Hay una papa caliente que tiene en sus manos el Congreso de la República y que ha pasado totalmente de agache, aunque es un tema que genera un gran debate nacional y moral. Se trata de la iniciativa que radicó el senador Armando Benedetti hace ya dos años, que apenas se la ha dado algunas discusiones y que pretende regular todo el tema de la prostitución en el país.
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El proyecto busca garantizarle a las trabajadoras sexuales seguridad social; es decir salud, pensión e igualar los mismos derechos que gozan los que ejercen otros oficios.
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Sin embargo, este proyecto ha sido blanco de innumerables críticas que coinciden en asegurar que trata de masificar un oficio tildado de inmoral. Kienyke.com hizo un sondeo con varios congresistas para saber qué futuro correrá esta iniciativa que está pendiente de rendirse ponencia para su segundo debate en la plenaria del Senado.
El senador Bendetti es consciente de la dificultad para lograr consensos en el tema. “En este proyecto las monjas creen que yo trato de promover a las trabajadoras sexuales, y éstas creen que yo las trato de limitar. Acá lo único que quiero es buscar seguridad social para un oficio que ha sido reconocido por la Corte Constitucional como inmoral, pero como oficio tiene unos derechos sociales. Además, para los que tienen estos sitios se les exige que paguen impuestos, porque se hacen pasar como clandestinos”, explicó.
Sin embargo, este medio conoció que el ponente de la iniciativa para segundo debate, el senador de la Alianza Verde Jorge Iván Ospina, rendirá ponencia negativa, y en consecuencia, hay una gran posibilidad de hundirse.
“Ningún proyecto de ley que no vaya orientado a sacar a las mujeres de la calle de su trabajo sexual y a castigar a quien vive del trabajo sexual de las mujeres, es eficaz y adecuado para la trabajadora sexual”, afirmó el exalcalde de Cali.
La preocupación que asiste al senador tiene que ver con que “sigan existiendo individuos proxenetas que explotan a la mujer, quienes violentan sus derechos, y que dicho proyecto posibilite que se expanda este tipo de actividades inescrupulosas, dolosas y criminales.
Por otra parte, nos preocupa que no incorpore de manera suficiente las responsabilidades del Estado frente a la trabajadora sexual, la reducción del trabajo sexual en vía pública y la manera como se protege los derechos humanos de las mismas”.
Esta postura también es acompañada por otros senadores. La exfiscal y congresista liberal Vivian Morales manifestó que la iniciativa busca institucionalizar en el país la prostitución.
“De alguna manera las organizaciones feministas se oponen a la iniciativa, porque es darle la bendición al fenómeno de la prostitución. Muchas veces habría que pensar más bien en otras salidas, oportunidades y alternativas para las mujeres que están en la prostitución, y no darles una cobertura legal, que sería institucionalizar la prostitución, puntualizó.
Sin embargo, la senadora se mostró de acuerdo con brindarles seguridad social a las trabajadoras sexuales. “Hay unos temas que es necesario estudiar, porque hay tutelas de la Corte Constitucional sobre protección a mujeres que ejercen la prostitución y que son explotadas por proxenetas, y ellos mismos les desconocen todos sus derechos, como de salud y pensionales; por eso se encuentran bastantes desprotegidas, afirmó.
Las críticas contra la iniciativa también llegan desde la Cámara de Representantes. Esto fue lo que expresó la parlamentaria de Antioquia Margarita María Restrepo.
“Dicho proyecto no es otra cosa que un lobo con piel de oveja. A primera vista, nadie podría oponerse a que el Estado garantice unos mínimos en materia de seguridad social y asistencia a las mujeres y hombres que se ven obligados a ejercer la prostitución para efectos de garantizar su subsistencia. Pero resulta que de ser aprobada la iniciativa, estamos abriendo la puerta para que Colombia siga consolidándose en un paraíso para la esclavitud sexual, el proxenetismo y el tráfico de mujeres con fines sexuales”, expone la representante a la Cámara Margarita Restrepo.
Según la congresista del Centro Democrático, “una vez el proyecto sea aprobado y sancionado por el Gobierno Nacional, quienes se dedican a la explotación sexual de terceros podrán montar casas de lenocinio con toda libertad y sin mayores controles. Aquello facilitaría aún más la esclavitud sexual. Así mismo, convierte un oficio que hiere a quien se ve forzado a ejercerlo”.
De otro lado, hay voces que desde sus sectores que representan sorprenden por el apoyo a la iniciativa. El senador cristiano Jimmy Chamorro indicó que no hay que ver la iniciativa desde el punto de vista moralista.
