Son muy pocas las ocasiones en las que el país haya estado tan polarizado frente a un tema, como sucede con el proceso de paz en La Habana.
Lea también, Sólo un magnicidio pondría en peligro el proceso de paz: De Zubiría.
Sin embargo, en la parte final de los acuerdos, donde se habla de un eventual posconflicto, algunos discursos de esos líderes han cambiado.
También lea, Los sablazos del Procurador contra el proceso de paz.
Uno de los casos más notables es el del expresidente Álvaro Uribe, quien siempre se caracterizó por oponerse a los diálogos con las Farc.
En su más reciente intervención ante los medios de comunicación, la semana pasada, el actual senador pidió suspender los acuerdos de paz hasta que las Farc cesen todo ataque en el país.
Está claro que en las últimas semanas el discurso del exjefe de Estado y sus seguidores en el uribismo ha cambiado. Ya no se evidencia la misma agresividad contra el proceso y hasta se han mostrado de acuerdo con algunas soluciones al conflicto propuestas por el mismo gobierno y la mesa de Cuba.
Una de esas muestras la dio Uribe Vélez el pasado 25 de abril cuando a través de su cuenta de Twitter se mostró de acuerdo con el Gobierno en el anuncio de no declarar un cese bilateral del fuego y que los líderes de esa guerrilla paguen penas de prisión.
“Apoyamos rectificación del Gobierno para no negociar cese bilateral, que agravaría más la inseguridad”, trinó Álvaro Uribe.
Este aparente respaldo fue abrupto, pues una semana y media antes, el 14 de abril el exmandatario lanzó uno de los más feroces ataques al proceso de paz, luego del ataque de las Farc donde resultaron muertos diez militares.
No obstante, el cambio de discurso del uribismo empezó a notarse a petición de algunos de sus integrantes. Uno de los primeros en hacerlo fue el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, quien en carta enviada a finales de diciembre pasado al Centro Democrático, pidió cambiar la posición asumida por ese partido político, de crítica al proceso de paz a una más propositiva.
Pero tal vez el cambio de discurso más recordado frente al proceso de paz fue el del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien en plena campaña para la segunda vuelta en las elecciones de mitad del año pasado, se mostró de acuerdo con seguir el proceso de paz en La Habana pero con nuevas condiciones. Sin embargo, ese discurso se diluyó cuando perdió la contienda con Juan Manuel Santos.
Este año la fórmula presidencial de Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, publicó un escrito con varios puntos en los que moderaba el discurso frente a los diálogos con las Farc. Sus propuestas están enfocadas al posconflicto con ideas para enfrentar la posibilidad de un desarme y la consecuente firma de la paz.
Uno de los cambios en las declaraciones que más ha sonado ha sido el del procurador Alejandro Ordóñez, quien junto con el senador Uribe, han sido los portavoces de la oposición al proceso de paz.
El 23 de octubre del año pasado, el jefe del Ministerio Público dijo: "Las críticas que hace la Procuraduría al proceso de paz son para blindarlo, son críticas no hostiles (…) No hay enemigos de la paz, disyuntiva de amigos y enemigos de la paz debe desaparecer del lenguaje oficial".
El jefe del órgano de control fue más allá y hasta vaticinó que los diálogos llegarán a buen término. "Las medidas que se pacten en La Habana, deben apuntar a fortalecer la democracia y el imperio de la ley", aseguró.
De otro lado, también está el caso opuesto de líderes que han defendido a capa y espada el proceso de paz, pero hoy día se muestran más prudentes en varios temas del posconflicto.
Ese es el caso del fiscal Eduardo Montealegre, quien hace un par de años abogaba por figuras como el indulto y la amnistía para los líderes de las Farc con el fin de darle viabilidad a los diálogos.
“Es necesario que se introduzca en la Constitución la posibilidad de aplicar amnistías condicionadas, que planteen la cesación de la acción penal para la guerrilla o para los actores del conflicto, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y, obviamente, garantizar la reparación”, dijo Montealegre a varios medios de comunicación a principios de mayo del 2012.
