Pedían 908 billones. Sí, con B. Aquella demanda, el recurso interpuesto por cuatro hermanos, podría quebrar a todo el país o endeudarlo como nunca antes. Los hombres exigían una indemnización al Incora por las tierras que, según ellos, les habían sido expropiadas y que abarcaban casi dos mil kilómetros cuadrados del departamento de Antioquia. El equivalente a la mitad de Risaralda.
Entonces empezaron las habituales especulaciones: que si ganaban la demanda cada colombiano debería pagar unos 10 millones de pesos. Que la plata que exigían como indemnización significaba cuatro años de presupuesto nacional. Que de prosperar, quedaríamos en bancarrota.
El 7 de noviembre de 2012, cuando estaba a punto de conocerse el fallo en un edificio en el norte de Bogotá, la tensión era evidente.
En la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se esperaba, como nunca antes, el pronunciamiento del Consejo de Estado, la última instancia de un proceso que culminaba después de diez años. La Alta Corte falló a favor del demandado. El país se había salvado de caer en un abismo, y en la Agencia, donde minutos antes reinaba la tensión, se respiraba alivio.
Era un histórico triunfo para la oficina, que no lleva más de un año operando y donde trabajan 68 funcionarios. Se trata de una construcción republicana de tres pisos llena de pequeños escritorios atestados de pilas de papel: archivos de miles de procesos administrativos de ciudadanos que reclaman reparación al Estado por alguna vulneración a sus derechos. La Agencia de Defensa Jurídica fue instaurada por el Gobierno para evitar un desangre de dinero por peticiones injustas, insólitas o de sumas exageradas.
Más allá de aquella fallida demanda por 908 billones de pesos, hay historias de insólitas peticiones en busca de reparación económica oficial. Hace casi cinco años, tres presos en Popayán demandaron al Inpec por lesiones personales luego de caer de un camarote en su celda. Otro convicto, un año antes, instauró una demanda porque no se sintió cómodo con la atención recibida luego de sufrir una caída mientras jugaba fútbol. Las demandas en estos casos fueron de hasta 750 millones de pesos. También ante el Inpec, y esta vez con éxito, un recluso ganó 175 salarios mínimos luego de demandar por hacinamiento carcelario y decirse víctima de daños morales.
El liquidado Seguro Social es la entidad que más demandas tiene. Casi 98 mil procesos activos.
Foto: Vanguardia Liberal
En las pasadas elecciones un ciudadano resultó lesionado por la tinta indeleble que se usa durante las votaciones. Al parecer, el sujeto resultó alérgico al químico y pidió por el daño 10 millones de pesos a la Registraduría.
Son 245 mil las demandas actuales contra el Estado. Según advirtió la directora de la Agencia de Defensa Jurídica, Adriana Guillén Arango, la cifra podría ser mucho mayor, porque sólo se está considerando el número de procesos en entidades del orden nacional y en algunos municipios de categoría 4, 5 o 6.
Si bien la nación respiró tranquila luego de salvarse de la multimillonaria demanda contra el antiguo Incora, aún quedan 294 billones de pesos en pleito. “Eso sigue siendo mucha plata”, dijo a Kien&Ke Adriana Guillén.
“Hay dos tipos de demandas entre esas miles que estamos procesando: las primeras son aquellas donde los particulares piden el reconocimiento justo de sus derechos. Hay otras cuyas pretensiones no son racionales. Son exorbitantes”, expresó Guillén al comienzo de la entrevista, tratando de aclarar que la entidad que maneja está interesada en sacar bien librado al Estado cuando lo merezca, pero también en obligar al pago cuando la petición ciudadana sea justa.
“Y ese es el problema. ¿Cómo es posible que haya algunas entidades que han sido condenadas, que saben que la sentencia fue justa, y no han pagado? Lo que esto nos genera es más pérdida de dinero, porque entre más se dilate el pago de la indemnización, más intereses se cobran”, aseguró.
Los pleitos en los que algunos demandantes piden reparación por DMG, significan un reto de defensa para la Nación.
La Agencia lleva pocos meses y hasta ahora está tratando de encontrar, entre las numerosas oficinas estatales, el número de procesos exactos en su contra.