“Todo lo que vaya enfocado hacia el bien común, bienvenido sea. El bien común tiene que ver también con el bien particular de muchos sectores. Hay que abordar el debate de este proyecto desde el punto de vista humano, no moralista, sino del entendimiento de una situación social que lamentablemente es muy común en Colombia, que ha llevado a que muchas mujeres realicen ese oficio en contra de su misma voluntad”, señaló.
Por su parte, la senadora nariñense conservadora Myriam Alicia Paredes también se mostró partidaria de regular el tema. “Es pertinente y lo que uno no puede hacer es discriminar, y el Estado tiene la obligación de regular esos temas.
El proyecto no va en ese sentido de abrir las puertas para que se considere que la prostitución es una profesión regular. Es muy positivo tener una regulación de esa actividad que esas mujeres realizan, y el Estado está en mora de eso”, dijo.
Kienyke.com también habló con la líder de la Asociación de Mujeres Buscando Libertad que agrupa a las trabajadoras sexuales, Fidelia Suárez, quien paradójicamente no ahorró críticas contra la iniciativa.
“El proyecto está buscando mejores garantías y ventajas para los dueños de establecimientos y a la fuerza pública para que sigan maltratándonos y explotándonos. Desde nuestras bases no fue construido el proyecto por lo que en su momento pedimos que se rehiciera, y se le han hecho algunas modificaciones pero no se han tenido en cuenta todas nuestras necesidades”, indicó.
Según señaló Fidelia Suárez, las trabajadoras sexuales piden que se les reconozca la igualdad de derechos. “Queremos tener el derecho a que podamos acceder a una pensión desde los 45 años, salud integral. Pero el proyecto está dejando por fuera de la seguridad social a aquellas mujeres que no quieren o no pueden estar en un establecimiento comercial y utilizan una calle como herramienta o gancho para alcanzar a un cliente y llevarlo a un motel. Otra desventaja es que establece que lo que logramos hacer en un día hay que darle el 30 por ciento al jefe del establecimiento y someternos a lo que ellos dijeran”, explicó.
En octubre del 2010 la Corte Constitucional, a través de una tutela, hizo un histórico pronunciamiento frente al oficio de las trabajadoras sexuales. En el fallo, en el que el alto Tribunal amparó los derechos de una mujer que por su estado de embarazo fue despedida de un burdel, ordenó otorgarles a las trabajadoras sexuales los mismos derechos que a cualquier otro trabajador, o sea seguridad social, incluyendo licencias por maternidad.
La alta Corte indicó que aunque en esta clase de sitios no hay un contrato formal, sí hay uno laboral, pues estas trabajadoras cumplen un horario y están subordinadas a un jefe, por lo que se les debe reconocer todo lo de ley. Además el fallo señala que la prostitución es un oficio legal, pues se rige por el derecho comercial, tributario; es decir que estos locales tienen que pagar impuestos.
Sin embargo, este medio conoció que el ponente de la iniciativa para segundo debate, el senador de la Alianza Verde Jorge Iván Ospina, rendirá ponencia negativa, y en consecuencia, hay una gran posibilidad de hundirse.
“Ningún proyecto de ley que no vaya orientado a sacar a las mujeres de la calle de su trabajo sexual y a castigar a quien vive del trabajo sexual de las mujeres, es eficaz y adecuado para la trabajadora sexual”, afirmó el exalcalde de Cali.
La preocupación que asiste al senador tiene que ver con que “sigan existiendo individuos proxenetas que explotan a la mujer, quienes violentan sus derechos, y que dicho proyecto posibilite que se expanda este tipo de actividades inescrupulosas, dolosas y criminales.
Por otra parte, nos preocupa que no incorpore de manera suficiente las responsabilidades del Estado frente a la trabajadora sexual, la reducción del trabajo sexual en vía pública y la manera como se protege los derechos humanos de las mismas”.
Esta postura también es acompañada por otros senadores. La exfiscal y congresista liberal Vivian Morales manifestó que la iniciativa busca institucionalizar en el país la prostitución.
“De alguna manera las organizaciones feministas se oponen a la iniciativa, porque es darle la bendición al fenómeno de la prostitución. Muchas veces habría que pensar más bien en otras salidas, oportunidades y alternativas para las mujeres que están en la prostitución, y no darles una cobertura legal, que sería institucionalizar la prostitución, puntualizó.
