Hace dos semanas el presidente Juan Manuel Santos sancionó el Plan Nacional de Desarrollo, del que no ahorró elogios por la inversión que hará el Gobierno en varias regiones y frentes.
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Sin embargo, el jefe de Estado no se refirió a uno de los artículos que generó más polémica durante su debate en el Congreso de la República, el que permite a las empresas mineras seguir la explotación en los páramos.
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Este aspecto llama la atención, pues hace un año el entonces candidato a repetir período presidencial suscribió un compromiso con Greenpeace Colombia para no permitir la explotación minera en los páramos.
Kienyke.com habló con Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace Colombia, para saber exactamente a qué se comprometió el jefe del ejecutivo.
“En el 2014 nos reunimos con el presidente que estaba en campaña y él firmó ante el Greenpeace y todos los colombianos un acta de compromiso en la que se comprometía a incluir en el próximo Plan Nacional de Desarrollo un articulado que garantizara la protección de los páramos frente a la minería.
“Sin embargo, desafortunadamente, la propuesta que hizo el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo no incluyó la protección de los páramos, por cuanto permite la explotación de empresas que hayan tenido las licencias o títulos antes del 2010. Y ya como se sabe, antes del 2010 fue la piñata del gobierno de Uribe donde se otorgaron una cifra de licencias que rompieron récord, varias en zonas de reserva forestal y ambiental”, dijo.
Silvia Gómez relató que varios funcionarios de Greenpeace Colombia hicieron un plantón frente a la Casa de Nariño cuando fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso. “Le pedimos al presidente Santos que cumpliera su palabra, pues finalmente todo esto nos generó indignación, porque aunque el compromiso suscrito en términos legales no es vinculante o de obligatorio cumplimiento, fue su palabra (la del presidente Santos) la que empeñó”.
Algunos expertos han sostenido que la razón por la que el Gobierno no revocó las licencias ambientales otorgadas para la explotación minera en los páramos, tiene que ver con las indemnizaciones y demandas multimillonarias que impondrían las empresas que actualmente tienen derechos para la explotar minerales.
El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra le dijo a Kienyke.com que al gobierno no le es difícil revocar una licencia ambiental que ya esté en funcionamiento.
“Lo que han denunciado varios observadores es que el Gobierno está delimitando los páramos de acuerdo con los títulos mineros, lo que es totalmente inaceptable; pero legalmente el Gobierno puede revocar una licencia ambiental cuando exista un hecho ambiental emergente importante, de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional. No es cierto que en el caso de las licencias ambientales no se puedan revocar, tal como se dijo en una época”.
Sin embargo, el exministro aceptó que eventualmente la revocatoria puede tener unos costos, “y el problema que hay que evaluar es si los costos de hacer una minería a cielo abierto en un determinado páramo desde el punto de vista ambiental y social son mayores o menores que revocar las licencias por las demandas venideras, lo que tendría que hacerse caso por caso”.
De hecho, Rodríguez Becerra aseguró que el Gobierno no ha querido establecer el análisis beneficio – costo como una forma de aprobar o no las licencias ambientales de la minería.
“En ese análisis se deben mostrar todos los beneficios económicos para el país y también se debe analizar los costos de los daños ambientales y sociales, que en algunos casos de la minería a cielo abierto son extraordinariamente grandes. No obstante, el Plan de Ordenamiento Minero estableció la necesidad de hacer un análisis de beneficio – costo, pero el Gobierno se ha resistido a incorporarlo, donde se nota la influencia del sector minero en el manejo de la política pública.
Manuel Becerra, exministro de Ambiente.
(…) Los mineros saben muy bien que muchos proyectos que pueden ser muy lucrativos en el corto y mediano plazo, podrían no ser viables frente a los costos sociales y ambientales de largo plazo. Por ejemplo, hay yacimientos de metales que pueden generar drenajes ácidos a largo plazo, cuyo costos de manejo pueden superar con creces todos los beneficios económicos que se hayan recogido en impuestos y regalías; en ese caso se debe revocar la licencia”, expuso.
Por su parte, la coordinadora de Greenpeace Colombia le exigió al Gobierno hacer públicos los estudios que indicarían los efectos ambientales que traen consigo las explotaciones mineras en los páramos.
“Quisiera ver, porque no los hay, los estudios técnicos donde me digan cuántos millones de pesos implica la revocatoria de las licencias, aunque el Gobierno sí sabe cuál es el costo ambiental que le implica a los colombianos tener minería en esas zonas”.
