A dos semanas de que culmine la actual legislatura, el proyecto bandera del Gobierno, que reforma el equilibrio de poderes, podría quedar estancado e incluso hundirse.
En lo que resta de esta semana, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobará la iniciativa en su último debate, sin embargo, un hecho casi inusual trabaría el trámite de la reforma en su etapa final.
Se trata del cese de actividades de la plenaria del Senado, anunciada desde el martes pasado por el presidente de esa corporación, José David Name, como castigo al Gobierno por la inasistencia de los ministros a los debates de control político.
La gota que rebosó la copa fue la no asistencia de los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Justicia, Yesid Reyes, a un debate de control político para que respondieran por los pocos resultados que ha arrojado la ley de víctimas en las comunidades indígenas. Sin embargo, este miércoles se les vio muy juiciosos a ambos ministros en el octavo debate que cumple la reforma al equilibrio de poderes en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Pero ¿cómo afectará un paro en el Senado el último trámite?, ¿qué surte tendrá el proyecto de reforma constitucional en la Cámara de Representantes?
Como los textos aprobados en el Senado y lo que hasta ahora ha sido avalado en la Cámara son distintos, la iniciativa tiene que ser conciliada por una comisión integrada por senadores y representantes y posteriormente votada por las plenarias de ambas corporaciones legislativas.
El trámite de conciliación debe ser tramitado la próxima semana o en su defecto la semana del 16 al 19 de junio, un día antes que salgan los congresistas a vacaciones.
El senador Name le dio plazo a los ministros para que asistan al debate de control político hasta el martes de la próxima semana, o si no seguirá el paro en la plenaria del Senado, situación que imposibilitará la votación del informe de conciliación que se redacte después que sea votada la iniciativa en su último debate.
Kienyke.com consultó al exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Herández, quien advirtió que la iniciativa debe ser aprobada en lo que resta de esta legislatura, es decir antes del 20 de junio, so pena de que se hunda.
Según explicó el expresidente del alto tribunal, la Constitución define que el trámite de los actos legislativos deben hacerse en dos períodos consecutivos ordinarios, y el proyecto fue radicado por el Gobierno hace ya casi un año, por lo que no puede dejarse para la próxima legislatura, después del 20 de julio, un último trámite de la iniciativa, pues sería declarado inexequible por la Corte Constitucional.