Sin embargo, la senadora se mostró de acuerdo con brindarles seguridad social a las trabajadoras sexuales. “Hay unos temas que es necesario estudiar, porque hay tutelas de la Corte Constitucional sobre protección a mujeres que ejercen la prostitución y que son explotadas por proxenetas, y ellos mismos les desconocen todos sus derechos, como de salud y pensionales; por eso se encuentran bastantes desprotegidas, afirmó.
Las críticas contra la iniciativa también llegan desde la Cámara de Representantes. Esto fue lo que expresó la parlamentaria de Antioquia Margarita María Restrepo.
“Dicho proyecto no es otra cosa que un lobo con piel de oveja. A primera vista, nadie podría oponerse a que el Estado garantice unos mínimos en materia de seguridad social y asistencia a las mujeres y hombres que se ven obligados a ejercer la prostitución para efectos de garantizar su subsistencia. Pero resulta que de ser aprobada la iniciativa, estamos abriendo la puerta para que Colombia siga consolidándose en un paraíso para la esclavitud sexual, el proxenetismo y el tráfico de mujeres con fines sexuales”, expone la representante a la Cámara Margarita Restrepo.
Según la congresista del Centro Democrático, “una vez el proyecto sea aprobado y sancionado por el Gobierno Nacional, quienes se dedican a la explotación sexual de terceros podrán montar casas de lenocinio con toda libertad y sin mayores controles. Aquello facilitaría aún más la esclavitud sexual. Así mismo, convierte un oficio que hiere a quien se ve forzado a ejercerlo”.
De otro lado, hay voces que desde sus sectores que representan sorprenden por el apoyo a la iniciativa. El senador cristiano Jimmy Chamorro indicó que no hay que ver la iniciativa desde el punto de vista moralista.
“Todo lo que vaya enfocado hacia el bien común, bienvenido sea. El bien común tiene que ver también con el bien particular de muchos sectores. Hay que abordar el debate de este proyecto desde el punto de vista humano, no moralista, sino del entendimiento de una situación social que lamentablemente es muy común en Colombia, que ha llevado a que muchas mujeres realicen ese oficio en contra de su misma voluntad”, señaló.
Por su parte, la senadora nariñense conservadora Myriam Alicia Paredes también se mostró partidaria de regular el tema. “Es pertinente y lo que uno no puede hacer es discriminar, y el Estado tiene la obligación de regular esos temas.
El proyecto no va en ese sentido de abrir las puertas para que se considere que la prostitución es una profesión regular. Es muy positivo tener una regulación de esa actividad que esas mujeres realizan, y el Estado está en mora de eso”, dijo.
Kienyke.com también habló con la líder de la Asociación de Mujeres Buscando Libertad que agrupa a las trabajadoras sexuales, Fidelia Suárez, quien paradójicamente no ahorró críticas contra la iniciativa.
“El proyecto está buscando mejores garantías y ventajas para los dueños de establecimientos y a la fuerza pública para que sigan maltratándonos y explotándonos. Desde nuestras bases no fue construido el proyecto por lo que en su momento pedimos que se rehiciera, y se le han hecho algunas modificaciones pero no se han tenido en cuenta todas nuestras necesidades”, indicó.
Según señaló Fidelia Suárez, las trabajadoras sexuales piden que se les reconozca la igualdad de derechos. “Queremos tener el derecho a que podamos acceder a una pensión desde los 45 años, salud integral. Pero el proyecto está dejando por fuera de la seguridad social a aquellas mujeres que no quieren o no pueden estar en un establecimiento comercial y utilizan una calle como herramienta o gancho para alcanzar a un cliente y llevarlo a un motel. Otra desventaja es que establece que lo que logramos hacer en un día hay que darle el 30 por ciento al jefe del establecimiento y someternos a lo que ellos dijeran”, explicó.
En octubre del 2010 la Corte Constitucional, a través de una tutela, hizo un histórico pronunciamiento frente al oficio de las trabajadoras sexuales. En el fallo, en el que el alto Tribunal amparó los derechos de una mujer que por su estado de embarazo fue despedida de un burdel, ordenó otorgarles a las trabajadoras sexuales los mismos derechos que a cualquier otro trabajador, o sea seguridad social, incluyendo licencias por maternidad.
La alta Corte indicó que aunque en esta clase de sitios no hay un contrato formal, sí hay uno laboral, pues estas trabajadoras cumplen un horario y están subordinadas a un jefe, por lo que se les debe reconocer todo lo de ley. Además el fallo señala que la prostitución es un oficio legal, pues se rige por el derecho comercial, tributario; es decir que estos locales tienen que pagar impuestos.
