La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió garantizar “entornos pacíficos, inclusivos y libres de violencia” en las elecciones presidenciales colombianas de mayo próximo, así como frenar el avance de los grupos armados ilegales y de las organizaciones criminales que, según advirtió, “expandieron sus ataques” a más regiones del país.
Así lo señaló el organismo internacional en su informe anual de 2025, presentado este jueves, en el que aseguró que en Colombia persisten desafíos estructurales asociados a la violencia, como el asesinato del precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe Turbay y los retrasos en la implementación del acuerdo de paz de 2016.
“Estas situaciones continúan afectando la consolidación institucional, la garantía de derechos y las condiciones necesarias para la participación democrática plena. La persistencia de actores armados no estatales y de economías ilícitas dificulta la presencia estatal y limita el acceso a servicios esenciales”, aseguró la CIDH.
Aunque el Gobierno colombiano presentó planes para garantizar la seguridad durante el proceso electoral, la Comisión recordó que el año pasado se registraron homicidios de líderes sociales y comunitarios, así como de defensores de derechos humanos. También mencionó el asesinato de Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025, dos meses después de recibir dos disparos en la cabeza durante un mitin político en Bogotá.
Respecto al acuerdo de paz, la CIDH afirmó que aún existen desafíos para garantizar los derechos de los exguerrilleros y recordó que los homicidios contra esta población aumentaron en 2025.
La escalada de violencia en la región del Catatumbo provocó, además, el desplazamiento forzado de más de 60.000 personas y el confinamiento de otras 12.000, pertenecientes a 23 comunidades indígenas de los pueblos barí y yukpa.
“En regiones como Buenaventura y Chocó se denunciaron afectaciones graves a pueblos étnicos, incluidos asesinatos, violencia sexual, desplazamientos y restricciones a mecanismos ancestrales de organización”, expone el informe.
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Situación de defensores y pueblos indígenas
Durante 2025, varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la CIDH “elevados niveles de impunidad” en los casos de homicidios contra defensores de derechos humanos.
Entre 2016 y 2024, la Fiscalía General registró 1.372 asesinatos, de los cuales 1.322 siguen en investigación. De ese total, 793 no tuvieron avances significativos y, de los 529 restantes, 217 cuentan con sentencia condenatoria. Solo en 20 casos hubo sanciones contra los autores intelectuales.
Por otra parte, la CIDH aseguró que hubo avances relevantes en el reconocimiento normativo y judicial de los derechos de los pueblos indígenas, pues el Estado promulgó varios decretos orientados a fortalecer la educación, la reparación integral y la restitución de derechos de estas comunidades.
“No obstante, se mantuvieron distintos desafíos vinculados al impacto del conflicto armado y de las economías ilícitas en territorios indígenas. Entre enero y agosto de 2025 se registraron más de 22.600 personas pertenecientes a comunidades étnicas en situación de desplazamiento forzado”, puntualiza el informe.
Violencia contra población afro y mujeres
En el caso de la población afrodescendiente, la CIDH recordó que se registraron “múltiples situaciones de violencia” contra esta comunidad, especialmente en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, donde fueron asesinados más de 50 jóvenes afro durante el primer trimestre de 2025.
La Comisión también alertó de que las cifras de violencia contra las mujeres siguen siendo alarmantes. Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 621 feminicidios, 438 alertas por riesgo extremo de asesinato y 320 casos en grado de tentativa.
“Persisten reportes de violencia física y sexual contra niñas y adolescentes, en particular contra aquellas provenientes de comunidades indígenas”, al igual que amenazas, extorsiones y feminicidios contra mujeres trans y trabajadoras sexuales, aseguró la CIDH. EFE