Según Silvia Gómez, el Gobierno también dice que las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, están fortalecidas para realizar veeduría y seguimiento a esos títulos mineros cuando no se cumplen los requerimientos de manejos de residuos les revocan las licencias, “pero la realidad es que las CAR no tienen esa capacidad, pues durante cuatro años no pudieron siquiera hacer una visita anual a cada uno de los títulos”.
“En el 2014 nos reunimos con el presidente que estaba en campaña y él firmó ante el Greenpeace y todos los colombianos un acta de compromiso en la que se comprometía a incluir en el próximo Plan Nacional de Desarrollo un articulado que garantizara la protección de los páramos frente a la minería.
“Sin embargo, desafortunadamente, la propuesta que hizo el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo no incluyó la protección de los páramos, por cuanto permite la explotación de empresas que hayan tenido las licencias o títulos antes del 2010. Y ya como se sabe, antes del 2010 fue la piñata del gobierno de Uribe donde se otorgaron una cifra de licencias que rompieron récord, varias en zonas de reserva forestal y ambiental”, dijo.
Silvia Gómez relató que varios funcionarios de Greenpeace Colombia hicieron un plantón frente a la Casa de Nariño cuando fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso. “Le pedimos al presidente Santos que cumpliera su palabra, pues finalmente todo esto nos generó indignación, porque aunque el compromiso suscrito en términos legales no es vinculante o de obligatorio cumplimiento, fue su palabra (la del presidente Santos) la que empeñó”.
Algunos expertos han sostenido que la razón por la que el Gobierno no revocó las licencias ambientales otorgadas para la explotación minera en los páramos, tiene que ver con las indemnizaciones y demandas multimillonarias que impondrían las empresas que actualmente tienen derechos para la explotar minerales.
El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra le dijo a Kienyke.com que al gobierno no le es difícil revocar una licencia ambiental que ya esté en funcionamiento.
“Lo que han denunciado varios observadores es que el Gobierno está delimitando los páramos de acuerdo con los títulos mineros, lo que es totalmente inaceptable; pero legalmente el Gobierno puede revocar una licencia ambiental cuando exista un hecho ambiental emergente importante, de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional. No es cierto que en el caso de las licencias ambientales no se puedan revocar, tal como se dijo en una época”.
Sin embargo, el exministro aceptó que eventualmente la revocatoria puede tener unos costos, “y el problema que hay que evaluar es si los costos de hacer una minería a cielo abierto en un determinado páramo desde el punto de vista ambiental y social son mayores o menores que revocar las licencias por las demandas venideras, lo que tendría que hacerse caso por caso”.
De hecho, Rodríguez Becerra aseguró que el Gobierno no ha querido establecer el análisis beneficio – costo como una forma de aprobar o no las licencias ambientales de la minería.
“En ese análisis se deben mostrar todos los beneficios económicos para el país y también se debe analizar los costos de los daños ambientales y sociales, que en algunos casos de la minería a cielo abierto son extraordinariamente grandes. No obstante, el Plan de Ordenamiento Minero estableció la necesidad de hacer un análisis de beneficio – costo, pero el Gobierno se ha resistido a incorporarlo, donde se nota la influencia del sector minero en el manejo de la política pública.
Manuel Becerra, exministro de Ambiente.
(…) Los mineros saben muy bien que muchos proyectos que pueden ser muy lucrativos en el corto y mediano plazo, podrían no ser viables frente a los costos sociales y ambientales de largo plazo. Por ejemplo, hay yacimientos de metales que pueden generar drenajes ácidos a largo plazo, cuyo costos de manejo pueden superar con creces todos los beneficios económicos que se hayan recogido en impuestos y regalías; en ese caso se debe revocar la licencia”, expuso.
Por su parte, la coordinadora de Greenpeace Colombia le exigió al Gobierno hacer públicos los estudios que indicarían los efectos ambientales que traen consigo las explotaciones mineras en los páramos.
“Quisiera ver, porque no los hay, los estudios técnicos donde me digan cuántos millones de pesos implica la revocatoria de las licencias, aunque el Gobierno sí sabe cuál es el costo ambiental que le implica a los colombianos tener minería en esas zonas”.
Según Silvia Gómez, el Gobierno también dice que las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, están fortalecidas para realizar veeduría y seguimiento a esos títulos mineros cuando no se cumplen los requerimientos de manejos de residuos les revocan las licencias, “pero la realidad es que las CAR no tienen esa capacidad, pues durante cuatro años no pudieron siquiera hacer una visita anual a cada uno de los títulos”.
