Delitos menores, grandes problemas

26 de julio del 2019

Opinión de Gloria Díaz

Delitos menores, grandes problemas

La liberación del rompevidrios “El Bizco”, a pesar de las denuncias de varias mujeres que dijeron ser víctimas de sus fechorías, nos lleva a pensar que la justicia en nuestro país está encargada de premiar a los hampones, mientras los ciudadanos de bien estamos condenados a la impunidad. En este caso las víctimas quedaron expuestas y el delincuente libre.

Según la Fiscalía fue dejado en libertad porque “No hubo violencia hacia las víctimas y por ser un delito de menor cuantía, pero ¿Cómo llegamos a los llamados delitos menores?, por la necesidad de descongestionar los despachos judiciales y porque según el sistema penal vigente no se afecta de manera grave el patrimonio de las víctimas.

Estas conductas, consideradas de bajo impacto social, permiten que la delincuencia no se limite en la comisión de estos delitos, además de la falta de credibilidad en la administración de justicia que los cobija en sus fechorias.

La excusa de la necesidad de descongestionar las cárceles mediante un análisis benévolo por parte de los jueces, ha demostrado un preocupante debilitamiento del aparato judicial y ante los ciudadanos, la percepción de que el sistema punitivo colombiano está inclinado a favor del delincuente.

Ahí radica el problema, que se le ha querido dar un tratamiento técnico, con justificaciones filosófico-sociales, de tal manera que el aparato judicial se ve limitado frente a la cantidad de delitos y delincuentes. 

Si bien nuestras competencias no nos permiten generar acciones efectivas para sancionarlos, por estar reservadas al legislador, desde el Concejo de Bogotá hemos adelantado importantes debates de control político con relación a la percepción de inseguridad en nuestra ciudad, como también le hemos brindado a la administración los mecanismos financieros para que puedan ejercer su labor en aras de brindarle mayor seguridad a los ciudadanos. 

Aunque logramos fortalecer la institucionalidad, mediante la creación de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, además de los esfuerzos conjuntos entre la administración y la policía, estos, infortunadamente se debilitan cuando no hay judicialización material de los delincuentes; permitirles la libertad sin miramientos, genera que la percepción de inseguridad aumente y que como consecuencia se traduzca en la falta de credibilidad en las instituciones.

Cuando la conducta no es considerada delito o para ésta la pena no es ejemplarizante, aumenta la delincuencia; por eso la importancia de que la pena sea proporcional al daño causado y que obligue al juez a valorarla drásticamente.  

Hoy no existe una pena para los delitos menores que cumpla con la finalidad que se espera de la justicia, al contrario, le brinda mecanismos y atajos al delincuente para evadir la justicia.

Finalmente nos cuestionamos: ¿La administración de justicia, frente a los denominados “delitos menores” está previniendo su ocurrencia?  o podemos afirmar que ¿No se está aplicando con efectividad la Ley de pequeñas causas, que le ordena imponer sanciones a las personas reincidentes y obliga a no dejarlos en libertad, desvirtuando su razón de ser de combatir la denominada microcriminalidad?

Twitter: @gloriadiazm

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