A los principales anuncios que hace el Gobierno respecto al proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana (Cuba), le sale al paso el procurador Alejandro Ordóñez con sus mordaces críticas.
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Sin embargo, en las últimas semanas el jefe del Ministerio Público le ha subido el tono a las críticas. La última de ellas se registró esta semana después de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara desde París la propuesta de crear una policía rural, que podría estar integrada eventualmente por guerrilleros desmovilizados.
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En un comunicado, Ordóñez Maldonado manifestó que esa propuesta evidencia que en los diálogos con las Farc sí se está negociando la estructura de la Fuerza Pública.
“Acuerdos parciales se refieren a modelo de seguridad para zonas de conflicto. Incorporaría Policía integrada con desmovilizados de Farc”, precisa uno de los puntos del comunicado.
El jefe del Ministerio Público indicó que “es importante que el Gobierno Nacional informe con transparencia lo que discute con las Farc frente a la Fuerza Pública en La Habana”.
“En 2014 Gobierno negó haber propuesto crear ministerio de seguridad y modificar estructura Fuerza Pública. Hoy habla de gendarmería rural”, finaliza el comunicado.
Delito político
Hace mes y medio, Alejandro Ordóñez había enfilado sus baterías contra el tema del narcotráfico que fue planteado para ser considerado como conexo del delito político. La propuesta, también hecha por el Gobierno, fue calificada por él como una "operación gigante de lavado de activos".
"Se trata de blindar a los capos del narcotráfico que las Farc tiene. Lo que trae consigo consecuencias dramáticas: cada delito del narcotráfico que comete las Farc se convierte en delito político, y el proceso de paz se convierte en una gigantesca operación de lavado de activos, testaferrato y blanqueo que quedan protegidos con esa determinación".
El Procurador además señaló que es indudable que la propuesta "genera una gran desconfianza con el proceso de paz, porque estamos ante un esfuerzo por desconocer los límites que la Corte Constitucional ya ha colocado en materia de delitos conexos al delito político".
Ordóñez explicó que convertir el narcotráfico en delito político inclusive no va blindar a quienes sean capos, pues no los libra de la extradición, porque son compromisos adquiridos por el estado colombiano.
Liberación general Alzate
El pasado 30 de noviembre, el Procurador General se fue lanza en ristre contra el proceso de paz luego de conocerse la liberación del general Rubén Alzate Mora y sus dos acompañantes por las Farc.
“El secuestro, los atentados terroristas, el reclutamiento de niños, el asesinato de soldados y policías, entre otras demostraciones de barbarie, no permiten construir confianza ciudadana en el proceso de La Habana y hace cada vez más difícil que la sociedad colombiana acepte concesiones a esa organización criminal”, expuso un comunicado del jefe del órgano de control.
Dicho comunicado agrega que “las liberaciones no son un acto de paz ni demostración alguna de buena voluntad de los secuestradores de las Farc. No merecen ningún reconocimiento, sino la dura condena de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional, por ser prueba de la decisión de la guerrilla de mantener el secuestro como política del grupo. Jamás los debieron secuestrar”.
Cárcel a guerrilleros
El 20 de octubre del año pasado, Ordóñez manifestó en su intervención en el sexto seminario internacional de Derechos Humanos, realizado en la Escuela Superior de Guerra, que “la paz debe quedar bien hecha para que se pueda cumplir y respetar. De lo contrario, terminaría siendo una pantomima jurídica”.
El jefe del Ministerio Público aseguró que cualquier decisión en materia de justicia para los integrantes de las Farc debe estar sometida a los estándares internacionales. “Una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, invalidaría la autenticidad del proceso. Otra cosa es que algunos no quieren escuchar”, indicó.
El procurador indicó además que “el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos, este principio no puede sucumbir ante un nuevo marco de justicia transicional (…) la renuncia a la persecución adquiere la naturaleza de amnistía por lo que no puede la institucionalidad, so pretexto de correr algunos riesgos, avanzar rápidamente en los puntos del acuerdo y no explicar cuál es esa realidad a la cual estamos abocados. No nos podemos sustraer”.
Asamblea Nacional Constituyente
A mediados del 2013, el procurador mostró su inconformismo respecto a la petición que hizo las Farc de refrendar los eventuales acuerdos de paz a través de una Asamblea Nacional Constituyente.
