A mediados de 2012 el presidente Juan Manuel Santos anunció al país que se iba a iniciar un proceso de paz con las Farc que duraría meses, pero que ya ha superado los tres años.
Con el acuerdo del mes pasado sobre víctimas y justicia, el proceso ha llegado al punto de no tener retorno, pero hay actuaciones del gobierno que preocupan por ser contrarias a la constitución y a algunos acuerdos internacionales a los que Colombia se acoge.
Uno de ellos es el problema del narcotráfico que el proceso de paz califica como delito político conexo. El artículo 3 de la Convención de Viena sobre narcotráfico dice que «los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos, ni como delitos políticamente motivados».
Este tipo de tratamiento al narcotráfico es una decisión muy equivocada del gobierno y también de los doctores Leonidas Bustos y Luis Eduardo Montealegre que la han defendido públicamente. Una decisión como esta pone en entredicho los esfuerzos que durante años se ha hecho contra el tráfico de estupefacientes y los miles de víctimas que esta problemática ha dejado.
Otra de las actuaciones sobre las que Colombia debería pensar, es la solución que el gobierno propone para afrontar las dificultades que existen en la legislación y la justicia, y que consiste en darle facultades extraordinarias al Presidente para legislar la paz, crear un 'congresito' y crear una corte especial para juzgar a las Farc en el posconflicto. Tres en uno.
El presidente forma parte de la rama ejecutiva, de la cual emanan los decretos, que son actos administrativos inferiores a las leyes.
Las leyes nacen de la rama legislativa, conformada por el Congreso de la República y es el único organismo que puede hacer una ley. Confundir un representante de una rama de poder con las funciones de otra terminará siendo un enredo más para Colombia, en especial porque le quita poder al acto legislativo del congreso y lo desvía al 'congresito' y el Presidente.
Si la norma exige trámites en las comisiones constitucionales del congreso y la cámara, debates en ambas plenarias y revisiones de la Corte Suprema, según el tipo de ley, para que luego los proyectos sean sancionados por el gobierno, no es para perder el tiempo, sino porque de esa manera se reduce el margen de error que aumentaría ampliamente si se le entregan al Presidente facultades especiales para legislar.
La propuesta de crear un tribunal especial para juzgar a las Farc, le da un mensaje equivocado al mundo, como si Colombia no creyera en sus leyes ni en los representantes de su propio poder judicial, sobre todo porque el tribunal espera tener presencia internacional como una manera de darle un blindaje jurídico y político.
Curiosamente, las Farc y Bernie Aronson, el enviado especial de Estados Unidos al proceso de paz, están entre los defensores de esta idea.
Y digo 'curiosamente' porque el poder judicial en Colombia a pesar de haber juzgado a miembros de las Farc también les ha concedido indulto y amnistía, entonces es poco sensato que las Farc no crean en el perdón y las sentencias que se les han hecho.
En esa misma línea, Estados Unidos propone y defiende la creación de un tribunal especial con presencia internacional cuando sabemos que los americanos no aceptan ser juzgados por la Corte Penal Internacional y ni siquiera ratificaron el Estatuto de Roma, como sí lo hizo Colombia.
Y que gracias a eso un colombiano puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cuando considere que el país no ha hecho justicia, a pesar de que ese colombiano tenga fuero.
En este punto, muchos creemos que la paz es una realidad inminente y necesaria, que no hay vuelta atrás en las negociaciones y en el fin del conflicto, pero es importante prestar atención a los mensajes del gobierno, de las Farc, de los organismos internacionales y de los medios de comunicación no como una verdad que ya está escrita sino de forma interrogativa.
