El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó este miércoles su balance anual sobre la situación humanitaria de Colombia. Sus conclusiones evidencian la intensificación de los conflictos internos que persistieron en el país en 2019 y las dinámicas de la guerra que a su paso deja víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal, miles de confinamientos y desplazamientos.
Uno de los hallazgos que más preocupación causa al CICR es el aumento de víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal. El informe muestra que 352 personas, entre las que se encontraban 159 civiles, cayeron en zonas minadas y que 42 de ellos fallecieron debido a la magnitud del impacto.
La cifra de víctimas creció en un 517% en tan solo dos años. Para 2017, el total de afectados por los explosivos fueron 57, mientras que en 2018 la cifra subió hasta los 221, según detalló el documento del CICR.
“Todos los actores armados desafortudamente en los últimos años han empezado a utilizar artefactos explosivos improvisados y minas antipersonal. Es muy lamentable y grave este hecho que tiene un impacto directo en la población civil”, aseguró Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia durante la presentación del informe.
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Harnisch precisó que hay comunidades que, ante el miedo de ser víctimas de un explosivo, prefieren confinarse, como sucedió en 2019 al norte del departamento del Chocó.
El informe detalla que las 352 víctimas se dividieron entre 193 afectados por artefactos explosivos (detonados o lanzados) y 159 que sufrieron el impacto de una mina antipersonal.
Los departamentos donde hubo más víctimas por las explosiones fueron Norte de Santander con 110, Arauca con 54, Nariño con 49, Antioquia con 38, Bolívar con 23, Cauca con 23, Chocó con 18 y Meta con 13.
Otro hallazgo del informe fue el de los confinamientos al que se sometieron 27.694 personas, como consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados alrededor de sus comunidades.
El 83% de los confinamientos se presentaron en el departamento del Chocó, donde se vive un conflicto entre la guerrilla de Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo criminal Clan del Golfo por las rutas del narcotráfico.
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Antioquia, Nariño y Putumayo son los otros departamentos donde se han presentado confinamientos.
Un fenómeno relacionado al confinamiento es el desplazamiento, una problemática que dejó a 25.303 personas afectadas durante 2019. La cifra apenas se redujo en 2.477 casos entre 2018 y el año pasado, luego de su ascenso con respecto a 2017 cuando el dato se situó en 14.594 desplazados.
“El desplazamiento sigue y es un fenómeno muy preocupante”, indicó el jefe de la delegación del CICR en Colombia.
Los departamentos donde se presentaron más desplazamientos fueron Nariño con 7.700, Chocó con 6.086, Córdoba con 4.220, Valle del Cauca con 2.890, Norte de Santander con 1.894, Antioquia con 1.287 y Cauca con 1.134.
El informe del CICR también registró que en 2019 hubo 218 agresiones a misiones médicas, una cifra que tuvo un aumento del 115,8% con respecto a 2018 cuando se presentaron 101 casos. El 80% de esos ataques se concentraron en los departamentos de Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Arauca, Cundinamarca y Caquetá.
Otra situación denunciada por el CICR fue el de la continuidad de desapariciones en Colombia. La organización registró 93 nuevos casos. “No es un fenómeno histórico del país sino presente”, lamentó Harnisch.
El CICR indicó, además, que en 2019 hubo 987 infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), de acuerdo con la información que obtuvieron sus 13 oficinas en Colombia.
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Al hacer un balance sobre los resultados del informe, Harnisch manifestó que se deterioró la situación de la sociedad civil.
“Siguen los desplazamientos y los confinamientos que afectan hoy a más personas que en el pasado. (…) y casi cada día hay una persona en Colombia que sufre un incidente por la presencia de artefactos explosivos y minas antipersonal. Sigue la desaparición de personas y las violaciones al DIH”, aseguró Harnisch.
El jefe de la delegación del CICR en Colombia, frente el panorama descrito en el informe, manifestó que se requiere un reforzamiento de la capacidad de autoprotección de las comunidades en zonas afectadas por el conflicto, ante los riesgos que surgen por la presencia de grupos armados.
“La respuesta no puede ser una ayuda externa únicamente. Debe ser con presencia física para enseñarles a las comunidades métodos de autoprotección y manejo de los riesgos por la presencia de grupos armados y artefactos explosivos”, afirmó Harnisch.
El CICR concluyó que en el país hay al menos cinco conflictos armados en curso que involucran al Gobierno, el ELN, el Clan del Golfo y el grupo ilegal del EPL.
