La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un caso de desaparición forzada, ocurrido en el año 2002 en Colombia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el informe la CIDH señaló que el Estado colombiano tuvo vínculos con el paramilitarismo para cometer múltiples violaciones de derechos humanos, durante la Operación Orión, en la ciudad de Medellín.
Este órgano protector hace referencia a la desaparición forzada de Arles Guzmán, el 30 de noviembre de 2002 en la capital antioqueña.
Se trata de un ciudadano colombiano que fue sacado de su restaurante, en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, por dos sujetos que manifestaron pertenecer al paramilitarismo. Lo tomaron a la fuerza para, supuestamente, ser interrogado por un comandante de este grupo armado y lo desaparecieron.
"Órganos nacionales, así como autoridades judiciales en el marco de la jurisdicción de justicia y paz, indicaron que la operación (Orión) fue una clara muestra de las relaciones existentes entre grupos paramilitares y el Ejército nacional", afirmó.
La CIDH resaltó que este caso de desaparición forzada se manejó con ayuda del Estado colombiano, quien además de ser testigo del trabajo articulado entre los paramilitares y la Fuerza Pública, tampoco presentó una investigación rigurosa para dar con los responsables.
"La Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a la personalidad jurídica, la vida, la integridad y la libertad personales", señaló la CIDH; así como también violó el derecho a las garantías y la protección judicial, según el órgano protector.
Tras años de investigación la CIDH encontró que las autoridades colombianas nunca activaron un plan oficial de búsqueda, sino que fue a partir de las denuncias realizadas por el hermano de la víctima y la Defensoría del Pueblo, se dio a conocer el caso en diciembre de 2002.
"Si bien se tuvo conocimiento de una investigación sobre la participación de grupos paramilitares en la desaparición de otras personas en la Comuna 13, no se contó con información que indicara que el caso de la víctima estuviera incluido originalmente", comentó la CIDH en su informe.
Debido a la falta de rigurosidad y claridad del Estado colombiano sobre la desaparición forzada de Arles Guzmán la CIDH emitió cuatro recomendaciones en su informe:
1. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Arles Guzmán, y de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares los restos mortales según sus deseos.
2. Llevar a cabo los procedimientos internos relacionados con las violaciones a los derechos humanos declaradas en el informe y conducir los procesos correspondientes por el delito de desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina, de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a todos los responsables e imponer las sanciones que correspondan.
3. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe tanto en el aspecto material como moral, incluyendo una justa compensación, el establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y la implementación de un programa adecuado de atención en salud física o mental a sus familiares, en consulta con estos.
4. Adoptar las medidas de no repetición necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares. Las medidas de no repetición en el presente caso deberán incluir medidas legislativas, administrativas o de otra índole para que las investigaciones sobre desaparición forzada de personas en Colombia, incluyendo la investigación y procesos penales, así como los procesos de búsqueda de restos de personas desaparecidas, cumplan con los estándares descritos en el informe.
