Son muchas las versiones que hay sobre las causas del muy probable cierre de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), más conocida, por los pocos que saben de su existencia, como la universidad de la fiscalía.
Algunas versiones apuntan al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, como el principal responsable del cierre del claustro. Lea también: Estudiantes de la San Martín: “Tenemos con qué competir en el mercado laboral”.
Otras indican que el rector de la universidad, César Augusto Solanilla, y algunos de sus subalternos, debido a faltas internas y a delitos que pudieron haber cometido en el desarrollo de sus funciones administrativas, son los responsables de lo que está ocurriendo.
Según ‘El Tiempo’ los inconvenientes iniciaron por desacuerdos entre Montealegre y Solanilla. Según la publicación porque el segundo no ubicó laboralmente dos referidos del primero. Lea también: Educación gratuita y certificada: Esta es la universidad mundial de los cursos OnLine.
Lo cierto es que el Congreso no aprobó los recursos para el funcionamiento de la CIJ para el 2016.
Sea cuales sean las razones, entre las que también hay posibles sobrecostos de funcionamiento, lo cierto es que hay una crisis al interior de la más reciente universidad pública del país, proyecto liderado por el mismo fiscal general. Según ‘Semana’ la entidad se creó con una inversión superior a los 30 mil millones de pesos. Lea también: La Universidad Sergio Arboleda le apunta al emprendimiento.
Tampoco saben qué va a pasar con el dinero invertido. Sus esperanzas y sueños de graduarse de la que ellos creyeron una de las mejores opciones para profesionalizarse en técnicas de investigación criminalística y judicial están en la inopia. Lea también: Conocieron el éxito sin ir a la universidad.
Carolina Ruiz, alumna de tecnología en investigación criminal y criminalística, vocera de los estudiantes, en diálogo con KienyKe.com dijo que están decepcionados con este proyecto, en el que creyeron y pusieron todas sus expectativas.
“Nos están cortando las alas como profesionales. No es justo que abran la universidad, convoquen estudiantes que creyeron en el proyecto del fiscal general, que invirtieron dinero, tiempo y después, por X o Y circunstancias cierren las puertas de la universidad”.
Carolina dijo que nadie, ni los directivos del claustro, ni desde la fiscalía, ni tampoco desde el Ministerio de Educación les han dado alguna respuesta sobre lo que va a pasar con la universidad ni mucho menos con su futuro como estudiantes.
“Lo que nosotros conocemos sobre las problemáticas y algunas posibles soluciones que han planteado tanto las directivas como la fiscalía, lo sabemos porque lo hemos leído o escuchado en medios de comunicación. Nadie nos ha dado la cara.
“Se tiran la pelota entre unos y otros”, cuenta la representante de los alumnos. Solanilla, el director, dice que la respuesta la tiene el ministerio, el ministerio dice que por ser una entidad adscrita a la fiscalía, es esta entidad la que tendría que dar explicaciones y respuestas”, dice la estudiante.
Hace tres semanas que Solanilla no les da la cara a los jóvenes, entre los que hay menores de edad y algunas personas que llegaron de varias ciudades del país con la única intención de entrar a esta universidad y graduarse, para no hacerlo de los institutos de garaje que regularmente ofrecen criminalística, una opción académica y profesional que está de moda entre los jóvenes.
“Faltan dos semanas para terminar este semestre, el primero de seis que deberíamos cursar y no tenemos las órdenes de pago para el próximo ni la posibilidad de inscribir materias. El panorama para nosotros es oscuro”, cuenta Carolina.
Los estudiantes han escuchado que posiblemente los reubicarán en otras universidades. Pero según la joven representante, esa no es una opción válida, el pensum por el que pagaron no lo tiene ninguna otra universidad del país. Por tal razón no pueden homologar materias y tendrían que empezar de cero, dejando atrás dinero y tiempo.
Otra de las opciones que las víctimas directas de la crisis han escuchado por medios de comunicación es que el fiscal Montealegre, que hace parte del consejo directivo de la institución, convertirá a la universidad, proyecto en el que se invirtieron casi 32 mil millones de pesos, en un centro de altos estudios para capacitar, únicamente, funcionarios activos de la fiscalía.
Esta solución, dice Carolina, tampoco beneficia a los estudiantes que actualmente afrontan el problema, ya que la mayoría de los que cursan la tecnología en investigación criminal y criminalística son jóvenes que apenas inician su vida académica y no están vinculados con el ente investigador. “¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con nosotros?”, se pregunta la líder estudiantil.
“Nos están vulnerando el derecho a la educación”, dice Carolina. Por esa razón en los próximos días, si no obtienen respuestas a un par de derechos de petición que trasladaron a la fiscalía y al Ministerio de Educación para recibir soluciones concretas, los estudiantes de la CIJ harán plantones pacíficos frente a estas dos instituciones (ministerio y fiscalía), acompañados por otros estudiantes de universidades públicas como la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica con quienes ya entablaron conversaciones y de quienes recibieron apoyo.
