En una masiva firmada por la Fundación para el Desarrollo en Género y Familia y la organización Declaration on Women’s Sex- Bassed Rights, hicieron una fuerte crítica al Gobierno Nacional por la crítica situación que se vive en Colombia por la gran cantidad de casos de abuso sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.
KienyKe.com decidió compartir tal cual el documento que muestra un estremecedor panorama en cuanto a la violación de los derechos fundamentales de la mujer, la infancia y la adolescencia en Colombia. Esta fue la carta dirigida al gobierno:
Comunicado de la Sociedad Civil al Alto Gobierno sobre la grave situación de violación de derechos humanos a niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Las organizaciones sociales y personas activistas en defensa de los derechos humanos de las mujeres, la infancia y la adolescencia denunciamos con indignación y profundo rechazo el significativo aumento de la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres y la baja capacidad de respuesta del Estado Colombiano ante este fenómeno. Llamamos al Estado y las autoridades competentes a emprender acciones contundentes ante esta grave vulneración de derechos.
Los recientes casos que han salido a la luz pública son una muestra de la grave situación de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. En los últimos dos días se han conocido los casos de una adolescente de 17 años violada en una estación del Transmilenio en Bogotá, el de una niña de 15 años violada en un centro comercial en Neiva, la violación de una menor de 14 años por parte de su propio padre y otros familiares en Barranquilla, y el caso de la violación de una niña de cuatro años en La Plata, Huila. Sin mencionar los miles de casos que permanecen en el anonimato y el silencio, que hacen parte de las múltiples formas de violencia por razón de sexo y género que se presentan en el país.
En Colombia se presentan tres casos de violencia de género por hora y según la Procuraduría General de la Nación, solamente un 10% de las víctimas accede a algún servicio de la institucionalidad, mientras que la impunidad en los casos denunciados alcanza el 98%.
El su registro es elevado debido a múltiples factores, el temor a las represalias por parte del victimario, la naturalización del hecho y la falta de acceso a la justicia, entre otros.
También son cruciales las barreras y falencias estructurales del país para abordar este problema, entre ellas la deficiente arquitectura institucional, la falta de talento humano capacitado e idóneo, la insuficiencia de recursos en las instituciones, la precariedad de la cobertura estatal (salud, justicia y protección) en zonas remotas y vulnerables, y la escasa destinación de recursos para la prevención y abordaje de estas violencias.
Sumado a esto, el informe de la PNG sobre las acciones intersectoriales para el abordaje de estas violencias presenta un panorama preocupante y retador.
Estas expresiones de violencia sexual contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres están basadas en formas de socialización que naturalizan y legitiman la violencia patriarcal y perpetúan las asimetrías del poder, hipersexualización, la cosificación y la mercantilización de sus cuerpos.
Por otro lado, la extrema desigualdad que se vive en Colombia se ve agravada por la confluencia de fenómenos como el conflicto armado, los flujos migratorios mixtos, la crisis post pandemia y la pobreza multidimensional, que afectan en mayor medida a las mujeres y las infancias, especialmente aquellas que se encuentran en zonas rurales y permanecen en grupos étnicos históricamente discriminados.
En estos contextos se incrementan los riesgos y la exposición a todos los tipos de violencia, especialmente las diversas formas de explotación sexual y reproductiva y la trata de personas con fines de explotación sexual.
Sumada a esta grave situación, existen proyectos e iniciativas de ley que son regresivas a la protección integral de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, y que abren la puerta a escenarios de explotación que vulneran la dignidad de integridad de las poblaciones afectadas.
En razón a lo anterior, resulta indispensable que el Gobierno Nacional manifieste su voluntad política para garantizar la superación de las condiciones estructurales que sostienen estas violencias y que emprenda acciones de transformación social y cultural que erradiquen los comportamientos y prácticas patriarcales que producen estas formas de violencia.
Se necesitan acciones contundentes que protejan a la población más vulnerable del creciente aumento del comercio sexual y reproductivo que busca convertir a las adolescentes y mujeres en materia prima y mercancía, lo cual a todas luces viola el derecho fundamental a la dignidad humana.
Esto debe hacerse con estrategias eficaces, sostenidas, férrea decisión política, con talento humano cualificado y recurso presupuestal suficiente.
Demandamos que el Estado Colombiano garantice la aplicación de la normativa internacional, el bloque de constitucionalidad y las normas específicas al respecto. El gobierno colombiano ha suscrito la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la convención de Belén do Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño, y por lo tanto estos instrumentos son de obligatorio cumplimiento.
Además de lo anterior, las organizaciones sociales, activistas y demás firmantes exigimos al gobierno colombiano y a sus entidades competentes sostener una audiencia abierta y estructurada para abordar esta importante temática, garantizar la participación de la sociedad civil en todos los mecanismos articuladores y de respuesta intersectorial.
Reiteramos nuestro compromiso y proponemos la elaboración de un plan estratégico estructural con la incidencia y participación efectiva de quienes misionalmente nos dedicamos a la defensa y protección integral de derechos humanos de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes.
