Cuando la Fuerza de Tarea Pegaso, que opera en el sur occidente de Colombia, recibió a seis sujetos armados con la intención de desmovilizarse el pasado 13 de enero, se encontraron con una sorpresa.
Una de sus unidades militares llegó a la vereda Diviso, en jurisdicción del municipio de Barbacoas, Nariño. Según el reporte de los uniformados, era la media noche con 14 minutos. En el corregimiento de Junín no hace frío a esa hora; es un clima templado y agradable para ser una zona de altiplanos y humedad.
Pero es una tensa calma. Por el sector operan grupos armados ilegales. Farc, ELN y bandas criminales tienen influencia en la región, por lo que decenas de comunidades indígenas y campesinas quedan cercadas en medio del fuego.
Pero la madrugada de ese 13 de enero no hubo combates. Cinco hombres y una mujer se acercaron al batallón militar del lugar con las manos en alto. Iban armados con cinco fusiles, una pistola, 16 proveedores, 518 cartuchos, dos granadas de mano, dos radios de comunicaciones, chalecos multipropósito y equipos de campaña. “Nos queremos entregar”, dijeron al fin.
El brigadier general Mario Augusto Valencia, comandante de la Fuerza de Tarea Pegazo, dijo que la unidad encontró que los desmovilizados eran casi todos niños, de entre 13, 14, y por mucho 16 años. Solo uno era mayor de edad, y no era muy viejo. Al parecer entró a los 15 años y se contaminó de la violencia, porque al revisar su historial resultó ser alias ‘Chiquitín’, un temido líder guerrillero responsable de masacres, extorsiones, desplazamientos y narcotráfico.
“Se identificaron como integrantes de la compañía José Luís Cabrera Rubiales, del frente Comuneros sur del ELN” detalló el brigadier Valencia a Kien&Ke. “No pudimos saber mucho de los cinco menores de edad que nosotros no llamados desmovilizados, sino recuperados, porque de inmediato los remitimos al ICBF”, agregó.
El hecho no fue ampliamente divulgado. Pero lo cierto es que refleja un preocupante fenómeno del que poco se ha hablado recientemente, y que debería ser tema obligado en el marco de un proceso de paz: el reclutamiento forzado de niños y niñas para la guerra.
El Brigadier General consideró el rescate de los cinco menores como un ejemplo de lo que se vive en su región. “En las Farc, en el ELN y hasta en bandas criminales están reclutando todavía a menores de edad. Los están enlistando con amenazas, y los sacan de familias de grupos vulnerables como indígenas y afrodescendientes”.
"Los obligan a hacer trabajos pesados, a cargar fusiles que son del mismo tamaño que ellos". Brigadier Mario Valencia, comandante de la Fuerza de Tarea Pegazo.
Según sus datos, solamente en Nariño se desmovilizaron en 2012 unos cien guerrilleros. El 20% eran menores de edad. “Sabemos que los bandidos llegan con armas a las casas de los niños, y amenazan a las familias con matarlas si no los entregan. Una menor de edad nos confesó llorando que la obligaron a llevar una bomba a un cuartel de policía, porque si no, le mataban a la mamá”.
El Comandante agregó que sabe que se llevan a niños y niñas desde los doce años de edad. “Los obligan a hacer trabajos pesados, a cargar fusiles que son del mismo tamaño que ellos, a algunas niñas las abusan sexualmente, hasta les implantan dispositivos para prevenir embarazos o les practican abortos”.
Víctimas invisibles
Noticias como ésta, que involucran a niños obligados a participar en una guerra que ni siquiera entienden, desatan la molestia de organizaciones humanitarias y líderes políticos que, ante todo, critican que en los debates de las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros, no haya prioridad para discutir sobre los menores como víctimas. “Se reinician los diálogos de paz en Cuba y de los niños reclutados, es decir secuestrados por las Farc, nadie dice nada. ¿Hasta cuándo?”, dijo en twitter la senadora del partido Verde, Gilma Jiménez.
No es una queja nueva. La Senadora dijo a Kien&Ke que en octubre de 2012, antes de iniciar formalmente las negociaciones entre las Farc y el Gobierno, envió una carta al jefe negociador Humberto de la Calle, en la que le pidió que “como primer punto de discusión entre las partes se concrete la entrega de los menores de edad y por supuesto la suspensión inmediata del secuestro o 'reclutamiento' de niñ@s que en algunas regiones del país se continúa cometiendo”.
“Nunca me respondieron”, dijo Jiménez con tono molesto. “Además se metieron en un lío disciplinario porque la carta era un derecho de petición”, agregó.
Gilma Jiménez, senadora por el partido Verde.
La legisladora, reconocida en Colombia por liderar causas en defensa de los niños, justifica su reclamo porque en el Marco Jurídico para la Paz no queda del todo claro si hay un tratamiento diferencial para los niños como víctimas del conflicto.
“Es inmoral”, dice con vehemencia, “¿Acaso qué es más importante: el tema agrario o los niños secuestrados para la guerra?”