Sin embargo, esta posibilidad o propuesta ha sido rechazada por varios sectores políticos y organismos internacionales, entre ellos La ONU, por lo que la semana pasada ya hubo un cambio en el discurso del jefe del ente investigador.
"Tenemos que tener en cuenta es que este es un proceso sin impunidad, es un proceso que va a llevar a juicio a los máximos responsables donde se van a investigar y sancionar las máximas violaciones a los derechos humanos", manifestó Eduardo Montealegre la semana pasada, aunque reiteró que las penas pueden ser alternativas a la reclusión en una cárcel.
Los cambios de discurso también han comprometido al mismo creador de los diálogos en La Habana, y su principal defensor, el presidente Santos.
Hace un año, el país afrontaba una oleada de atentados contra la infraestructura petrolera y energética tal como la que acontece hoy día. En esa época se vio a un Presidente enérgico y enfurecido por los constantes atentados y llegó hablar por primera vez de la posibilidad de terminar con los diálogos en La Habana.
“Se están cavando (Farc) su propia fosa política, están jugando con candela y este proceso puede terminar porque no puede seguir indefinidamente esta situación”, dijo airadamente Santos el 30 de julio del 2014 tras un consejo de seguridad en el puerto de Buenaventura.
Uno de los cambios en las declaraciones que más ha sonado ha sido el del procurador Alejandro Ordóñez, quien junto con el senador Uribe, han sido los portavoces de la oposición al proceso de paz.
El 23 de octubre del año pasado, el jefe del Ministerio Público dijo: "Las críticas que hace la Procuraduría al proceso de paz son para blindarlo, son críticas no hostiles (…) No hay enemigos de la paz, disyuntiva de amigos y enemigos de la paz debe desaparecer del lenguaje oficial".
El jefe del órgano de control fue más allá y hasta vaticinó que los diálogos llegarán a buen término. "Las medidas que se pacten en La Habana, deben apuntar a fortalecer la democracia y el imperio de la ley", aseguró.
De otro lado, también está el caso opuesto de líderes que han defendido a capa y espada el proceso de paz, pero hoy día se muestran más prudentes en varios temas del posconflicto.
Ese es el caso del fiscal Eduardo Montealegre, quien hace un par de años abogaba por figuras como el indulto y la amnistía para los líderes de las Farc con el fin de darle viabilidad a los diálogos.
“Es necesario que se introduzca en la Constitución la posibilidad de aplicar amnistías condicionadas, que planteen la cesación de la acción penal para la guerrilla o para los actores del conflicto, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y, obviamente, garantizar la reparación”, dijo Montealegre a varios medios de comunicación a principios de mayo del 2012.
Sin embargo, esta posibilidad o propuesta ha sido rechazada por varios sectores políticos y organismos internacionales, entre ellos La ONU, por lo que la semana pasada ya hubo un cambio en el discurso del jefe del ente investigador.
"Tenemos que tener en cuenta es que este es un proceso sin impunidad, es un proceso que va a llevar a juicio a los máximos responsables donde se van a investigar y sancionar las máximas violaciones a los derechos humanos", manifestó Eduardo Montealegre la semana pasada, aunque reiteró que las penas pueden ser alternativas a la reclusión en una cárcel.
Los cambios de discurso también han comprometido al mismo creador de los diálogos en La Habana, y su principal defensor, el presidente Santos.
Hace un año, el país afrontaba una oleada de atentados contra la infraestructura petrolera y energética tal como la que acontece hoy día. En esa época se vio a un Presidente enérgico y enfurecido por los constantes atentados y llegó hablar por primera vez de la posibilidad de terminar con los diálogos en La Habana.
“Se están cavando (Farc) su propia fosa política, están jugando con candela y este proceso puede terminar porque no puede seguir indefinidamente esta situación”, dijo airadamente Santos el 30 de julio del 2014 tras un consejo de seguridad en el puerto de Buenaventura.
