Juan Manuel Dávila, el ex novio de la actriz y modelo Valerie Domínguez, está triste. Cuando él y su familia pensaban sellar sus deudas con la justicia por los subsidios irregulares que recibieron del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), un juez echó por tierra la negociación con la Fiscalía. Los Dávila aspiraban a una pena no superior a los dos años y al pago de una multa, pero al juez que revisó le pareció irrisoria la negociación.
Como parte del acuerdo, Juan Manuel Dávila Jimeno; su esposa, María Clara Fernández, y sus hijos, Ana María y Juan Manuel, estaban listos para declarar contra el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, contra la propia Valerie Domínguez y otros beneficiarios del controvertido programa del Ministerio.
Pero por ahora su negociación quedó en suspenso mientras un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá la revisa.
La ex reina Valerie Dominguez saliendo del juzgado.
El más afectado con la decisión es el ex novio de Valerie, quien en privado ha dicho que quería sellar cuanto antes su pacto con la Fiscalía, no sólo para dejar de ser centro de atención de los medios, sino para que la justicia no ahondara en actuaciones aparentemente irregulares cometidas en el pasado que lo comprometen.
Una de éstas tendría que ver, como lo reveló Kien&Ke, con su participación al ocultar en un apartamento de su propiedad a su cuñado, David Toledo Esquenazi, un empresario caleño que terminó condenado por la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2010 por peculado por apropiación, luego de haber falsificado mandamientos de pago provenientes de conciliaciones entre el Estado y 168 trabajadores de Foncolpuertos. Esquenazi había hecho la maniobra cuando fue gerente del Fondo Financiero Especializado del Municipio de Cali (Bancali).
Ese ocultamiento quedó evidenciado en un correo electrónico que Juan Manuel le envió a Valerie en mayo de 2010, donde hablaban del asunto de Esquenazi y donde ella mostró su descontento por esta maniobra.
La familia Dávila trató de sacar barata una negociación con la Fiscalía por los subsidios irregulares que recibió del gobierno.
Juan Manuel tampoco quiere que la justicia indague sobre otros negocios suyos en la Costa Atlántica, especialmente los que tienen que ver con la compra y venta de tierras en zonas protegidas.
Así las cosas, los Dávila tendrán que aplazar los señalamientos que tenían previstos, y si un magistrado así lo decide, podrían ser condenados a una pena que no tenían prevista.
