Maduro amedrenta al Ejército para conservar el poder

22 de agosto del 2019

El clima de miedo es más palpable en Maracay, el centro militar de Venezuela, hogar de las principales bases aéreas y academias militares de la nación.

Maduro amedrenta al Ejército para conservar el poder

Una semana después de que la agencia venezolana de inteligencia detuvo a un capitán retirado de la Armada, este apareció ante un tribunal militar en silla de ruedas y mostrando señales de tortura.

“Ayúdame”, le dijo a su abogado.

El capitán, Rafael Acosta, murió ese día. Fue enterrado tres semanas después, rodeado de guardias de seguridad. Los cinco familiares a los que se les permitió asistir no pudieron verlo: su cuerpo estaba envuelto en plástico café.

Acosta sufrió traumatismo por golpe contundente y electrocución, según secciones filtradas del informe de su autopsia, y el Gobierno ha admitido que se empleó fuerza excesiva.

Su muerte es un indicador de cómo el atribulado gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha usado un brutal aparato de represión contra sus propios militares, en un esfuerzo por mantener el control de las fuerzas armadas y, a través de ellas, del Estado.

Los principales líderes militares han declarado repetidamente su lealtad al Gobierno. Pero en los últimos dos años, a medida que la economía petrolera se derrumbaba y la mayoría de los venezolanos empezaron a sufrir de una severa escasez de alimentos y medicinas, facciones dentro de las fuerzas de seguridad han llevado a cabo al menos cinco intentos para derrocar o asesinar al Mandatario.

El Gobierno afirma haber frustrado al menos una docena más de complots.

Los medios estatales califican a las amenazas reales e imaginarias como “un golpe de Estado continuo”.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al que pertenece Maduro, está recurriendo a esa mentalidad de asedio para justificar la vigilancia constante, los arrestos arbitrarios y la tortura de enemigos percibidos, incluyendo a los que están al interior de las fuerzas armadas de Venezuela, compuestas de 160 mil efectivos, de acuerdo con las Naciones Unidas, defensores de los derechos humanos y familias de las víctimas.

“El abuso contra los oficiales ha crecido porque representan una amenaza real para el Gobierno de Maduro”, dijo el General Manuel Cristopher Figuera, exdirector de Inteligencia de Venezuela, quien desertó en abril y habló desde Estados Unidos.

Hoy hay 217 oficiales, entre activos y retirados, que se encuentran detenidos en las cárceles venezolanas, incluyendo 12 Generales, de acuerdo con la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, una organización sin fines de lucro con sede en Caracas.

Mientras más débil es el Gobierno, “más fuerte es la tortura contra la gente que considera como amenaza”, dijo Ana Leonor Acosta, abogada de la coalición. Acosta no es familiar del capitán Acosta.

Estos abusos fueron divulgados internacionalmente en julio cuando Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicó un reporte que denunciaba que el Gobierno venezolano sometía a prisioneros vistos como opositores políticos, a “choques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela no respondió a las preguntas enviadas por The New York Times sobre las denuncias de tortura. La oficina del fiscal general declinó hacer comentarios. En el pasado, el gobierno ha negado las acusaciones de tortura sistemática, atribuyendo algunos casos específicos a excesos aislados.

En el caso del capitán Acosta, una investigación del Gobierno halló que dos soldados habían empleado fuerza excesiva cuando se resistió al arresto. “Eso tiene sus responsables, pero que eso sea una política de Estado, no lo es”, dijo Diosdado Cabello, líder del PSUV.

Los críticos del Gobierno de Maduro creen que los dos soldados son chivos expiatorios.

Óscar Pérez, un oficial de policía que dirigió una pequeña guerrilla antigubernamental, recibió al menos quince disparos en enero de 2018 después de ofrecer repetidamente rendirse en un tiroteo que transmitió en vivo por redes sociales.

Andrik Carrizales, un comandante de la Fuerza Aérea Venezolana, recibió un disparo en la cabeza por agentes de seguridad después de unirse a una operación que buscaba tomar una fábrica de armas en Maracay el 30 de abril.

El clima de miedo es más palpable en Maracay, el centro militar de Venezuela, hogar de las principales bases aéreas y academias militares de la nación.

La madre octogenaria del Capitán Acosta se ha recluido, pero su prima, Carmen Acosta, dijo que decidió hablar con la prensa después de semanas de angustia.

“Si nos quedamos callados, ellos ganan”, dijo, conteniendo las lágrimas. “Eso es lo que quieren: que todos vivamos con miedo”.

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