promoción de la inclusión de organizaciones y movimientos sociales, "así como la movilización y la protesta social, la reforma política y la aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz".
A pesar de esto, destacó la adopción e implementación del Estatuto para la Oposición, el funcionamiento del Consejo Nacional de Paz y la formalización de aproximadamente 475 Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia.
Otros dos son: la reincorporación y garantías de seguridad y el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. Aunque el Ministerio Público evidenció avances en el proceso de reincorporación, hizo un llamado a culminar la acreditación de los excombatientes, fortalecer el acceso a tierras con fines productivos y aumentar la cobertura de los proyectos aprobados, que en la actualidad solo cobija al 35% de los exintegrantes de las Farc.
Además, instó a implementar acciones específicas que permitan reducir los riesgos de seguridad para las personas en proceso de reincorporación, y el fortalecimiento de la capacidad técnica y financiera de la Unidad Nacional de Protección –UNP-, que a marzo de 2020 tenía más de 400 solicitudes pendientes de trámite.
Frente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la Procuraduría señaló que se ha limitado a atender a las 99.097 familias vinculadas inicialmente en 56 municipios, y no a las más de 188.000 que firmaron acuerdos colectivos, lo que indica que cerca del 52% de quienes manifestaron su voluntad de avanzar en este propósito no ingresaron al programa.
El órgano de control reiteró su recomendación de que a la discusión sobre la reanudación de la aspersión aérea con glifosato la preceda una redefinición del programa de sustitución, que cuente con la participación de las comunidades y esté articulado con la Reforma Rural Integral.
