El temor de que el coronavirus Covid-19 llegara a los diferentes establecimientos carcelarios del país se hizo realidad. A pesar de los esfuerzos institucionales, el virus traspasó las barreras de seguridad, afectando tanto a personas privadas de la libertad como a algunos de los funcionarios penitenciarios.
A hoy, viernes 8 de mayo, se han registrado 703 casos en seis establecimientos: la cárcel de Villavicencio, La Picota de Bogotá, la cárcel de Leticia (Amazonas), Las Heliconias en Florencia (Caquetá), la de Guaduas (Cundinamarca) y La Picaleña en Ibagué (Tolima).
El establecimiento con mayor número de casos y que tiene en alerta a las autoridades sanitarias es la cárcel de Villavicencio con 679 contagios.
La abogada Pamela Ruíz explicó a KienyKe.com que esta situación representa un gran riesgo para los internos porque, a nivel nacional, las cárceles tienen un 50% de hacinamiento, lo que podría desatar una crisis sanitaria difícil de contener.
Indicó que hay establecimientos que tienen un hacinamiento peor al 50%. Por ejemplo, la cárcel de Villahermosa en Cali tiene un 195,6%, Medellín 149, 3% y Villavicencio 100%. Resaltó que hay cárceles críticas como la de Riohacha, que presenta una cifra superior al 400%.
Ruíz aseguró que existen otras dificultades que agobian a la población carcelaria. Entre ellas, las precarias condiciones de salud, pues dijo que no se cuenta con un personal médico idóneo y suficiente para la cantidad de internos que hay en la actualidad.
"Además no hay los medicamentos necesarios. Esto quiere decir que los centros de reclusión no están preparados para una pandemia como la del coronavirus", cuestionó.
La experta también dijo que las prisiones carecen de una infraestructura óptima para mantener a los más de 120 mil hombres y mujeres privados de la libertad en condiciones dignas. Mencionó que la mayoría son obsoletas y no tienen un mantenimiento adecuado.
“Esto hace que se presenten otros problemas como la falta de servicios públicos. Hay cárceles que no cuentan con buen servicio de agua y luz, cosas que son esenciales para la pandemia", manifestó.
¿Qué pasa si un recluso muere por coronavirus?
Ruiz señaló que, apenas una persona pierde su libertad y se le restringen sus derechos, el Estado adquiere una posición de garante y, en esa virtud, tiene el deber jurídico concreto de “obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable”.
“Esta posición de garante hace que ellos sean los responsables de la vida y salud de los internos. Deben prevenir que esta enfermedad llegue a las cárceles y, si llega, son los responsables de solucionarlo”, explicó.
Mencionó que, en ese sentido, si algún interno muere o sufre un daño irremediable por causa del coronavirus, el Estado puede ser demandado por las víctimas por vía administrativa.
“Básicamente los responsables serían el Inpec y la Uspec por ser parte del Estado y ser los encargados de las cárceles. Ellos tendrían que indemnizar a los familiares del interno que murió por coronavirus y, si es una persona que resultó gravemente lesionada, a ella se le tendría que dar una indemnización”, aseguró.
Decreto de excarcelación
El Ministerio de Justicia expidió el pasado 14 de abril el decreto 546 de 2020, por el cual se conceden las medidas de detención y prisión domiciliaria transitoria con el fin de prevenir el coronavirus en las diferentes cárceles.
Según el documento, la detención preventiva o la prisión domiciliaria transitoria tendrán un término de solo seis meses.
Especifica que las únicas personas que podrían acceder a estos beneficios son los mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de tres años dentro de las prisiones; al igual que personas que padezcan enfermedades graves como: cáncer, VIH, insuficiencia renal, diabetes, enfermedades coronarias, huérfanas o “cualquier otra que ponga en grave riesgo su salud o vida”.
También estarían contemplados los presos que tengan movilidad reducida por discapacidad, condenados o sindicados por delitos culposos, quienes purguen penas de hasta cinco años de prisión y los que hayan cumplido con el 40 % de la pena privativa de la libertad.
Además, estipula que los internos que hayan sido diagnosticados por el coronavirus dentro de los establecimientos carcelarios, serían trasladados por el Inpec a lugares que resulten más aptos para su tratamiento o a las instituciones de salud que se dispongan por parte de las autoridades.
La ministra de Justicia, Margarita Cabello, reconoció que el decreto en sí mismo es insuficiente y que no va a solucionar problemas estructurales como el hacinamiento carcelario.
Sin embargo, señaló que lo que se pretende es disminuir de alguna manera el riesgo de contagio en medio de la emergencia sanitaria que vive el país y aseguró que el Gobierno pondrá en marcha otras medidas para proteger la salud de toda la población carcelaria.