También dijo la estudiante que están redactando los documentos para poner el caso ante organizaciones internacionales para hacer valer sus derechos como estudiantes.
Aunque saben que no es una situación fácil y que la crisis puede dejarlos sin su universidad, la mayoría de ellos confía en que por tratarse de una universidad pública, por tratarse de la universidad creada por la justicia, al final habrá justicia para ellos, que fueron los que pagaron y creyeron en un proyecto bandera del Fiscal General de la Nación.
¿Y los alumnos qué?
De darse el cierre del claustro los más afectados y menos informados son los 36 estudiantes que tiene en este momento la universidad. Estudiantes que hoy en día, y tras dos meses de conocer que el Estado no les daría plata para seguir funcionando, están en un limbo académico, ya que no saben si la universidad sigue o no.
Tampoco saben qué va a pasar con el dinero invertido. Sus esperanzas y sueños de graduarse de la que ellos creyeron una de las mejores opciones para profesionalizarse en técnicas de investigación criminalística y judicial están en la inopia. Lea también: Conocieron el éxito sin ir a la universidad.
Carolina Ruiz, alumna de tecnología en investigación criminal y criminalística, vocera de los estudiantes, en diálogo con KienyKe.com dijo que están decepcionados con este proyecto, en el que creyeron y pusieron todas sus expectativas.
“Nos están cortando las alas como profesionales. No es justo que abran la universidad, convoquen estudiantes que creyeron en el proyecto del fiscal general, que invirtieron dinero, tiempo y después, por X o Y circunstancias cierren las puertas de la universidad”.
Carolina dijo que nadie, ni los directivos del claustro, ni desde la fiscalía, ni tampoco desde el Ministerio de Educación les han dado alguna respuesta sobre lo que va a pasar con la universidad ni mucho menos con su futuro como estudiantes.
“Lo que nosotros conocemos sobre las problemáticas y algunas posibles soluciones que han planteado tanto las directivas como la fiscalía, lo sabemos porque lo hemos leído o escuchado en medios de comunicación. Nadie nos ha dado la cara.
“Se tiran la pelota entre unos y otros”, cuenta la representante de los alumnos. Solanilla, el director, dice que la respuesta la tiene el ministerio, el ministerio dice que por ser una entidad adscrita a la fiscalía, es esta entidad la que tendría que dar explicaciones y respuestas”, dice la estudiante.
Hace tres semanas que Solanilla no les da la cara a los jóvenes, entre los que hay menores de edad y algunas personas que llegaron de varias ciudades del país con la única intención de entrar a esta universidad y graduarse, para no hacerlo de los institutos de garaje que regularmente ofrecen criminalística, una opción académica y profesional que está de moda entre los jóvenes.
“Faltan dos semanas para terminar este semestre, el primero de seis que deberíamos cursar y no tenemos las órdenes de pago para el próximo ni la posibilidad de inscribir materias. El panorama para nosotros es oscuro”, cuenta Carolina.
Los estudiantes han escuchado que posiblemente los reubicarán en otras universidades. Pero según la joven representante, esa no es una opción válida, el pensum por el que pagaron no lo tiene ninguna otra universidad del país. Por tal razón no pueden homologar materias y tendrían que empezar de cero, dejando atrás dinero y tiempo.
Otra de las opciones que las víctimas directas de la crisis han escuchado por medios de comunicación es que el fiscal Montealegre, que hace parte del consejo directivo de la institución, convertirá a la universidad, proyecto en el que se invirtieron casi 32 mil millones de pesos, en un centro de altos estudios para capacitar, únicamente, funcionarios activos de la fiscalía.
Esta solución, dice Carolina, tampoco beneficia a los estudiantes que actualmente afrontan el problema, ya que la mayoría de los que cursan la tecnología en investigación criminal y criminalística son jóvenes que apenas inician su vida académica y no están vinculados con el ente investigador. “¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con nosotros?”, se pregunta la líder estudiantil.
“Nos están vulnerando el derecho a la educación”, dice Carolina. Por esa razón en los próximos días, si no obtienen respuestas a un par de derechos de petición que trasladaron a la fiscalía y al Ministerio de Educación para recibir soluciones concretas, los estudiantes de la CIJ harán plantones pacíficos frente a estas dos instituciones (ministerio y fiscalía), acompañados por otros estudiantes de universidades públicas como la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica con quienes ya entablaron conversaciones y de quienes recibieron apoyo.
También dijo la estudiante que están redactando los documentos para poner el caso ante organizaciones internacionales para hacer valer sus derechos como estudiantes.
Aunque saben que no es una situación fácil y que la crisis puede dejarlos sin su universidad, la mayoría de ellos confía en que por tratarse de una universidad pública, por tratarse de la universidad creada por la justicia, al final habrá justicia para ellos, que fueron los que pagaron y creyeron en un proyecto bandera del Fiscal General de la Nación.
