Bogotá se prepara para recibir a un nuevo grupo de familias desplazadas provenientes de la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, quienes han sido forzadas a abandonar sus hogares debido a la persistencia del conflicto armado en la zona.
Según ha informado la administración distrital, estas familias, que inicialmente habían sido trasladadas a un predio en la vereda Las Pavitas, en el municipio de Puerto Boyacá, ahora enfrentan nuevamente amenazas y riesgos que las obliga a buscar refugio en la ciudad. Su llegada está prevista para este martes 15 de abril.
Según un comunicado oficial, el Distrito ha alcanzado un acuerdo con la Unidad de Víctimas para implementar medidas conjuntas para la atención inmediata mientras la Agencia Nacional de Tierras avanza en el proceso definitivo de reubicación.
En la etapa inicial, Bogotá asumirá la responsabilidad de proporcionar alojamiento temporal y garantizar el acceso a servicios esenciales como salud, educación, integración social, acompañamiento psicosocial y orientación jurídica. Además, se llevará a cabo una caracterización socioeconómica de las familias que decidan permanecer en la ciudad.
El flujo de personas desplazadas hacía la capital ha aumentado de manera significativa en los últimos meses. Según datos de la Administración Distrital, solo en enero del 2025, la ciudad recibió un 30% más de personas en situación de desplazamiento forzado en comparación con años anteriores.
Este incremento está directamente relacionado con la crisis humanitaria que afecta a la región del Catatumbo, donde el conflicto armado ha generado un entorno de violencia y desarraigo.
En respuesta a esta situación, el Distrito ha fortalecido su capacidad de atención a través de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, que ha entregado apoyos de arriendo y bonos de alimentación a 1.699 personas.
De la misma manera, se ha brindado alojamiento temporal a 317 personas, lo que representa un aumento significativo en la capacidad ordinaria de albergue, que se ha cuadruplicado para hacer frente a la emergencia.
A pesar de los varios esfuerzos realizados, la administración local ha advertido que sus capacidades están cerca de desbordarse. En este contexto, se ha solicitado formalmente a la Unidad de Víctimas que asuma el alojamiento de la población Emberá, que desde septiembre del 2023 permanece en albergues del Distrito a la espera de un proceso de reubicación.
Además, el Distrito ha instado al Gobierno para que acelere los procesos de valoración del Registro Único de Víctimas, ya que los retrasos en este trámite limitan la capacidad de respuesta de las entidades territoriales y aumentan la carga financiera.
Según indica el comunicado, la Administración Distrital ha reiterado su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de Paz y con su objetivo de convertir a la capital en un lugar de acogida digno para las víctimas del conflicto armado.
La llegada de estas familias a Bogotá será atendida de manera coordinada entre las entidades distritales y nacionales. Según indicó el medio Caracol Radio, mientras las entidades nacionales garantizarán el traslado y la provisión de alimentos, el Distrito se encargará de ofrecer alojamiento temporal y acceso a servicios básicos.
Por otra parte, se brindará acompañamiento psicosocial y orientación jurídica a través de los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local, con el objetivo de facilitar la integración de estas familias en la capital.
