En la mañana de este jueves 7 de enero, la Alcaldía de Bogotá adelantó el desalojo de 11 familias que viven de manera irregular en la vereda Los Cerezos de los cerros orientales de la ciudad. Sin embargo, el operativo fue detenido.
Según explicó la Secretaría de Hábitat del distrito, el predio el desalojo se realizó por una orden policiva administrativa que determinó que el predio es propiedad del Acueducto de Bogotá, por tanto hace parte del espacio público de la ciudad y estaba siendo apropiado por algunas familias.
Sin embargo, mientras se adelantaba el desalojo, la alcaldesa Claudia López anunciaba el segundo pico de la pandemia de coronavirus en la ciudad y la restricción de la movilidad a partir de este viernes, razones por las cuales, según la Secretaría de Hábitat, se decidió suspender la operación.
El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, indicó que “se trata de un predio público en la localidad de Santa Fe, que ha sido ocupado de manera ilegal desde hace ya bastante tiempo, como allí habitan familia vulnerables, incluso esto ha sido un proceso de atención con estos lugares, desde la Alcaldía de Hábitat se ha ofrecido albergues para absolutamente todos las familias y personas que se encuentren allí, de igual manera el bono de arriendo solidario que tiene nuestra secretaria de Hábitat”.
Esa dependencia afirmó que de los 11 hogares identificados en el predio, nueve están habilitados para recibir el subsidio de arriendo para cambiar de vivienda. Los otros dos hogares no porque uno se negó a responder la encuesta y otro cuenta con casa propia.
Según el secretario de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, la acción de desalojo se determinó porque aparte de ser un predio público, se encuentra en una reserva forestal como la de los cerros orientales y tiene alto riesgo de remoción en masa.
“El motivo fundamental de la recuperación de este predio público es que se encuentra en una reserva forestal, los cerros orientales de la localidad de Santa Fe, una reserva natural que, además por sus condiciones, tiene el alto riesgo de remoción en masa. Es decir que aquí hay doble riesgo, una afectación ambiental enorme de los cerros de la ciudad, como un pulmón para la ciudad y fuente fundamental de agua, pero también para estas familias vulnerables hay un alto riesgo de remoción en masa y puede terminar en una tragedia en caso de haber deslizamiento o inundación, tragedias que debemos evitar”.
El concejal de Bogotá Manuel Sarmiento ha hecho seguimiento a la situación y denunció el desalojo. Según él, los linderos del predio no están definidos claramente para determinar que sean propiedad del Acueducto de Bogotá y hay familias que llevan más de 40 años en el lugar.
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“No hay claridad de los linderos del predio que el Acueducto alega que es de su propiedad, puede que parte de la comunidad esté asentada en un predio privado, y por lo tanto son poseedores y no podrían ser desalojados”, indicó el concejal Sarmiento en un debate de diciembre sobre el operativo de desalojo.
