El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, mostró este martes el respaldo del Gobierno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras las amenazas contra dos de sus magistrados y pidió a la sociedad colombiana que apoye al tribunal especial, pues la intimidación "no es el camino que queremos seguir".
En una rueda de prensa conjunta con el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, Osuna destacó que "el Gobierno Nacional repudia la violencia u cualquier hostigamiento contra el poder judicial, sin excepciones y sin atenuantes".
"La JEP está muy cerca de imponer un sistema de sanciones propias que permitirá construir una forma de convivencia mucho mejor, más decente a la que hemos tenido (...) No podemos como sociedad desperdiciar esa oportunidad y caer en manos de unos matones que quieren ocultar la verdad", insistió el ministro.
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¿Qué dijo el gobierno sobre las amenazas a la JEP?
Por eso, pidió "a la sociedad colombiana que acompañe a la JEP", ya que es "un ejemplo que muchos países del mundo quisieran tener".
Este fin de semana se conocieron las denuncias recibidas por Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar emitidas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como el Clan del Golfo y principal banda criminal del país.
El magistrado Ramelli y su equipo de trabajo están al frente del caso de exhumación de personas desaparecidas durante el conflicto que fueron víctimas de "falsos positivos", como se les conoce a los civiles asesinados por miembros del Ejército que los hacían pasar por guerrilleros para obtener beneficios de sus superiores.
El trabajo de Ramelli está centrado en el municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste).
¿Qué medidas se tomarán al respecto de las amenazas a la JEP?
Frente a las amenazas recibidas, se reforzará la seguridad de las personas intimidadas y se investigará y llegará hasta la verdad de la fuente de esas amenazas y hostigamiento, precisó el responsable de la cartera de Justicia.
Según Osuna, se adelantarán "todas la medidas que se necesiten para que la JEP pueda continuar con sus labores sin obstáculo alguno" para "lograr que ningún juez en este país tengo miedo", porque "si hay jueces amenazados, todos estamos en riesgo".
Vidal reconoció que existe una "coyuntura muy preocupante para la JEP" y puso atención sobre "la preocupación compartida del Gobierno con la JEP por las amenazas que ha recibido el magistrado Alejandro Ramelli".
"La JEP es una institución fundamental para la estabilidad del Estado", recordó Vidal, quien agregó que el tribunal "sigue adelante con su trabajo" y confían en "tener todas las garantías para realizarlo".
Está programada para el próximo 27 de junio una audiencia pública de la JEP en la que participarán ocho miembros de la fuerza pública que reconocieron su responsabilidad por desaparecer y asesinar a 47 personas entre 2002 y 2006, y que fueron presentadas como bajas en combate.
