La defensa del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez anunció que, aunque considera injusta la medida de aseguramiento impuesta por la Corte Suprema de Justicia en contra del exmandatario, no presentará recurso de reposición porque esa acción se entendería como legitimar la medida y esta debe ser resuelta por la misma Sala que la impuso, la cual consideran que falló de manera vengativa.
Según la defensa, que ha sido asumida por el abogado Jaime Granados desde el inicio del proceso, la medida de aseguramiento “suena más a vengativo” que a preventivo, debido a que, según ellos, el expresidente Uribe ha asistido a todos los llamados de la justicia y ha evidenciado su voluntad de colaborar durante los más de dos años que lleva el proceso.
“Dicha decisión viola el legítimo derecho de Álvaro Uribe de asumir su defensa en libertad, especialmente, cuando no ha sido acusado y mucho menos condenado. Por el contrario, el expresidente ha sido vehemente en pedir la búsqueda de la verdad alrededor de los hechos que rodean el proceso, por lo que resultan curiosos los argumentos expresados en el expediente”, señaló la defensa de Uribe Vélez.
El abogado Jaime Granados afirmó que “en más de 22.000 interceptaciones, no existe registro de audio del expresidente hablando con testigos, tampoco pidiendo que se cambien testimonios o dando la instrucción de ofrecer beneficios a testigos para que lo hagan”.
Según la defensa del expresidente, la medida de aseguramiento se determinó por conclusiones basadas en inferencias y que nunca se le aceptó a Álvaro Uribe ser escuchado en versión libre a pesar de haberlo solicitado en dos ocasiones.
Aseguraron que en el proceso se incluyeron pruebas obtenidas por medio de interceptaciones ilegales al teléfono del expresidente Uribe, las cuales ordenó el exmagistrado José Luis Barceló, cuando le correspondía la Sala de Instrucción ordenar tal intervención. Esa interceptación se realizó cuando se investigaba al ex representante Nilton Córdoba, quien según la Corte, aportó el número que no correspondía a él, sino a Álvaro Uribe.
“No se practicaron pruebas esenciales para la defensa de Álvaro Uribe, como escuchar a testigos que afirmaron haber recibido ofrecimientos de Iván Cepeda: Mancuso, el Tuso Sierra, Monoleche”, afirmó el abogado Granados, encargado de la defensa del exmandatario.
Señaló que se apartó de la capacidad de conocer el caso a la magistrada Cristina Lombana por haber pertenecido al Ejército Nacional, pero no se le aceptó el impedimento al magistrado Héctor Alarcón, quien aseguró ser víctima de Álvaro Uribe en el caso de las chuzadas a la Corte Suprema.
“Resulta reprochable la sistemática filtración que se ha dado durante estos años de solo algunos apartes del proceso, que lo único que han generado es desinformación entre los medios y los colombianos, tergiversando completamente el proceso. La Sala de Instrucción, además, avala la escucha y valoración de conversaciones que son sagradas y protegidas por la Constitución, como aquellas que tiene un investigado con sus abogados y las de un periodista con su fuente”, afirmó el abogado.
Esto por las pruebas del proceso que han sido publicadas por el periodista Daniel Coronell, quien ha revelado varios de los puntos clave de la investigación a la opinión pública. Como también por la interceptación que conoció la Corte de una conversación entre el abogado Diego Cadena y el director de W Radio Julio Sánchez Cristo, quien aseguró que todo se trató como una relación de periodista-fuente.
Afirmaron que la compulsa de copias a testigos a favor del expresidente Uribe, por parte de la providencia de la Corte Suprema, intimida a las personas que hacen parte del proceso, mientras no se ha tomado la misma determinación en contra de Carlos Enrique Vélez o el mismo Iván Cepeda, según el abogado Granados.
“Esto es una clara coacción a personas a quienes la Corte intimida de antemano, y no se establece el mismo procedimiento para testigos como Carlos Enrique Vélez, a pesar de su evidente falta de verdad frente a la justicia, o Iván Cepeda, que no ha dado claridad sobre la entrega completa de las conversaciones con Monsalve y si eliminó las mismas, lo cual configuraría una posible destrucción de evidencia. Así, la decisión parece reflejar más un juicio a la personalidad de Álvaro Uribe que a sus actos, lo que deja de lado y desconoce los siglos de estudio y aplicación del Derecho Penal para someterlo a una rencilla personal, que desde cualquier punto de vista lesiona profundamente a Colombia como país”, se lee en la comunicación.
“Ante esta incuestionable realidad, no tiene ningún sentido presentar un recurso de reposición que debe ser resuelto por la misma Sala. No hay que ser ingenuos, dicho recurso no constituye un remedio judicial efectivo frente a esta injusticia y, simplemente, facilitaría su legitimación”, puntualizó la defensa del exmandatario.
