El sacerdote jesuita Javier Giraldo denunció hace siete años al teniente coronel (R) Néstor Duque ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por su presunta participación en varios crímenes mientras cuando era el comandante del batallón Bejarano Muñoz, de la Séptima Brigada del Ejército con sede en Carepa. El padre y los defensores de derechos humanos Elkin Ramírez y Miguel Afanador lo habían señalado incluso de haber participado en la tortura de dos campesinos de la región, que ocurrió el 22 de diciembre de 2004. El militar no solo negó los hechos sino que denunció al Padre por injuria, calumnia y falsa denuncia. Siete años después la fiscalía cerró la investigación y de le dio la razón al Padre. Historias como éstas se repiten con frecuencia, desde hace 25 años cuando el Padre Giraldo decidió empezar a denunciar frente a todas las instancias judiciales nacionales e internacionales excesos de las fuerzas militares e irregularidades de los grupos armados ilegales, especialmente los paramilitares.
Cuando apenas comenzaba su carrera, en 1965, Javier Giraldo tuvo un encuentro que definió su camino en la vida. Una mañana, mientras cumplía sus labores como voluntario en un hospital de caridad en Medellín, escuchó una algarabía que llamó su atención. Al salir al pasillo vio un tumulto que rodeaba al padre Camilo Torres. Médicos, enfermeras y pacientes querían saludarlo, pedir su bendición. Javier se acercó para escuchar su discurso. “Las palabras de Camilo tocaron mi alma”, cuenta hoy, 46 años después, mientras se alista para celebrar una misa en conmemoración de su muerte, en la capilla de la Universidad Nacional, donde fue capellán en 1959. Su posición frente a la injusticia, su compromiso por generar un verdadero cambio en nuestra sociedad, lo convirtieron en uno de sus partidarios.
Desde aquel encuentro lejano, el padre Giraldo supo que su vida estaría dedicada a defender a los oprimidos. Como todos los colombianos de la época, vivió la incertidumbre de no saber qué había pasado cuando Torres desapareció de la escena pública, en diciembre de 1965, hasta cuando se supo en enero del año siguiente que había ingresado al ELN. El 16 de febrero de ese año murió en su primer combate. Javier entendió desde entonces que continuaría su obra, pero por un camino distinto al de las armas. Seguiría los pasos de los curas de Golconda, de monseñor Valencia Cano y tantos otros comprometidos con la Teología de la Liberación.
Desde principios de los 80, cuando se dio inicialmente en el Magdalena Medio la diabólica alianza ente los grupos paramilitares y el narcotráfico, con la anuencia de algunos miembros de las Fuerzas Armadas y que disparó el exterminio contra la Unión Patriótica, el padre Javier Giraldo, empezó a actuar. Ya ordenado como sacerdote Jesuita, con estudios en sociología, literatura, filosofía y teología, fue nombrado en la dirección del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, fundado por la Compañía de Jesús.
Desde 1965, el padre Giraldo se ha dedicado a defender a los oprimidos.
El padre Giraldo inició un banco de datos para documentar los crímenes contra campesinos, defensores de Derechos Humanos y contra cientos de militantes de la UP. Recopiló historias de testigos, familiares y vecinos de las víctimas, relatos de las primeras masacres, como la de Mapiripán, en el Meta, y los asesinatos en serie en Barrancabermeja, para enriquecer las investigaciones. Los expedientes de muchos casos que no se judicializaron permanecieron cuidados en el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Lo testimonios y denuncias que recogieron los mismos sacerdotes en el terreno le permitieron al padre Giraldo visualizar de primera mano la relación que empezaba a cocinarse entre las fuerzas del Estado y los paramilitares.
Su forma de investigar generó polémica al interior del Cinep y oposición entre los que consideraban que su trabajo debería ceñirse a los requerimientos judiciales. Giraldo decidió entonces tomar distancia y fundar una nueva Organización No Gubernamental, que nació como la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (CIJP), que reunía a los representantes de sesenta congregaciones católicas del país para luchar por los Derechos Humanos. Giraldo fue su secretario General hasta 1998. Se dedicaron a actuar como funcionarios judiciales alternativos, que llegaban a las regiones del país donde se presentaban masacres y desplazamientos para registrar con detalle la situación y ayudar a las víctimas.
