El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) denunció que en el año 2019 registraron más de 25.000 personas se desplazadas masivamente y, que hasta la fecha, cerca de 27.600 permanecen confinadas por el conflicto armado y el deterioro de la seguridad en las zonas más vulnerables del país.
"Nuestros equipos documentaron 987 violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otras normas humanitarias. La mayoría de ellas fueron hechos graves como amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores”, afirmó Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia, durante la presentación del balance anual.
El año pasado, dentro de la labor del CICR, obtuvo información sobre el paradero de 116 personas desaparecidas, 75 de ellas fueron localizadas con vida. Así mismo, los equipos del Comité trasladaron los restos humanos de 60 desaparecidos para ser entregados a las autoridades y sus familias.
“La población civil sigue sufriendo las peores consecuencias del conflicto y violencia armada, y hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones las víctimas guardan silencio sobre esta situación por temor a represalias. Vivir sin miedo es una deuda pendiente para Colombia", expresó Harnisch.
Durante ese mismo año hubo 352 víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal, entre ellas se encuentran 159 civiles, en 15 departamentos del país. Norte de Santander, Arauca y Antioquia, tuvieron el 57 % de los afectados.
Para la organización, la persistencia de la desaparición de personas, las agresiones contra la Misión Médica y las violaciones al DIH marcan un panorama crítico en varias regiones del país.
Lo que preocupa al CICR es que los actores armados continúen irrespetando las reglas mínimas de la guerra. En el 2019, documentó 93 nuevos casos de desaparición y existen otros indicadores como las condiciones de salud mental, la desesperanza y el miedo, que no se alcanzan a dimensionar.
“El panorama que vemos hoy es más complejo que el del año pasado. Los grupos armados están más fragmentados y el conflicto tiene nuevas dinámicas que se expresan de manera distinta en cada territorio. Esta realidad dificulta el diálogo que tenemos con todos los actores armados para promover el respeto de las normas humanitarias y hace más difícil la protección de la población civil”, indicó el jefe de la Delegación del CICR.
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En ese mismo año el Ministerio de Salud y Protección Social documentó 218 agresiones contra el personal sanitario y la infraestructura de salud. La mayoría de estas agresiones afectaron de manera directa el trabajo del personal de salud y dificultaron la labor fundamental de salvar vidas.
El CICR concluyó explicando que el conflicto armado y la insuficiente respuesta estatal para garantizar las necesidades mínimas de las comunidades aún marcan la cotidianidad de los pobladores, e hizo un llamado al respeto de las normas humanitarias y a la exclusión de la población civil en la confrontación.
Llamados a acción del Comité Internacional de la Cruz Roja
A la sociedad colombiana
- Protejan y respeten la labor de los trabajadores de la salud, dado que la mayoría de las agresiones contra la Misión Médica en 2019 fueron protagonizadas por miembros de la población civil.
- Compromiso del sector privado para facilitar un empleo justo y digno a víctimas del conflicto armado y migrantes.
A la comunidad internacional
- Dar respuesta a las poblaciones de migrantes (incluidos refugiados), así como a los colombianos retornados y a las comunidades receptoras.
- Aumentar su contribución financiera a los programas humanitarios destinados a dar respuesta a las poblaciones de migrantes, así como a los colombianos retornados y a las comunidades receptoras.
A los actores armados
- Brindar información sobre la suerte de los desaparecidos. Cumplir con este propósito ayudará a darles respuestas a decenas de miles de familias que aún no saben lo que ocurrió con sus seres queridos.
A las autoridades
- Orienten sus esfuerzos a prestar una atención digna, oportuna e integral a las comunidades afectadas por el conflicto y la violencia armada en zonas urbanas y rurales.
- El Estado debe reforzar su capacidad para brindar una atención integral, que incluya acompañamiento psicosocial y apoyo económico, a todas las víctimas. El trato digno, eficiente y sin revictimización debe adaptarse a las necesidades de los sobrevivientes de violencia sexual, reclutamiento, artefactos explosivos, amenazas y desaparición, entre otros.
- Es importante que el Gobierno se facilite la implementación del marco normativo a nivel regional y local.
- Exhortamos a la continuidad del apoyo a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que debe contar con los recursos necesarios y con las agencias del Estado para el cumplimiento de su misión.
- La adecuada gestión de las morgues, los cementerios y otros lugares de entierro es clave para la búsqueda de desaparecidos y para evitar la pérdida de cuerpos. Instamos a las instituciones competentes a reconocer su responsabilidad en esta labor.
- Unificar la responsabilidad la toma de decisiones sobre de los detenidos a un único ente rector con la autonomía suficiente para asumir la condición física y mental de los internos.
