El alcalde Petro es ingenuo o nos cree ingenuos

¨Me siento muy contento de la reunión sostenida con el Presidente de la República¨, dijo el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al salir de la Casa de Nariño. Agregó que el presidente Santos avala su política de Basura Cero y respeta la autonomía del Distrito Capital. El Presidente no dio declaraciones y menos conjuntamente con el Alcalde. Lo que cuenta el mandatario distrital sobre lo que expresara el Presidente de la República en la reunión, no significa que el alcalde Petro pueda pasar por encima de la Constitución y la Ley. Ni que se halle habilitado para legislar. Tampoco que la SIC y la SSPD pueden abstraerse de cumplir sus funciones constitucionales y legales en el Distrito Capital. Simplemente que el Gobierno Nacional esperará con que sale el Alcalde. Se anuncia una baja de tarifas como el pago a los prestadores por el sistema de área limpia y kilómetro barrido, y no por tonelada. Lo que hace advertir que la EAAB seguramente no prestará el servicio de aseo directamente como lo anunciara tantas veces, sino que terminará subcontratando su prestación, probablemente con los mismos operadores actuales, a quienes el alcalde Petro sugiere como paramilitares y considera responsables de las tragedias de los recicladores como del supuesto mal servicio de aseo en la ciudad. Solo así tiene algún sentido, contradictorio en todo caso, que Diego Bravo se reúna con aquellos en los salones del Jockey Club. Después de tanto alboroto mediático, marchas, arengas y llamados a la ciudadanía para defender el patrimonio público (EAAB) todo se reduce a que la contratación que venía haciendo la UAESP ahora la hará la EAAB. Parece una situación pacífica y regular como normal, pero la verdad es que es bastante irregular como burda, jurídicamente hablando. Basta recordar que el Contralor Distrital, Diego Ardila, hace un tiempo advirtió a la UAESP que no le era posible declarar más urgencias manifiestas para seguir suscribiendo contratos de manera directa. La solución de los abogados del Distrito fue tan fácil como olímpica: ¡pues que ahora lo haga la EAAB! Llegará el 18 de diciembre y sabremos si tengo razón o no en lo que advierto. Esto no solo violenta los principios de la contratación pública, los cuales rigen también en la contratación de la EAAB, sino que resultan ser acuerdos contrarios a la ley de competencia. Tarde o temprano la SIC deberá investigar y sancionar esta irregular conducta. Hubiera sido deseable su actuación preventiva. Pero ya vimos el alboroto que armó el alcalde Petro, quien está cayendo ingenuamente en su propia trampa o la que sus mismos colaboradores han venido construyendo. El Personero debe estar atento y actuar oportunamente, para evitar las suspicacias del Alcalde sobre las autoridades nacionales. En cuanto al programa Basura Cero, mal podría el Presidente de la República dejar de avalarlo. Pues el Gobierno Nacional desde 1997 por conducto del ministerio del ramo ya había definido y tiene una Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos, en cuya implementación los municipios y distritos son los actores principales. Así que el aval del Presidente no puede entenderse en el sentido de que el modelo de aseo sea público o privado. Esa discusión ya se dio y las conclusiones quedaron plasmadas en la Constitución Política de 1991 y en la Ley 142 de 1994. El esquema de prestación de los servicios públicos domiciliarios no los define el Presidente de la República y mucho menos el Alcalde Mayor. Ellos deben ceñirse a la Constitución y a la Ley: libre competencia en el mercado y excepcionalmente libre competencia por el mercado. Sobre la autonomía del Distrito Capital, el Presidente no dijo nada distinto a lo que no hubiere venido diciendo y haciendo. Por ello, es preciso decir que ni la SIC ni la SSPD, ni la CRA han actuado en contradicción de esa autonomía del Distrito. Dichas entidades de orden nacional deberán en acatamiento a la Constitución y a la ley seguir de cerca las actuaciones de los agentes distritales. En especial, el flagrante como indebido favorecimiento que el Alcalde Mayor hiciera por conducto de la UAESP a la EAAB en materia de prestación del servicio de aseo. La Constitución, la ley como la jurisprudencia constitucional especializada son inequívocas en precisar que las empresas de servicios públicos – ESP, sean oficiales, mixtas o privadas, deben competir en condiciones de igualdad en el mercado. Respecto a la ¨nueva¨ manera en la que se pagará a los operadores basado en el concepto de ¨área limpia¨ y kilómetro barrido, basta decir que el alcalde Petro le debe la obligada mención de derechos de autor como una excusa al verdadero creador de esta figura contractual: el exalcalde Jaime Castro Castro. Desde entonces, en la ciudad de Bogotá y hasta el día de hoy se paga de esa manera. Luego cabe preguntarse ¿cuál es la novedad del anuncio de la actual Administración sobre la materia? La reducción de tarifas tampoco trae novedad alguna. Por el contrario, es preciso recordar que la misma Administración Petro en marzo de 2012 cuando suscribió a dedo los contratos con los actuales operadores y, en especial, cuando se los adicionó posteriormente en un 50% nunca exigió a los operadores a esa reducción de tarifas, cuando los mismos ya habían amortizado toda su inversión. Los hechos dan cuenta de que quien ha favorecido a la llamada por el Alcalde supuesta mafia paramilitar del aseo, ha sido su propia Administración. Si la reducción en la tarifa que se anuncia es solo para los usuarios de estratos 1, 2 y 3, estamos hablando entonces de nuevas contribuciones. ¿Quién las pagará? ¿Los usuarios de estratos 5 y 6, el comercio, la industria o el Distrito? Hoy los sobreprecios que estos usuarios pagan para financiar los subsidios de los usuarios de menores ingresos están entre el 50 y el 90% del valor de su factura. A los usuarios de los estratos 1 se les subsidia el 70% del valor de su factura, a los del estrato 2 el 40% y a los del estrato 3 el 15%. Porcentajes de subsidios que están en el tope máximo permitido en la ley. Me queda el sin sabor de ser testigo de advertir que frente a los órganos de control y la ciudadanía en general, la Administración del alcalde Petro tiene no solo un total y alarmante desconocimiento de la regulación de los servicios públicos domiciliarios, sino que para afrontar su insuficiencia han elaborado improvisadamente una burda como mediática estrategia jurídica. De igual manera, me queda la satisfacción de haberle advertido oportunamente al propio Alcalde Mayor sobre el camino escabroso en el que su equipo lo ha metido. No fui el único, aún cuando sí uno de los más insistentes, en advertir lo que está sucediendo. Tampoco quiso el Alcalde escuchar a la abogada Adriana Ruíz, quien fuera la verdadera gestora de los pronunciamientos de la Corte en materia de defensa de la población recicladora. Todo este largo, complejo y difícil esfuerzo jurídico-social emprendido por esta abogada y los recicladores desde hace varios años, a partir de la situación en la Ciudad de Cali, en la búsqueda de acciones afirmativas a favor de esta población en estado de vulnerabilidad, se está perdiendo gracias a la improvisación y politiquería distrital. Todo está quedando reducido a la compra improvisada de vehículos por parte de la EAAB y a la contratación, al parecer, de los mismos operadores del servicio de aseo. Nadie quiere ver que los únicos beneficiarios de este caos son los bodegueros y la industria que compra a su antojo, a precios por ellos definidos, lo que la población recicladora de forma explotada recupera en las noches frías de las calles bogotanas. La Corte Constitucional está en la obligación social de efectuar una audiencia pública de seguimiento al cumplimiento de sus pronunciamientos, bien para dar claridad real a esta oscura situación o para darle muerte oficial a sus exigencias a favor de los recicladores.