El pasado viernes 26 de octubre, Marco Fidel Ramírez, quien es Concejal por el Partido de Integridad Nacional y también ejerce como pastor y se hace llamar el ‘Concejal de la familia’, solicitó durante la plenaria del Concejo que se le entregue una lista de nombres que incluya la hoja de vida de cada uno de los empleados homosexuales del canal de televisión Canal Capital. Esta petición viene acompañada de un cuestionario. La W radio presentó algunas de las preguntas:
¿Cuántos miembros de la comunidad LBGTI hacen parte de la nómina de Canal Capital actualmente? Anexe las hojas de vidas.
¿Cuántos miembros de Canal Capital que hacen parte de la comunidad LGBTI, se encuentran vinculados por contrato laboral, libre nombramiento y remoción, o cargo de carrera?
¿Cuáles son las asignaciones salariales o de honorarios de los miembros de comunidad LGBTI dentro de Canal Capital?
¿Cuánto costó la fiesta de lanzamiento de El Sofá que se hizo en Theatron de Chapinero?
¿Qué altas personalidades del gobierno distrital acudieron a esta fiesta de lanzamiento?
¿Cuánto les pagan a los presentadores del programa El Sofá?
¿Qué tipo de vinculación legal o contractual tienen los presentadores de El Sofá, con Canal Capital?
¿Cuáles son los nombres de las personas que hacen parte de la producción y realización del programa El Sofá? Anexe hojas de vida.
Las reacciones de diferentes sectores no se han hecho esperar. Angélica Lozano, quien es Concejala de Bogotá por el Movimiento Progresista (2012-2015) y también activista, declaró a través de su cuenta de Twitter:
"Obsesión LGBTI raya con odio", y "Concejal Marco Fidel debería cambiar obsesión LGBTI y trabajar por su comunidad: su antecesor, concejal cristiano, mató la esposa". Se refiere aquí al ex concejal Vladimir Melo, quien fue sentenciado a casi 42 años de cárcel por orquestar el asesinato de su esposa en su propia casa y dejó huérfanos a sus hijos. Lozano agregó: “Algunos concejales dejamos constancia de q son preguntas inconstitucionales e ilegales”.
El concejal Ramírez también acudió a su cuenta de Twitter para defenderse de las acusaciones y escribió: “Progresistas y Polo lideran persecución político religiosa contra el Concejal de la Familia para impedir debate a Canal Capital”, “¡Queremos una mejor Bogotá para nuestros hijos e hijas! Necesitamos volver a los principios y valores”, “Somos muchos los bogotanos que amamos y defendemos la vida y la familia”, “¡Seguiré levantando mi voz en defensa de la VIDA y de la FAMILIA, causa suprema!”, “Seguiré reclamando que el Canal Capital debe servir a todos los bogotanos y no sólo al grupo que nos gobierna en el Palacio Liévano”, “Censura que pretenden aplicar algunos Polistas y progresistas al Concejal de la Familia por debate Canal Capital, recuerda oscuras épocas Maoistas” y “Como Concejal puedo ejercer control político presentando proposiciones que estime convenientes”.
Además, desde su oficina se emitió un comunicado de prensa refiriéndose a los hechos que declara:
“No se puede estigmatizar a una persona para indisponerla con un sector de la ciudadanía, por tener posiciones claras y contundentes… Estoy haciendo uso de mi derecho de expresión consagrado en la Constitución Nacional y dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 348 de 2008, artículo 57, que me faculta para presentar las proposiciones que estime convenientes y en virtud de ellas puedo formular los cuestionarios para ejercer el control político, que es la función de un concejal avalado por la ley. Por el hecho de preguntar en desarrollo de una proposición, no se puede tildar, irresponsablemente un interrogante como discriminatorio u homofóbico. El hacer acusaciones sin fundamento alguno, puede rayar en la temeridad o mala fe, que es un hecho sancionado por la ley”.
Kien&Ke conversó con Natalia Sorzano, la coordinadora para minorías LGBTI del Ministerio del Interior, quien estuvo de acuerdo con la concejala Angélica Lozano. Sorzano afirmó que a pesar de que el concejal Ramírez tiene derecho a dar declaraciones homofóbicas, ejerciendo así su derecho a la libertad de expresión, también tiene una obligación legal de cumplir con sus funciones públicas y garantizar los derechos de todos los ciudadanos sin excepción. De igual manera, menciona que pueden usarse herramientas jurídicas como la tutela o una denuncia penal en su contra, en donde las partes deberán defender sus posiciones y quedará en manos del juez velar por el interés general. Al ejercer su derecho de la libre expresión, el concejal Ramírez está discriminando a la comunidad LGBTI, que puede apelar a su derecho a la igualdad, al desarrollo de la autonomía y la libre personalidad, a la intimidad y la igualdad, que son los principios fundamentales de la Corte Constitucional.
El concejal Ramírez también acudió a su cuenta de Twitter para defenderse de las acusaciones y escribió: “Progresistas y Polo lideran persecución político religiosa contra el Concejal de la Familia para impedir debate a Canal Capital”, “¡Queremos una mejor Bogotá para nuestros hijos e hijas! Necesitamos volver a los principios y valores”, “Somos muchos los bogotanos que amamos y defendemos la vida y la familia”, “¡Seguiré levantando mi voz en defensa de la VIDA y de la FAMILIA, causa suprema!”, “Seguiré reclamando que el Canal Capital debe servir a todos los bogotanos y no sólo al grupo que nos gobierna en el Palacio Liévano”, “Censura que pretenden aplicar algunos Polistas y progresistas al Concejal de la Familia por debate Canal Capital, recuerda oscuras épocas Maoistas” y “Como Concejal puedo ejercer control político presentando proposiciones que estime convenientes”.
Además, desde su oficina se emitió un comunicado de prensa refiriéndose a los hechos que declara:
“No se puede estigmatizar a una persona para indisponerla con un sector de la ciudadanía, por tener posiciones claras y contundentes… Estoy haciendo uso de mi derecho de expresión consagrado en la Constitución Nacional y dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 348 de 2008, artículo 57, que me faculta para presentar las proposiciones que estime convenientes y en virtud de ellas puedo formular los cuestionarios para ejercer el control político, que es la función de un concejal avalado por la ley. Por el hecho de preguntar en desarrollo de una proposición, no se puede tildar, irresponsablemente un interrogante como discriminatorio u homofóbico. El hacer acusaciones sin fundamento alguno, puede rayar en la temeridad o mala fe, que es un hecho sancionado por la ley”.
Kien&Ke conversó con Natalia Sorzano, la coordinadora para minorías LGBTI del Ministerio del Interior, quien estuvo de acuerdo con la concejala Angélica Lozano. Sorzano afirmó que a pesar de que el concejal Ramírez tiene derecho a dar declaraciones homofóbicas, ejerciendo así su derecho a la libertad de expresión, también tiene una obligación legal de cumplir con sus funciones públicas y garantizar los derechos de todos los ciudadanos sin excepción. De igual manera, menciona que pueden usarse herramientas jurídicas como la tutela o una denuncia penal en su contra, en donde las partes deberán defender sus posiciones y quedará en manos del juez velar por el interés general. Al ejercer su derecho de la libre expresión, el concejal Ramírez está discriminando a la comunidad LGBTI, que puede apelar a su derecho a la igualdad, al desarrollo de la autonomía y la libre personalidad, a la intimidad y la igualdad, que son los principios fundamentales de la Corte Constitucional.
