Es la voz del Pueblo la única que puede alzarse para tratar de enderezar el camino torcido que emprendimos como sociedad y Estado, cuando nos dejamos robar el triunfo obtenido por el NO en las urnas, a través de un plebiscito que, en franca lid, determinó que el proceso de paz entre Santos y las Farc, palabras más, palabras menos, carecía de legitimidad.
En esta misma columna lo he venido proponiendo: solamente un Referendo Derogatorio o una Asamblea Nacional Constituyente podrá restablecer el curso de la Patria, que fue desviado por un raponazo que las instituciones y los funcionarios que las dirigían -y aún dirigen-, le dieron al constituyente primario, cuando decidieron robarse el triunfo del NO y cambiar toda la estructura del Estado, para entregarle un tribunal de justicia propio a los terroristas de las Farc y, de paso, conseguirle un Nobel amañado al jefe del golpe de Estado contra el Pueblo Soberano: el tartufo Santos.
Y es que no puede ser otra la manera de intentar articular un Estado que quedó roto en mil pedazos, con una rama judicial dividida entre los tribunales ordinarios y el que controlan las Farc: en contravía de lo que el Pueblo ordenó, la JEP fue creada con la complicidad de la Corte Constitucional no solamente para garantizar la impunidad de las Farc (como lo estamos viendo en el caso del narcoterrorista Santrich), sino para construir la nueva narrativa histórica del supuesto conflicto, disfrazada de verdad.
La línea que de ese seudotribunal saldrá será la de exculpar a los terroristas de sus atrocidades, volviéndolos unos luchadores oprimidos por la sociedad colombiana; es decir, que seremos nosotros, los colombianos de bien, los malos y los causantes de la “sublevación”. Esta narrativa se está construyendo mediante la conducción a la JEP de exmilitares y expolíticos y la “invitación” a exparamilitares enredados en la justicia ordinaria unos o en los laberintos de justicia y paz - que hasta ahora son los únicos comparecientes de la tal JEP-, para que, con el caramelo de la impunidad, sustenten la posverdad del tribunal de la mentira y la venganza que es la JEP.
Y, si nos vamos al Legislativo, nos encontramos con el mismo panorama desolador: se entregaron curules como regalo a los narcotraficantes y terroristas, para que estos se unieran a las mayorías que “la mermelada” compró para aprobar un Fast Track, que no existía en el ordenamiento jurídico colombiano, como método “originalísimo” para reformar la Constitución. “La mermelada” es un eufemismo para referirse a la corrupción: al mejor estilo Montesinos, el Congreso fue comprado con dineros sucios, para lograr desconocer la voluntad popular, y hoy el Parlamento está integrado por unas curules espurias, que hacen mayorías junto con aquellos que votaron el raponazo en su momento.
Todo lo anterior es la causa real de por qué ninguna reforma que se proponga para recomponer al Estado logrará realizarse mediante los mecanismos tradicionales: el Congreso no aprobará medida alguna en ese sentido, porque no solamente fue cómplice del robispicio, sino que, acostumbrado a la corrupta práctica de “la mermelada”, desterrada en buena hora por el gobierno Duque, no dará el “visto bueno” a nada sin la extorsión y las consecuentes canonjías. Otro tanto ocurre con la Corte Constitucional, que tiene una “junta directiva” de 9 miembros y que seguirá torpedeando cualquier intento del Gobierno para arreglar las cosas, puesto que sus mayorías son manejadas por Santos, y dicha corporación pública también fue protagonista del despojo en el triunfo del NO.
Aplaudo la iniciativa ciudadana de Herbin Hoyos, que valientemente acude al Pueblo para tratar de hacer algo en aras de recomponer la arquitectura constitucional del País. Es cierto que su proyecto de Referendo tiene un obstáculo que parece insalvable: cualquier iniciativa ciudadana debe pasar por el Congreso y por la Corte Constitucional, los mismos “organismos” que han cerrado con candado y callado, cual pacto omertà de la mafia siciliana, cualquier posibilidad de reformar el entuerto que engendraron; sin embargo, los tímidos intentos que hasta ahora se han hecho carecían de algo que puede cambiar la situación: la Fuerza del Pueblo, del mandato ciudadano. Solo el colombiano de a pie podrá demostrar si quiere o no retomar el camino de la legalidad o seguir dejando a Colombia en manos de los bandidos. Si se logra unir al constituyente primario y son millones de firmas y millones de voces y millones de voluntades, puede ser que se logre vencer la trinca cómplice institucional, que ya una vez nos robó, y cuyo despojo hay que recuperar.
Solo nos queda intentar los mecanismos populares, volver los ojos a la ciudadanía que está hastiada de haber entregado el Estado al terror y así lo ha manifestado en las urnas: en el NO, en la primera y en la segunda vuelta presidencial. Colombia está prostituida en sus instituciones, pero aún tiene a sus ciudadanos como tabla de salvación.
La ñapa I: Daniel “Pecueca” Samper pide a gritos y de manera histérica que el expresidente Álvaro Uribe se retire de la vida pública, al tiempo que se solaza con los verdugos del pueblo colombiano: la guerrilla de las Farc. Nada distinto podía esperarse de un sujeto tan obsesionado, enfermizo y patético, cuyos complejos, resentimientos y problemas internos que vienen de atrás, no le permiten ser feliz y pleno.
La ñapa II: Santos y Odebrecht, Odebrecht y Santos, una sola retorcida y deshonesta relación que pronto será aclarada, como corresponde, por el bien de la Patria. Un bandido tan detestable y perverso como el tartufo, que, además, ha causado daño como el que más, no puede quedar en la impunidad. Los americanos y los brasileños tienen en su poder las piezas que hacen falta para armar el rompecabezas de toda la corrupción que llevó a la “reelección” del gago.