Para Guillén, la entidad “no solo busca defender al Estado. Necesita corregir las razones por las que es demandado”. Según confiesa, hasta hace unos meses la protección de lo público estaba descuidada, incluso en el número de defensores. En la actualidad cuentan con 3.719 abogados, pero no es suficiente.
"Hemos encontrado oficinas donde tienen solo a un abogado, responsable de atender más de 300 procesos al mes. Es absurdo, por eso lo más probable es que, si tiene suerte, en esos treinta días se haga una revisión de 30 minutos por cada caso. Por eso los perdemos”.
En pocas palabras, en el mediano plazo el propósito de la Agencia es tener un ejército de abogados que sirvan sólo a los intereses del Estado y logren conciliar. Pero es difícil. Guillén reconoce que convencer a un abogado a sentarse para dialogar no es pan comido, a sabiendas de que espera una comisión hasta del 70% por una millonaria demanda. “Pero para evitar más daños a los recursos del país, debemos unificar procesos y llevar a arreglos la mayoría de casos”.
“No se imagina lo costoso que es cada demanda. No solo implica lo que cobra un funcionario judicial. Tampoco es únicamente el costo de la sentencia que resulta de todo el proceso. También cuando se apela hay más costos en trámites y cuando las condenas se aplazan, acumulan intereses”, puntualizó.
Muchas veces, de cada cien pesos gastados en condenas, 65 son intereses porque éstas no se pagaron a tiempo. En promedio se estima que una demanda contra el Estado puede durar en proceso entre cuatro y siete años. Ahora es más rápido, antes tardaban más de doce años.
La batalla hasta ahora comienza
Aún no es tiempo de hablar de una guerra ganada. Hay casi una decena de demandas semanales contra alguna entidad del gobierno. Algunas son batallas titánicas. “Se acerca un proceso difícil por captadoras ilegales como DMG. Se han asociado grupos de abogados que buscan atacar al Estado. En total esperan indemnizaciones por unos 36.9 billones de pesos”. De solucionarse esta pelea a favor del Estado, la cuantía en las demandas contra el gobierno se reduciría en un 15%. Pero aún habría más problemas por resolver.
Las entidades más demandadas lo son por temas laborales o pensionales. El liquidado Seguro Social encabeza la lista con unos 98 mil procesos activos, casi todos de personas que reclaman su jubilación. Le sigue la Caja de Retiro de la Policía Nacional, con más de 16 mil casos. El tercer lugar es para el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. La Fiscalía, Cajanal, la Policía e incluso el Ministerio de Defensa también figuran en la lista de los más demandados.
Fuente: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado / octubre 2012.
Quedan sin sumar cientos de juicios en alcaldías de poblaciones pequeñas. Tampoco se cuentan las indemnizaciones que se piden al Estado desde la jurisdicción ordinaria que, según Guillén, son muchas. Y ni hablar de las sentencias contra el país provenientes de tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA.
“Lo que no se piensa es que todos esos millones que se pagan en indemnizaciones los terminamos asumiendo todos los colombianos”, agregó Guillén. La vulnerabilidad institucional es el principal correctivo que la Agencia planea realizar para disminuir el número de demandas. En seguida, una defensa eficiente que evite, como sucede ahora, que el Estado sólo gane 27 de cada 100 causas en su contra.
El liquidado Seguro Social es la entidad que más demandas tiene. Casi 98 mil procesos activos.
Foto: Vanguardia Liberal
En las pasadas elecciones un ciudadano resultó lesionado por la tinta indeleble que se usa durante las votaciones. Al parecer, el sujeto resultó alérgico al químico y pidió por el daño 10 millones de pesos a la Registraduría.
Son 245 mil las demandas actuales contra el Estado. Según advirtió la directora de la Agencia de Defensa Jurídica, Adriana Guillén Arango, la cifra podría ser mucho mayor, porque sólo se está considerando el número de procesos en entidades del orden nacional y en algunos municipios de categoría 4, 5 o 6.
Si bien la nación respiró tranquila luego de salvarse de la multimillonaria demanda contra el antiguo Incora, aún quedan 294 billones de pesos en pleito. “Eso sigue siendo mucha plata”, dijo a Kien&Ke Adriana Guillén.