“Aceptar una Constituyente sería legitimar la violencia y admitir que una empresa criminal de tantos años produce efectos políticos. Sería decirles que tienen razón, deslegitimar a las víctimas y al Estado. Aunque el presidente lo ha hecho, el Gobierno debe ser más categórico al respecto. Si la condición de las Farc es una Constituyente, el Gobierno no puede seguir dialogando”, enfatizó.
“No estamos ante un ejército victorioso, sino ante uno diezmado después de ocho años de Seguridad Democrática”, dijo el procurador en ese momento.
Sin embargo, la posición del Alejandro Ordóñez en contra de los diálogos con las Farc, la dejó entrever desde el mismo momento en que fue anunciado el proceso.
Así sucedió el 30 de agosto del 2012, cuando el jefe del Ministerio Público le dio su opinión al presidente Juan Manuel Santos del proceso de paz.
"El presidente me preguntó mi opinión. Yo le contesté con suma sinceridad: soy escéptico porque desconfío de las Farc", precisó Ordóñez, quien señaló que pese al inmenso deseo que tienen todos los colombianos de lograr la paz “no nos podemos hacer ilusiones”.
El pasado 30 de noviembre, el Procurador General se fue lanza en ristre contra el proceso de paz luego de conocerse la liberación del general Rubén Alzate Mora y sus dos acompañantes por las Farc.
“El secuestro, los atentados terroristas, el reclutamiento de niños, el asesinato de soldados y policías, entre otras demostraciones de barbarie, no permiten construir confianza ciudadana en el proceso de La Habana y hace cada vez más difícil que la sociedad colombiana acepte concesiones a esa organización criminal”, expuso un comunicado del jefe del órgano de control.
Dicho comunicado agrega que “las liberaciones no son un acto de paz ni demostración alguna de buena voluntad de los secuestradores de las Farc. No merecen ningún reconocimiento, sino la dura condena de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional, por ser prueba de la decisión de la guerrilla de mantener el secuestro como política del grupo. Jamás los debieron secuestrar”.
Cárcel a guerrilleros
El 20 de octubre del año pasado, Ordóñez manifestó en su intervención en el sexto seminario internacional de Derechos Humanos, realizado en la Escuela Superior de Guerra, que “la paz debe quedar bien hecha para que se pueda cumplir y respetar. De lo contrario, terminaría siendo una pantomima jurídica”.
El jefe del Ministerio Público aseguró que cualquier decisión en materia de justicia para los integrantes de las Farc debe estar sometida a los estándares internacionales. “Una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, invalidaría la autenticidad del proceso. Otra cosa es que algunos no quieren escuchar”, indicó.
El procurador indicó además que “el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos, este principio no puede sucumbir ante un nuevo marco de justicia transicional (…) la renuncia a la persecución adquiere la naturaleza de amnistía por lo que no puede la institucionalidad, so pretexto de correr algunos riesgos, avanzar rápidamente en los puntos del acuerdo y no explicar cuál es esa realidad a la cual estamos abocados. No nos podemos sustraer”.
Asamblea Nacional Constituyente
A mediados del 2013, el procurador mostró su inconformismo respecto a la petición que hizo las Farc de refrendar los eventuales acuerdos de paz a través de una Asamblea Nacional Constituyente.
“Aceptar una Constituyente sería legitimar la violencia y admitir que una empresa criminal de tantos años produce efectos políticos. Sería decirles que tienen razón, deslegitimar a las víctimas y al Estado. Aunque el presidente lo ha hecho, el Gobierno debe ser más categórico al respecto. Si la condición de las Farc es una Constituyente, el Gobierno no puede seguir dialogando”, enfatizó.
“No estamos ante un ejército victorioso, sino ante uno diezmado después de ocho años de Seguridad Democrática”, dijo el procurador en ese momento.
Sin embargo, la posición del Alejandro Ordóñez en contra de los diálogos con las Farc, la dejó entrever desde el mismo momento en que fue anunciado el proceso.
Así sucedió el 30 de agosto del 2012, cuando el jefe del Ministerio Público le dio su opinión al presidente Juan Manuel Santos del proceso de paz.
"El presidente me preguntó mi opinión. Yo le contesté con suma sinceridad: soy escéptico porque desconfío de las Farc", precisó Ordóñez, quien señaló que pese al inmenso deseo que tienen todos los colombianos de lograr la paz “no nos podemos hacer ilusiones”.
