Nuestra Carta Magna, en su preámbulo y posteriormente en su artículo primero concibe a Colombia como un Estado Social de Derecho. Esto por supuesto tiene un trasfondo que ha dado como resultado, en el devenir histórico, que nuestra nación pretenda acercarse hoy a este legítimo concepto republicano; pero viendo los instrumentos legales que actualmente expide el Congreso, las manifestaciones de las Cortes y la implementación de políticas públicas, cada vez se siente más lejos de la realidad en su aplicación.
Prueba de lo que acá digo es la incitativa de acto legislativo del Partido Social de Unidad Nacional, que está a punto de cursar su sexto debate en segunda vuelta, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la reforma a la justicia y el proyecto de ley general de desarrollo rural. Con estas cuatro perlas normativas —de las cuales la de víctimas ya es ley— nos vemos avocados a una política comunista que pretende retroceder en el concepto Estado Social de Derecho.
Hoy me voy a referir al primero de los elementos mencionados: el proyecto de acto legislativo conocido como Marco Legal para la Paz. Este oprobio de lo jurídico, lo social y lo político, que dicho sea de paso, no es ni Marco, ni Legal, ni muchísimo menos para la Paz, es de las cosas más absurdas y opuestas al sano juicio y a la razón, que como profesional del derecho he leído. Por estas épocas que parecen más una oda comunista que un sistema democrático, debo hace sentir mi contundencia en demasía. El martes pasado fui invitado al programa La Noche de RCN justamente para expresar mi posición sobre el proyecto de reforma constitucional sobre el cual me refiero. La invitación era para dar a conocer a la opinión pública la visión de las víctimas y lo gravoso de permitir que una norma así quede en firme, pues entra otras cosas permite la impunidad y en ese sentido revictimiza.
La Constitución Política de Colombia señala que en su Título I De los Principios Fundamentales, que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés genera. Esta definición de rango constitucional que trae la norma Superior, pretende ser distorsionada con aquellos cuatro instrumentos normativos que mencioné y en especial con el famoso Marco Legal para la Paz, sobre el cual hago un análisis desde lo social y lo jurídico.
Este proyecto basa sus malditas premisas en la Justicia Transicional, sobre la cual he venido sosteniendo que es inaplicable toda vez que en Colombia no estamos en ningún proceso de transición hacia la paz; todo lo contrario, estamos en pleno fuego cruzado. Pero como esto parece no tener importancia para el legislador y el Gobierno Nacional, se promueven de manera descabellada este tipo de leyes y actos legislativos. Dice el Proyecto de Acto Legislativo número 14 de 2011 Senado, 94 de 2011 Cámara, que con él se pretende crear el marco constitucional que permita dar coherencia a los mecanismos de justicia transicional en Colombia, con la finalidad de garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas y sentar las bases para el logro de una paz estable y duradera en el marco de un fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
Luego de este prolegómeno establece lo siguiente dejando la puerta abierta para que puedan reglamentar con leyes y decretos este desatino promotor de la impunidad que desnaturaliza el concepto de justicia.
El texto contempla que en pro de la paz el Gobierno Nacional se ha venido anticipando y ha decidido poner en marcha una ambiciosa estrategia de atención de todas las víctimas de los grupos armados al margen de la ley, independientemente de que se hayan celebrado acuerdos de paz con ellos, porque de otra manera se crearían desequilibrios injustificados entre las mismas víctimas. A diferencia de otros procesos de reforma del marco de justicia transicional, este acto legislativo se enmarca dentro de la promulgación de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, que introduce por primera vez en el país un marco completo para la reparación integral de las víctimas. Gracias a ello, la autorización para crear mecanismos extrajudiciales de justicia transicional, la implementación de las medidas de priorización y selección de casos, y la posibilidad de renunciar a la persecución penal de los casos no seleccionados, son medidas que contribuyen a garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas. Sin importar cuales casos se prioricen o seleccionen a futuro, ni para cuales se establezcan mecanismos extrajudiciales, la Ley de Víctimas garantiza que todas las víctimas sean reparadas a través de distintos programas integrales. Esto de suyo ya es una gran mentira. Es conocido que si hay una norma discriminatoria y excluyente es la 1448 de 2011. Esa ley no garantiza derechos a “todas” las víctimas; ni su reparación, porque es selectiva en tiempo y en el concepto de su artículo 3.
Para rematar propone el proyecto que se extinga la persecución penal a los victimarios, otorga al legislativo la facultad de elegir quiénes sí y quiénes no deben ser condenados por los delitos cometidos; incluye hasta los elevados al rango de lesa humanidad. Esto lo que busca es que Timochenko y sus secuaces no pasen un solo día en la cárcel por ensangrentar nuestra patria. ¿No es esto acaso promover la impunidad?
Facultar al legislador para que determine criterios de selección en materia de investigación penal que permitan concentrar los esfuerzos de procesamiento en la persecución de los máximos responsables de los crímenes más graves y lograr el esclarecimiento pleno de patrones y contextos de macro-criminalidad, es de paso reconocer tácitamente que Colombia NO es un Estado de Derecho, pues un verdadero Estado Social de Derecho se funda en sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dejar a al arbitrio del Congreso esta escogencia que le pertenece a la administración de justicia, es desconocer que contamos con una rama judicial que esta diseñada para impartir justicia y ejecutar condenas. En síntesis, se esta politizando la justicia y esto es demasiado nocivo para la democracia y los presupuestos de una república.
El resultado de dejar en manos de la jurisdicción internacional el conocimiento de los reatos perpetrados en Colombia es dejar cojo un Estado; es promover la firma de acuerdos de paz bajo la falsa premisa de la reconciliación. Debe entenderse que parte de la reparación a las víctimas esta dada en la condena de sus victimarios, conocer la verdad de los hechos y obtener un resarcimiento. Todo esto quedaría en el olvido de permitir que ese proyecto de acto legislativo sea una realidad. El daño sería de grandes proporciones.
No obstante el Senador Velasco dice que sí se trata de politizar el asunto y que así es que se va a lograr la paz. ¿Qué clase de necedad es esta? ¿En manos de qué nivel de congresistas estamos? Creo que ni los idiones de la antigua Grecia que se alejaban del interés por las políticas ciudadanas y que demostraban absoluto desinterés e ignorancia por el bien común, saldrían con una barrabasada de estas.
¡Ahora sí, sálvese quien pueda! El miércoles en reunión con empresarios y congresistas —de los buenos— dije Ahora si nos llevó el carajo. Y ellos me dijeron “tranquilo Dr. diga como es: nos llevó el putas”. Abrazo cálido. Seguimos trabajando. #nomasmentiras