Uno de los primeros casos que documentó fue el del Carmen de Chucurí, Santander. Recopiló las historias de los cientos de campesinos que tuvieron que abandonar sus tierras tras la llegada de los grupos paramilitares. Confirmó la complicidad de miembros de la fuerza pública y lo denunció. Descubrió entonces que los entes investigadores, Dirección de Instrucción Criminal, Procuraduría y luego la Fiscalía General, aprovechaban los testimonios recaudados por ellos para identificar a los sobrevivientes y judicializarlos, mientras los victimarios permanecían incólumes, una situación que vio repetirse en distintas regiones del país. El comandante de las Fuerzas militares lo demandó por injuria y calumnia. Nada ni nadie lo detuvo.
Giraldo y su comisión reconstruyeron también la masacre de Trujillo, Valle, en 1986, en la que identificaron, mucho antes de que la justicia lo aceptara, la estrecha relación entre paramilitares, hombres del F-2 y el batallón Palacé, de Buga. El paramilitar Daniel Arcila relató las atrocidades, pero una vez más la balanza de la justicia, inclinada del lado de los victimarios, invalidó el testimonio, al decir que estaba loco. Cuando la Comisión de Justicia y paz consiguió la autorización para que se realizaran nuevos exámenes psiquiátricos para controvertir esta condición, Arcila ya había sido descuartizado por los mismos asesinos. En 1995, cuando en el gobierno de Ernesto Samper se creó una Comisión de la Verdad para reconstruir los hechos de Trujillo, se ratificaron las denuncias del padre Giraldo, que se convirtieron en la base del primer informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, publicado en 2008.
Sus investigaciones lo llevaron luego al Meta, en 1996. Documentó con su equipo de trabajo de campo los casos de más de mil personas, muchas de ellas militantes de la UP, que fueron víctimas de la violencia paramilitar ejercida por el grupo de Víctor Carranza. Los esfuerzos del Comité Cívico del Meta terminaron en sentencia absolutoria y los del padre Giraldo, inútiles.
La radicalidad de las denuncias de Justicia y Paz le generó también amonestaciones por parte
Desde 1965, el padre Giraldo se ha dedicado a defender a los oprimidos.
El padre Giraldo inició un banco de datos para documentar los crímenes contra campesinos, defensores de Derechos Humanos y contra cientos de militantes de la UP. Recopiló historias de testigos, familiares y vecinos de las víctimas, relatos de las primeras masacres, como la de Mapiripán, en el Meta, y los asesinatos en serie en Barrancabermeja, para enriquecer las investigaciones. Los expedientes de muchos casos que no se judicializaron permanecieron cuidados en el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Lo testimonios y denuncias que recogieron los mismos sacerdotes en el terreno le permitieron al padre Giraldo visualizar de primera mano la relación que empezaba a cocinarse entre las fuerzas del Estado y los paramilitares.
Su forma de investigar generó polémica al interior del Cinep y oposición entre los que consideraban que su trabajo debería ceñirse a los requerimientos judiciales. Giraldo decidió entonces tomar distancia y fundar una nueva Organización No Gubernamental, que nació como la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (CIJP), que reunía a los representantes de sesenta congregaciones católicas del país para luchar por los Derechos Humanos. Giraldo fue su secretario General hasta 1998. Se dedicaron a actuar como funcionarios judiciales alternativos, que llegaban a las regiones del país donde se presentaban masacres y desplazamientos para registrar con detalle la situación y ayudar a las víctimas.
Uno de los primeros casos que documentó fue el del Carmen de Chucurí, Santander. Recopiló las historias de los cientos de campesinos que tuvieron que abandonar sus tierras tras la llegada de los grupos paramilitares. Confirmó la complicidad de miembros de la fuerza pública y lo denunció. Descubrió entonces que los entes investigadores, Dirección de Instrucción Criminal, Procuraduría y luego la Fiscalía General, aprovechaban los testimonios recaudados por ellos para identificar a los sobrevivientes y judicializarlos, mientras los victimarios permanecían incólumes, una situación que vio repetirse en distintas regiones del país. El comandante de las Fuerzas militares lo demandó por injuria y calumnia. Nada ni nadie lo detuvo.