“Hay dos tipos de demandas entre esas miles que estamos procesando: las primeras son aquellas donde los particulares piden el reconocimiento justo de sus derechos. Hay otras cuyas pretensiones no son racionales. Son exorbitantes”, expresó Guillén al comienzo de la entrevista, tratando de aclarar que la entidad que maneja está interesada en sacar bien librado al Estado cuando lo merezca, pero también en obligar al pago cuando la petición ciudadana sea justa.
“Y ese es el problema. ¿Cómo es posible que haya algunas entidades que han sido condenadas, que saben que la sentencia fue justa, y no han pagado? Lo que esto nos genera es más pérdida de dinero, porque entre más se dilate el pago de la indemnización, más intereses se cobran”, aseguró.
Los pleitos en los que algunos demandantes piden reparación por DMG, significan un reto de defensa para la Nación.
La Agencia lleva pocos meses y hasta ahora está tratando de encontrar, entre las numerosas oficinas estatales, el número de procesos exactos en su contra.
Para Guillén, la entidad “no solo busca defender al Estado. Necesita corregir las razones por las que es demandado”. Según confiesa, hasta hace unos meses la protección de lo público estaba descuidada, incluso en el número de defensores. En la actualidad cuentan con 3.719 abogados, pero no es suficiente.
"Hemos encontrado oficinas donde tienen solo a un abogado, responsable de atender más de 300 procesos al mes. Es absurdo, por eso lo más probable es que, si tiene suerte, en esos treinta días se haga una revisión de 30 minutos por cada caso. Por eso los perdemos”.
En pocas palabras, en el mediano plazo el propósito de la Agencia es tener un ejército de abogados que sirvan sólo a los intereses del Estado y logren conciliar. Pero es difícil. Guillén reconoce que convencer a un abogado a sentarse para dialogar no es pan comido, a sabiendas de que espera una comisión hasta del 70% por una millonaria demanda. “Pero para evitar más daños a los recursos del país, debemos unificar procesos y llevar a arreglos la mayoría de casos”.
“No se imagina lo costoso que es cada demanda. No solo implica lo que cobra un funcionario judicial. Tampoco es únicamente el costo de la sentencia que resulta de todo el proceso. También cuando se apela hay más costos en trámites y cuando las condenas se aplazan, acumulan intereses”, puntualizó.
Muchas veces, de cada cien pesos gastados en condenas, 65 son intereses porque éstas no se pagaron a tiempo. En promedio se estima que una demanda contra el Estado puede durar en proceso entre cuatro y siete años. Ahora es más rápido, antes tardaban más de doce años.
La batalla hasta ahora comienza
Aún no es tiempo de hablar de una guerra ganada. Hay casi una decena de demandas semanales contra alguna entidad del gobierno. Algunas son batallas titánicas. “Se acerca un proceso difícil por captadoras ilegales como DMG. Se han asociado grupos de abogados que buscan atacar al Estado. En total esperan indemnizaciones por unos 36.9 billones de pesos”. De solucionarse esta pelea a favor del Estado, la cuantía en las demandas contra el gobierno se reduciría en un 15%. Pero aún habría más problemas por resolver.
Las entidades más demandadas lo son por temas laborales o pensionales. El liquidado Seguro Social encabeza la lista con unos 98 mil procesos activos, casi todos de personas que reclaman su jubilación. Le sigue la Caja de Retiro de la Policía Nacional, con más de 16 mil casos. El tercer lugar es para el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. La Fiscalía, Cajanal, la Policía e incluso el Ministerio de Defensa también figuran en la lista de los más demandados.
Fuente: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado / octubre 2012.
Quedan sin sumar cientos de juicios en alcaldías de poblaciones pequeñas. Tampoco se cuentan las indemnizaciones que se piden al Estado desde la jurisdicción ordinaria que, según Guillén, son muchas. Y ni hablar de las sentencias contra el país provenientes de tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA.
“Lo que no se piensa es que todos esos millones que se pagan en indemnizaciones los terminamos asumiendo todos los colombianos”, agregó Guillén. La vulnerabilidad institucional es el principal correctivo que la Agencia planea realizar para disminuir el número de demandas. En seguida, una defensa eficiente que evite, como sucede ahora, que el Estado sólo gane 27 de cada 100 causas en su contra.
