La Alcaldía de Bogotá inició un trabajo conjunto con las organizaciones accionantes del fallo 7641 de la Corte Suprema de Justicia para elaborar una propuesta concertada de protocolo de atención a la protesta social que refleje los aportes de estas organizaciones y dé cumplimiento al fallo de la Corte.
El Distrito propuso en materia de acciones preventivas, la creación de una subcomisión técnica, de carácter permanente, que le haga seguimiento a la aplicación del protocolo, como complemento a la Mesa de Seguimiento a la Garantía de la Protesta donde participen las organizaciones y se pueda evaluar la aplicación efectiva del protocolo.
Entre las propuestas también está la creación de un equipo de diálogo mixto, conformado por gestores de Dialogo Social de la Secretaría de Gobierno, y de convivencia, y miembros de la Policía quienes trabajarán en la etapa de diálogo del protocolo privilegiando la salida pacífica en las manifestaciones.
Por otra parte, con esta propuesta se propondrá un protocolo que garantice la debida conducción de las personas que sean trasladadas por protección durante una protesta. Así mismo, se propone revisar las armas de baja letalidad que dispone la policía para limitar su uso y determinar cuáles de ellas se pueden prohibir en la ciudad.
Para garantizar el cumplimiento de los nuevos protocolos, el Distrito se ha propuesto reforzar el trabajo de la mesa de seguimiento con la Policía, así como fortalecer los canales de quejas y denuncias a las actuaciones de los uniformados durante la protesta.
Estas propuestas se realizaron en la mesa conjunta entre el Distrito y la Comisión Nacional de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, la Red de Defensores de Derechos Humanos de Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa, Humanidad Vigente, entre otros accionantes en el fallo de la Corte, así como representantes de las universidades del país, convocadas por el Alto Tribunal, para participar en el proceso.
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Durante la jornada, la Secretaría de Gobierno ratificó que el distrito no va a regular el derecho a la protesta con una resolución, pues es competencia del Congreso de la República a través de una Ley estatutaria, que además tendrá un control inmediato de constitucionalidad.
Cabe recordar que la alcaldesa Claudia López, expresó que en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca, el Gobierno Nacional y otras entidades, pidieron una prórroga y una "aclaración de las soluciones de corto, mediano y largo plazo" que la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal de Cundinamarca, solicitó para solventar el posible antagonismo violento entre las fuerzas militares y la población civil.
Se une a los motivos para la solicitud de la prórroga, desde el Distrito, lo señalado por el secretario Jurídico de la Alcaldía de Bogotá, William Mendieta, quien comunicó que el primer proyecto de estatuto propuesto por el Gobierno Nacional presenta "varias de sus disposiciones" como "inconstitucionales" al:
- "establecer prohibiciones y limitaciones a derechos fundamentales que son de órbita y ley estatutaria y no pueden regularse a través de resoluciones o decretos",
- "establecer "limitaciones a las facultades que por ley y constitución se le ha entregado a los entes territoriales" y 3) presentar "serias ambigüedades frente al uso, proporcionalidad y gradualidad del uso de la fuerza y no establecer controles para el uso de la fuerza pública".