Giraldo y su comisión reconstruyeron también la masacre de Trujillo, Valle, en 1986, en la que identificaron, mucho antes de que la justicia lo aceptara, la estrecha relación entre paramilitares, hombres del F-2 y el batallón Palacé, de Buga. El paramilitar Daniel Arcila relató las atrocidades, pero una vez más la balanza de la justicia, inclinada del lado de los victimarios, invalidó el testimonio, al decir que estaba loco. Cuando la Comisión de Justicia y paz consiguió la autorización para que se realizaran nuevos exámenes psiquiátricos para controvertir esta condición, Arcila ya había sido descuartizado por los mismos asesinos. En 1995, cuando en el gobierno de Ernesto Samper se creó una Comisión de la Verdad para reconstruir los hechos de Trujillo, se ratificaron las denuncias del padre Giraldo, que se convirtieron en la base del primer informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, publicado en 2008.
Sus investigaciones lo llevaron luego al Meta, en 1996. Documentó con su equipo de trabajo de campo los casos de más de mil personas, muchas de ellas militantes de la UP, que fueron víctimas de la violencia paramilitar ejercida por el grupo de Víctor Carranza. Los esfuerzos del Comité Cívico del Meta terminaron en sentencia absolutoria y los del padre Giraldo, inútiles.
La radicalidad de las denuncias de Justicia y Paz le generó también amonestaciones por parte
del Nuncio Apostólico.
En marzo de 1997 Justicia y Paz llegó a Turbo, municipio del Urabá antioqueño, para organizar el acompañamiento de miles de pobladores de treinta comunidades que habían sido desplazadas a lo largo del río Atrato. Allí se encontró de frente con los relatos sobre los horrores contra los pobladores, por parte de los paramilitares con complicidad de la Brigada XVII de Ejército, al mando del general Rito Alejo de Río, en el marco de la operación Génesis. Las denuncias de Justicia y Paz contra el oficial y sus hombres generaron una grave situación de amenazas contra el padre Giraldo, que lo obligaron a asilarse y buscar protección en las comunidades jesuitas en Estados Unidos y Holanda.
Antes de su exilio apoyó la creación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como una figura del Derecho Internacional para proteger poblaciones en conflicto. En el 2003 comenzó también un trabajo en defensa de campesinos negros, indígenas y comunidades en general que habitaban la región de Curvaradó y Jiguamiandó en el Urabá chocoano y que fueron desplazados por los paramilitares comandados por El alemán. Nacieron entonces las Zonas Humanitarias, que han recibido apoyo internacional pero también han sido vistas con mucha reserva.
La radicalidad de las denuncias de Justicia y Paz le generó también amonestaciones por parte del Nuncio Apostólico, que exigió cambios en las directivas de la Comisión de Justicia y Paz, una presión que terminó en la disolución de la Comisión en 2003.
Durante sus 18 meses fuera del país, el Padre Giraldo no logró adaptarse a su nueva condición. Sin embargo estableció una red importante de relaciones internacionales dentro y fuera de la Compañía de Jesús. Regresó, a pesar de que las amenazas en su contra persistían: “Uno siente que perdió su libertad, que no puede estar tranquilo. Yo no estaba vinculado a proyecto alguno en esos países, solo protegiéndome”, relata, y complemente: “Volví a pesar de que el general Tapias, entonces comandante de las Fuerzas Militares, trató de convencerme de no hacerlo”.
Desde su regreso, la lucha fue cada día más solitaria. Regresó al Cinep y continuó con la publicación de las investigaciones en la revista Noche y Niebla, en la que escribió incluso desde el exilio. La defensa de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se convirtió en uno de sus principales focos de atención. “Luis Eduardo Guerra, el líder histórico de la comunidad, que fue asesinado en la masacre de 2005, me buscó y me pidió que los siguiera acompañando. Empecé a visitarlos a pesar de las restricciones de seguridad. Ellos me fueron encargando de representarlos, pues rompieron con grupos de abogados con los que no se entendieron. Me convertí prácticamente su vocero”, cuenta. Ha visto tanto que se ha dedicado a buscar mecanismos en la justicia nacional y extranjera para esclarecer más de 200 crímenes perpetrados al interior de esa comunidad desde su fundación en 1996 hasta hoy, incluyendo la masacre ocurrida en 2005, por la que han sido judicializados más de veinte miembros del Ejército.