Para la Senadora es igualmente indignante que “ni siquiera sepamos con exactitud cuántos niños han sido secuestrados para la guerra”. Según sus cifras, que cita a través de informes de Naciones Unidas, el ICBF y otras ONG, entre 18 mil y 20 mil menores han sido reclutados en filas de grupos armados ilegales. Oficialmente se sabe que en los últimos años han sido recuperados unos seis mil niños. “Pero todavía debe haber unos 10 mil menores de edad. Es más, muchos entraron siendo niños, y hoy ya serán adultos combatiendo”.
Pero las Farc en varias oportunidades han negado que tengan menores en sus filas. “A mí no me interesan lo que digan ellos. Lo que diga la Farc es lo de menos, lo preocupante es lo que no dice el gobierno, lo que calla”, declaró aún más airada. "Son las víctimas que se quieren invisibilizar", concluyó.
El reclutamiento forzado es una práctica deplorable y ampliamente condenada por el Estado colombiano. La senadora Jiménez la llama también una de las peores formas de esclavitud. Además es perversa. Tanto ella como el brigadier Mario Valencia reconocen que las zonas más vulnerables resultan siendo comunidades alejadas, en selvas y campos, donde es difícil denunciar, impera la ley del miedo, o peor aún, hay familias que venden sus hijos a los subversivos.
"Los obligan a hacer trabajos pesados, a cargar fusiles que son del mismo tamaño que ellos". Brigadier Mario Valencia, comandante de la Fuerza de Tarea Pegazo.
Según sus datos, solamente en Nariño se desmovilizaron en 2012 unos cien guerrilleros. El 20% eran menores de edad. “Sabemos que los bandidos llegan con armas a las casas de los niños, y amenazan a las familias con matarlas si no los entregan. Una menor de edad nos confesó llorando que la obligaron a llevar una bomba a un cuartel de policía, porque si no, le mataban a la mamá”.
El Comandante agregó que sabe que se llevan a niños y niñas desde los doce años de edad. “Los obligan a hacer trabajos pesados, a cargar fusiles que son del mismo tamaño que ellos, a algunas niñas las abusan sexualmente, hasta les implantan dispositivos para prevenir embarazos o les practican abortos”.
Víctimas invisibles
Noticias como ésta, que involucran a niños obligados a participar en una guerra que ni siquiera entienden, desatan la molestia de organizaciones humanitarias y líderes políticos que, ante todo, critican que en los debates de las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros, no haya prioridad para discutir sobre los menores como víctimas. “Se reinician los diálogos de paz en Cuba y de los niños reclutados, es decir secuestrados por las Farc, nadie dice nada. ¿Hasta cuándo?”, dijo en twitter la senadora del partido Verde, Gilma Jiménez.
No es una queja nueva. La Senadora dijo a Kien&Ke que en octubre de 2012, antes de iniciar formalmente las negociaciones entre las Farc y el Gobierno, envió una carta al jefe negociador Humberto de la Calle, en la que le pidió que “como primer punto de discusión entre las partes se concrete la entrega de los menores de edad y por supuesto la suspensión inmediata del secuestro o 'reclutamiento' de niñ@s que en algunas regiones del país se continúa cometiendo”.
“Nunca me respondieron”, dijo Jiménez con tono molesto. “Además se metieron en un lío disciplinario porque la carta era un derecho de petición”, agregó.
Gilma Jiménez, senadora por el partido Verde.
La legisladora, reconocida en Colombia por liderar causas en defensa de los niños, justifica su reclamo porque en el Marco Jurídico para la Paz no queda del todo claro si hay un tratamiento diferencial para los niños como víctimas del conflicto.
“Es inmoral”, dice con vehemencia, “¿Acaso qué es más importante: el tema agrario o los niños secuestrados para la guerra?”
Para la Senadora es igualmente indignante que “ni siquiera sepamos con exactitud cuántos niños han sido secuestrados para la guerra”. Según sus cifras, que cita a través de informes de Naciones Unidas, el ICBF y otras ONG, entre 18 mil y 20 mil menores han sido reclutados en filas de grupos armados ilegales. Oficialmente se sabe que en los últimos años han sido recuperados unos seis mil niños. “Pero todavía debe haber unos 10 mil menores de edad. Es más, muchos entraron siendo niños, y hoy ya serán adultos combatiendo”.
Pero las Farc en varias oportunidades han negado que tengan menores en sus filas. “A mí no me interesan lo que digan ellos. Lo que diga la Farc es lo de menos, lo preocupante es lo que no dice el gobierno, lo que calla”, declaró aún más airada. "Son las víctimas que se quieren invisibilizar", concluyó.
El reclutamiento forzado es una práctica deplorable y ampliamente condenada por el Estado colombiano. La senadora Jiménez la llama también una de las peores formas de esclavitud. Además es perversa. Tanto ella como el brigadier Mario Valencia reconocen que las zonas más vulnerables resultan siendo comunidades alejadas, en selvas y campos, donde es difícil denunciar, impera la ley del miedo, o peor aún, hay familias que venden sus hijos a los subversivos.
