En horas de la tarde, se dio a conocer que el Consejo de Estado condenó a la Nación por el secuestro del que fue víctima en el año 2002 el exdiputado de la Asamblea del Valle Sigifredo López Tobón, y el cual fue perpetrado por la extinta guerrilla de las FARC.
Según se conoció, el tribunal ordenó una reparación económica para el exdiputado del Valle, único sobreviviente del secuestro de 12 diputados, ya que, según argumentó el ente encargado, el Gobierno no tomó las medidas de seguridad necesarias para protegerlos de un riesgo que era latente.
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En razón de ello, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ejército y el Gobierno tendrán que pagarle alrededor de 200 salarios mínimos legales vigentes a Tobón, con el ánimo de tratar de compensar económicamente los daños sufridos durante su cautiverio.
De acuerdo con el Consejo de Estado, el secuestro, por más de ocho años, en condiciones inhumanas, le ocasionó a López múltiples daños por la pérdida de oportunidad, por tortura, perjuicios materiales y los gastos que no pudo pagar mientras estuvo en cautiverio.
Debido a como se evidenció dentro de la certificación de salud mental del 15 de marzo de 2021, suscrita por el médico psiquiatra Álvaro José Montoya Villafañe, el señor Sigifredo López Tobón padece “reacciones ansiosas y depresivas, alteraciones de adaptación que afectaron su relación de pareja y su relación con los hijos como consecuencia de haber sido secuestrado”.
Con motivo de lo anterior, el Consejo de Estado falló a favor de la petición del exdiputado del Valle y condenó a la Nación, señalando, que: “Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y al departamento del Valle del Cauca, Asamblea Departamental, al pago de la suma (…) A favor del demandante, por concepto de perjuicios morales”, indica la sentencia.
Hay que recordar que el secuestro de estos funcionarios se produjo el 11 de abril de 2002 en la asamblea departamental de Cali, lugar al que llegó un grupo de hombres pertenecientes a las Farc, y quienes se hicieron pasar como militares para, supuestamente, desactivar una bomba que había en el lugar.
Tiempo después, específicamente en el año 2007, se conoció que miembros de esta organización al margen de la ley los asesinaron con un tiro de gracia al suponer que se estaba adelantando un operativo rescate por parte de las fuerzas militares.