Su frustración con la lentitud y "la podredumbre de nuestra justicia" lo ha forzado a usar otras vías contra la impunidad, como las demandas ante tribunales internacionales, las mociones de censura y constancias históricas, plasmadas en cartas y documentos que envía a personas y organismos en Colombia y el exterior y a los medios de comunicación, para que nunca se olviden los crímenes. Este fue el caso del expediente que construyó contra Santiago Uribe, el hermano del ex presidente, por las acciones de un grupo conocido como los 12 Apóstoles en Buenos Aires, bajo el amparo del Premio Nobel Pérez Esquivel. Y también la cruzada que emprendió para impedir la cátedra del ex presidente Uribe en la Universidad de Georgetown. Le envió una dura carta al padre John Dear que le dio la vuelta al mundo por la Web y fue traducida en varios idiomas. El ambiente en la universidad estadounidense se enturbió.
El ex presidente lo demandó por injuria y calumnia, pero el Padre ha resuelto no acudir a los tribunales de justicia colombiana porque siente que no le ofrecen las garantías mínimas. Explicó su objeción de conciencia en un texto lleno de detalles de sus años como defensor de Derechos Humanos, que lo han llevado a asumir esta posición.
Las amenazas son el pan de cada día. Pero él no acepta la protección del Estado. “Hace años fui a dictar una conferencia en la UIS en Bucaramanga. Un grupo de profesores, sin consultarme, pidió un carro blindado y desde que llegué al aeropuerto me metieron ahí a la fuerza. Es el único día de mi vida que he tenido escoltas. Ese día tomé la decisión de jamás volver a aceptar algo así. Si matan a otro por defenderme a mí yo no podría seguir viviendo con ese remordimiento”.
Al interior de la Compañía de Jesús el padre Giraldo es una persona muy respetada, con Francisco D. Roux, el provincial de los jesuitas a la cabeza. “Como Superior del Padre Javier Giraldo S.J., quiero expresar públicamente que él es miembro de nuestra comunidad y que tiene todo el apoyo de la Compañía de Jesús en su lucha por los derechos humanos (…). Javier Giraldo S.J. no es ni ha sido jamás guerrillero como pretenden señalarlo sus detractores”. Aunque muchos no comparten su visión y prefieren tomar distancia. En abril de 2010, cuando aparecieron en Bogotá una serie de grafitis que anunciaban su asesinato, la discusión sobre su seguridad volvió a encenderse. “Aquí le han dicho que por favor acepte que lo cuiden, que el Espíritu Santo no tiene chaleco antibalas, pero él asegura que si una bala entra en su cuerpo, será designo de Dios”, cuenta un investigador del Cinep.
El padre Giraldo asegura que si Camilo Torres viviera hoy, no sería guerrillero, porque la insurgencia colombiana hace rato que perdió el rumbo. Sin embargo, comparte la visión que plasmó el investigador Orlando Fals Borda en el capítulo final del libro Camilo, Mensajes Visionarios, que el padre compiló durante los últimos años y acaba de lanzar con motivo de los 45 años de su muerte. “Sería un activista inquieto, pendiente de muchas cosas, organizando movimientos sociales, procesos de paz, documentando denuncias, buscando solidaridades continentales, cosas así. Creo que Orlando tenía mucha razón, él no se hubiera quedado encerrado allá en el monte”. Como tampoco el padre Giraldo, quien ha hecho su cruzada de vida la defensa de los débiles y las víctimas de los atropellos de quienes ostentan los distintos poderes. “Es muy importante unir fuerzas, porque esas propuestas de un cambio son más urgentes hoy que nunca. Debemos cerrar filas alrededor de los movimientos sociales que buscan un cambio”. Unas posiciones
