Aunque ya está a punto de ser aprobado en su primer debate el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República, siguen saliendo a la luz pública algunos 'micos' y artículos polémicos.
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Uno de ellos tiene que ver con las licencias otorgadas para la explotación minera en los páramos, tema que ya fue abordado por el Consejo de Estado, entidad que advirtió en las últimas horas que estas prácticas están prohibidas en todo el país.
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Paradójicamente, el artículo 159 del Plan Nacional de Desarrollo, que habla de la protección y delimitación de los páramos, indica que “en las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables”.
Sin embargo, este preámbulo disfraza un parágrafo que dice: “Al interior del área delimitada como páramo, las actividades para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables que cuenten con contrato y licencia ambiental (…) podrán seguir ejecutándose hasta su terminación”.
Este parágrafo riñe con el pronunciamiento que hizo recientemente el Consejo de Estado a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil por petición del mismo Ministerio de Ambiente, en el que advierte lo siguiente:
“Si los contratos celebrados antes de la Ley 1382 del 2010 ponen en riesgo los ecosistemas de páramo, no podrán seguir ejecutándose y deberá darse prevalencia al interés general de protección del medio ambiente sobre los intereses particulares del concesionario minero. Estos casos deben ser analizados para determinar si son necesarios los acuerdos de compensación económica, para evitar reclamaciones judiciales”, dice el concepto.
Actualmente hay varias licitaciones concedidas a empresas mineras por contratos celebrados antes del 2010. Sin embargo, surge la pregunta ¿Por qué el Gobierno decidió introducir en el Plan Nacional de Desarrollo la continuación de estas explotaciones mineras en los páramos sin esperar la respuesta del Consejo de Estado?
Kienyke.com consultó a varios congresistas de las comisiones conjuntas del Capitolio que están analizando el texto del Plan Nacional de Desarrollo para saber su impresión del tema. No obstante, todos coincidieron en rechazar la posibilidad de que en los páramos en el país se sigan explotando recursos minerales.
El senador liberal Javier el Tato Álvarez señaló que “ya el Consejo de Estado lo determinó, y sobre los páramos, las cuencas y los nacientes del agua, no puede haber minería. El Gobierno tiene que proyectar esa prohibición y mandar a todas las autoridades de Policía, Fiscalía a control y dar las órdenes pertinentes para que cumplan el fallo, y este es un Gobierno que debe cumplir las decisiones judiciales y la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que se tienen que tomar acciones para impedir la minería en las cuencas hidrográficas”.
El congresista señaló que va vigilar que “la determinación que ha tomado el Gobierno, de que las empresas que estén explotando las cuencas sigan con su actividad, se excluya del proyecto”.
Por su parte, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, aprovechó para lanzarle duras puyas al Gobierno por este tema.
“Al Gobierno hay que pedirle que diga la verdad, porque por ejemplo en el departamento del Huila hubo otros casos, aparte del de Santurbán, como el de Miraflores y el páramo donde nace el río Las Ceibas que surte el acueducto de Neiva. Allá el Gobierno otorgó las licencias para exploración y explotación de hidrocarburos, pero el presidente de la República, cuando hubo una movilización en contra de estas licencias, dijo que se comprometía a vigilar que no existieran actividades mineras en esos páramos”, dijo.
“Sin embargo – continuó Macías - el mismo Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo mete un artículo en el que contempla que las licencias y contratos que hoy están vigentes pueden continuar hasta terminar. El Gobierno tiene que arreglar de una manera los contratos vigentes, y en ese tema el Centro Democrático radicó una proposición para que se elimine ese artículo”.
De otro lado, el senador Álvaro Antonio Ashton manifestó que “hay que tener coherencia, hay que defender los páramos y las reservas de la biodiversidad en el país. En ese contexto vamos a dar la discusión sobre cuál es el alcance que en el Plan Nacional de Desarrollo tienen esas licencias para las explotaciones mineras en zonas de protección nacional”.
Por último el también senador Mauricio Aguilar indicó que tanto el Gobierno como el Congreso deben construir una política clara para proteger los páramos.
