La organización Human Rights Watch (HRW) indicó que el Gobierno colombiano debería agotar todas las vías legales para asegurar la extradición del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso.
Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), está en Estados Unidos después de cumplir una sentencia por tráfico de cocaína.
HRW indicó que “las autoridades colombianas parecen haber hecho pocos esfuerzos para buscar su regreso. Debería rendir cuentas por sus atrocidades y su testimonio sería valioso para descubrir toda la verdad sobre los crímenes y cómplices de los paramilitares”.
Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron un grupo paramilitar responsable de cometer cientos de hechos de violencia en Colombia, entre ellos masacres y otros crímenes de lesa humanidad, entre 1985 y 2006.
“El testimonio de Salvatore Mancuso podría ayudar a descubrir la verdad sobre cientos de crímenes y garantizar justicia para miles de víctimas”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
En 2015, un tribunal federal de Estados Unidos condenó a Mancuso a 15 años de prisión por su papel en el tráfico internacional de drogas. En marzo de 2020, cumplió su condena.
A Mancuso se le atribuyen las masacres de Mapiripán (1997) y de El Aro (1997), que dejaron un total de 35 campesinos asesinados; y las de La Gabarra (1999) y El Salado (2000), en las que murieron 35 y más de 100 personas, respectivamente.
En 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe extraditó a Mancuso y a otros 13 comandantes paramilitares para enfrentar cargos por drogas en Estados Unidos.
Los comandantes de las AUC fueron enviados al país norteamericano luego de que la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que los paramilitares debían decir la verdad sobre sus crímenes y cómplices si querían recibir sentencias reducidas bajo la Ley de Justicia y Paz de 2005.
En ese momento, señaló HRW, la Corte Suprema estaba avanzando significativamente en la investigación de miembros de la coalición de Uribe en el Congreso, así como de autoridades estatales y locales.
Desde Estados Unidos, Mancuso continuó confesando delitos en Colombia bajo la Ley de Justicia y Paz, la cual otorga sentencias reducidas de hasta ocho años de prisión para los que confiesen sus delitos.
Las autoridades colombianas aún están llevando a cabo cientos de investigaciones por crímenes de guerra contra Mancuso, según fiscales y expedientes judiciales.
“Si Mancuso confiesa estos crímenes y coopera con el sistema judicial, muchos de estos casos probablemente se consolidarán con las condenas de Justicia y Paz. Pero según el fallo de la Corte Constitucional, Mancuso podría perder sus beneficios de la Ley de Justicia y Paz y estar sujeto a largas penas de prisión si comete nuevos delitos, miente sobre sus delitos o no coopera con el sistema judicial”, destacó HRW.
Mancuso no tendrá incentivos para cooperar con el sistema judicial colombiano si se le permite ir a Italia (donde es ciudadano), concluyó Human Rights Watch.