“Debe haber una sola política de preservar y conservar tanta riqueza natural que hoy día está en vía de extinción. El pronunciamiento del Consejo de Estado también obliga al Gobierno y al propio Congreso de la República para que revisemos las políticas que hoy están vigentes. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo hay que subsanar y resolver de manera definitiva, no sólo las licencias que están vigentes para acortar su temporalidad, sino en corto plazo concertar una política ambiental”, dijo.
Sin embargo, este preámbulo disfraza un parágrafo que dice: “Al interior del área delimitada como páramo, las actividades para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables que cuenten con contrato y licencia ambiental (…) podrán seguir ejecutándose hasta su terminación”.
Este parágrafo riñe con el pronunciamiento que hizo recientemente el Consejo de Estado a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil por petición del mismo Ministerio de Ambiente, en el que advierte lo siguiente:
“Si los contratos celebrados antes de la Ley 1382 del 2010 ponen en riesgo los ecosistemas de páramo, no podrán seguir ejecutándose y deberá darse prevalencia al interés general de protección del medio ambiente sobre los intereses particulares del concesionario minero. Estos casos deben ser analizados para determinar si son necesarios los acuerdos de compensación económica, para evitar reclamaciones judiciales”, dice el concepto.
Actualmente hay varias licitaciones concedidas a empresas mineras por contratos celebrados antes del 2010. Sin embargo, surge la pregunta ¿Por qué el Gobierno decidió introducir en el Plan Nacional de Desarrollo la continuación de estas explotaciones mineras en los páramos sin esperar la respuesta del Consejo de Estado?
Kienyke.com consultó a varios congresistas de las comisiones conjuntas del Capitolio que están analizando el texto del Plan Nacional de Desarrollo para saber su impresión del tema. No obstante, todos coincidieron en rechazar la posibilidad de que en los páramos en el país se sigan explotando recursos minerales.
El senador liberal Javier el Tato Álvarez señaló que “ya el Consejo de Estado lo determinó, y sobre los páramos, las cuencas y los nacientes del agua, no puede haber minería. El Gobierno tiene que proyectar esa prohibición y mandar a todas las autoridades de Policía, Fiscalía a control y dar las órdenes pertinentes para que cumplan el fallo, y este es un Gobierno que debe cumplir las decisiones judiciales y la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que se tienen que tomar acciones para impedir la minería en las cuencas hidrográficas”.
El congresista señaló que va vigilar que “la determinación que ha tomado el Gobierno, de que las empresas que estén explotando las cuencas sigan con su actividad, se excluya del proyecto”.
Por su parte, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, aprovechó para lanzarle duras puyas al Gobierno por este tema.
“Al Gobierno hay que pedirle que diga la verdad, porque por ejemplo en el departamento del Huila hubo otros casos, aparte del de Santurbán, como el de Miraflores y el páramo donde nace el río Las Ceibas que surte el acueducto de Neiva. Allá el Gobierno otorgó las licencias para exploración y explotación de hidrocarburos, pero el presidente de la República, cuando hubo una movilización en contra de estas licencias, dijo que se comprometía a vigilar que no existieran actividades mineras en esos páramos”, dijo.
“Sin embargo – continuó Macías - el mismo Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo mete un artículo en el que contempla que las licencias y contratos que hoy están vigentes pueden continuar hasta terminar. El Gobierno tiene que arreglar de una manera los contratos vigentes, y en ese tema el Centro Democrático radicó una proposición para que se elimine ese artículo”.
De otro lado, el senador Álvaro Antonio Ashton manifestó que “hay que tener coherencia, hay que defender los páramos y las reservas de la biodiversidad en el país. En ese contexto vamos a dar la discusión sobre cuál es el alcance que en el Plan Nacional de Desarrollo tienen esas licencias para las explotaciones mineras en zonas de protección nacional”.
Por último el también senador Mauricio Aguilar indicó que tanto el Gobierno como el Congreso deben construir una política clara para proteger los páramos.
“Debe haber una sola política de preservar y conservar tanta riqueza natural que hoy día está en vía de extinción. El pronunciamiento del Consejo de Estado también obliga al Gobierno y al propio Congreso de la República para que revisemos las políticas que hoy están vigentes. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo hay que subsanar y resolver de manera definitiva, no sólo las licencias que están vigentes para acortar su temporalidad, sino en corto plazo concertar una política ambiental”, dijo.
